La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha declarado a La Vanguardia que, la demora en concluir la investigación sobre el Rey emérito, así como la decisión final de archivarla, se ha hecho con rigor, profesionalidad y con la intención de llegar al fondo del asunto, sin limitaciones y ajustada a la Ley.

Ciertamente, el final de esas pesquisas ha desalentado a muchos que no consiguen entender lo ocurrido. Ciertamente, tanta demora es desalentara. Que la prescripción de los hechos y la inviolabilidad del entonces monarca que era jefe del Estado, decidan la cuestión, puede resultar decepcionante sobre todo porque se han conocido las trapacerías realizadas, las cifras manejadas y los destinos de salvaguarda del dinero bien lejos de aquí donde en este caso no ha podido llegar la larga mano de la Hacienda española.

“Esta es la Ley. Nos puede gustar más o menos, se puede cambiar o no, pero esa no es nuestra función”, decía la fiscal general del Estado. Y no le falta la razón, porque corresponde al Parlamento la revisión de las normas que no se ajusten a la realidad actual y hace años que no está  por la tarea.

La inviolabilidad del Rey, sea cual fuere el delito que pudiera cometer, no parece adecuado ni ahora, ni tampoco cuando se aprobó la nueva Constitución española. Opino más bien que ese planteamiento se redactó en función de las actuaciones institucionales del Rey, y no referido a sus asuntos personales.

En ese sentido, Dolores Delgado puntualizaba en el diario barcelonés que “si el día de mañana los representantes de la soberanía popular se ponen de acuerdo, porque estamos en otros tiempos, en otro momento, en el siglo XXI, y deciden que tengamos otro marco normativo, lo aplicaremos…”

No sometida a esta norma sino a su propia legislación, la justicia británica ha decidido que Juan Carlos I no goza de inmunidad. Está de por medio la denuncia de Corinna Larsen y su demanda por acoso contra su examante real, con un fondo de 65 millones de euros que Juan Carlos regaló a Corinna. Está claro que los jueces de Reino Unido no se ven sujetos a los obstáculos constitucionales de nuestra legislación. Y además carecen de “cortapisas emocionales” para enjuiciar la conducta del antiguo jefe de Estado.

Años atrás, se solía hablar con benevolencia, incluso con halagos, sobre Juan Carlos I, sus hazañas deportivas, sus buenas amistades que incluían a De Prado y Colón de Carvajal, que fue también su asesor privado en algunos temas económicos y que resultó condenado por un par de asuntillos empresariales; o la admirada campechanía de su majestad que incluía su afición a las señoritas. La inviolabilidad del emérito ha ido más allá de la norma que menciona Dolores Delgado porque no sólo se ha sustentado en lo que dice la Carta Magna sino en el silencio y el dejar hacer de políticos y determinaos periodistas durante mucho tiempo. Sin ese silencio las cosas hubieron sido diferentes. Veremos que resuelve el tribunal británico.