La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la posible consecuencia de concentraciones multitudinarias, como la celebración del 8 de Marzo, en la expansión del coronavirus, ha retirado el delito de lesiones imprudentes imputado en un primer momento al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco según adelanta La Sexta.
La jueza ha tomado en consideración un informe de la Guardia Civil que descarta “causalidad” entre la marcha feminista del 8-M y los contagios. A unque la investigación sigue abierta, Franco enfrenta a partir de ahora un posible delito de prevaricación.
La denuncia de un particular
La jueza Rodríguez-Medel inició este proceso penal a finales de marzo, a partir de la denuncia de un particular, Víctor Valladares, donde se relataba que en la Comunidad de Madrid se permitieron 77 reuniones multitudinarias pese a la existencia de un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que instaba a evitar este tipo de concentraciones.
La responsable del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid investiga si la Delegación del Gobierno contaba con “suficientes datos para prohibir legalmente por razones sanitarias” las aglomeraciones. La oposición ha vinculado la concentración con el aumento de contagios por coronavirus en Madrid y ha pedido incluso que se elabore un estudio científico que analice su relación.
El abogado que interpuso la denuncia a nivel particular, Víctor Valladares, ha sido condenado al menos en dos ocasiones por dos juzgados de Madrid por estafar y engañar a clientes dejando sin hacer los trámites judiciales por los que le habían pagado y no devolver el dinero, según desveló la Cadena SER.
