El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no cesa en su guerra contra el FBI. Tras el registro de su mansión en Mar-a-Lago (Florida, Estados Unidos), el magnate ha vertido todo tipo de acusaciones contra el Buró, los medios y la Administración de Joe Biden, agitando el fantasma de una “caza de brujas” contra él y su círculo de confianza. La última acusación parte de un presunto “robo” de los pasaportes del exmandatario durante la redada de la pasada semana.

“¡Vaya! En la redada del FBI en Mar-a-Lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto con todo lo demás”, ha escrito Donald Trump en su red social, Truth Social. El expresidente de los Estados Unidos ha insistido en que el registro supone un “asalto a un oponente político” que nunca se ha visto en el país, calificando, a su vez, la actuación del FBI de “tercermundista”.

El domingo, el magnate reclamó al Buró que le devolviese los documentos incautados durante el registro, justificando su razonamiento en base a que los agentes federales se llevaron material confidencial y que está protegido por las relaciones “abogado-cliente”.

De nuevo, en su perfil en Truth Social, Trump señala que el FBI, “famoso por el registro en Mar-a-Lago”, le incautó seis cajas de material “con el privilegio abogado-cliente”, así como material ejecutivo de otra índole. De hecho, abunda que los propios agentes “son conscientes de que no deberían haberse llevado” esta documentación.

El registro se saldó con la incautación de once lotes de documentos clasificados durante el registro de la pasada semana en la mansión de Trump en Florida, sustentada sobre una orden que daba carta blanca a los agentes para confiscar archivos presuntamente clasificados. Según la versión del propio expresidente, fue él mismo el que desclasificó los documentos sospechosos.

La publicación de la orden

Por otro lado, otro de los puntos de presión a los que recurre Trump es a la publicación de la orden. El exmandatario ha urgido a la divulgación de la orden del registro. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha opuesto a ello, alegando que supondría un “peligro” para una “investigación en curso”.

“La declaración jurada que respalda la orden de registro presenta un conjunto muy diferente de consideraciones”, reza el escrito de Justicia. “Quedan razones convincentes, incluso para proteger la integridad de una investigación policial en curso que implica la seguridad nacional y que respaldan el mantenimiento de la declaración jurada sellada”, esgrimen los fiscales generales en un expediente.

La institución ha destacado que la información sobre los testigos es “particularmente delicada”, debido al “alto perfil” de la investigación. Por ello, en Justicia temen que la revelación de identidades pueda afectar a los niveles de cooperación en las pesquisas.

El documento, firmado por el fiscal federal del sur de Florida, Juan Antonio González, y el jefe de contrainteligencia del departamento, Jay Bratt, ha agregado que el Departamento de Justicia se abriría a la publicación de otros documentos, incluyendo la orden de sellado emitida por el juez.

La semana pasada, un magistrado de Florida publicó la orden de registro y el listado con la documentación y el material incautado en el registro de Mar-a-Lago. Todo ello, después de una petición del propio Departamento de Justicia a la que el expresidente no se opuso. No obstante, la declaración jurada subyacente expondría la información más extensa utilizada para justificar la acción, posiblemente con la inclusión de fuentes utilizadas por los federales y los detalles sobre los archivos clasificados, según desvela la agencia Bloomberg.