Todas las miradas están puestas desde hace días en Israel, pero han sido las últimas horas las que han posicionado la situación del país en el foco internacional. La propuesta de la reforma judicial del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han derivado en multitudinarias y violentas manifestaciones en las principales ciudades del país, además de una profunda crisis en el seno del Gobierno.

Debido a las encendidas protestas, el Ejecutivo de coalición, compuesto por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, podría verse abocado a un colapso si la situación prosigue en el estado actual de tensiones del país.

El ministro de Defensa, destituido

Uno de los movimientos de Netanyahu en las últimas horas ha sido destituir a Yoav Gallant, hasta ahora titular de Defensa, debido a que este domingo reclamó la suspensión de la controvertida reforma señalando, a la par, que la crisis política que se ha derivado de esta es “una oportunidad” para que los enemigos entren a “atacar” el país.

“Según informes de Inteligencia, se ha identificado claramente que la situación es una oportunidad para atacar a Israel. […] Las grietas en la sociedad israelí pueden dar una gran oportunidad a los enemigos”, afirmó durante su comparecencia en el Consejo de Exteriores y Seguridad, tal y como recogió posteriormente la cadena Channel 12.

Una decisión que no ha tardado en tener consecuencias en las calles, ya que más de 600.000 personas tomaron las principales ciudades de Israel para clamar contra la destitución de Gallant. Estas movilizaciones se produjeron este domingo en distintos puntos del país, tales como Kiryat Shmona, en el norte, hasta Eliat, en el Sur, con especial repercusión en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa o Beersheva.

Debido a la delicada situación, y según varios medios israelíes, el partido de Netanyahu, Likud, estaría pensando en “pausar” la tramitación de la reforma. Sin embargo, y en palabras del ex primer ministro Ehud Barak, frenarla “no parará las protestas” porque el país ya se encuentra en “el punto de no retorno”.

El presidente de Israel insta a Netanyahu a paralizar la reforma

Este lunes, y habiendo tomado conciencia de las manifestaciones del domingo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha instado al Gobierno central a que paralice la legislación de la reforma judicial. “Por el buen de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato”, ha señalado a través de su cuenta de Twitter.

Dirigiéndose tanto a la oposición como a la coalición en el Parlamento, el presidente urge a que la clase política “ponga a los ciudadanos por encima de todo y actúen con responsabilidad y valentía sin más demora” para poner punto y final a la crisis estatal.

"Profunda preocupación rodea a toda la nación. La seguridad, la economía, la sociedad, todos están amenazados. Los ojos de todo el pueblo de Israel están puestos en vosotros. Los ojos de todo el pueblo judío están puestos en vosotros. Los ojos del mundo entero están puestos en vosotros", ha proseguido Herzog.

La ‘cláusula de invalidación’, el principal punto polémico de la reforma judicial

Y es que cabe medir con lupa en qué consiste la propuesta de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Netanyahu y que tanta alarma nacional y preocupación internacional ha generado en los últimos días.

Entre sus principales puntos a tener en cuenta, el texto recoge que se entregue al Parlamento un mayor control sobre el ámbito judicial, lo que ha sido denunciado como un intento de la coalición de aprovechar su dominio sobre la Knesset -el Parlamento israelí- para afectar al sistema. Es de este modo como el Instituto para la Democracia expone que su objetivo es explícitamente "debilitar la capacidad del aparato judicial de supervisar la acción de las ramas ejecutiva y legislativa", lo que podría poner en peligro el sistema democrático y las libertades civiles en el país.

La polémica reside únicamente en una cláusula, conocida como 'cláusula de invalidación', que convertiría los fallos del Tribunal Supremo sobre legislación aprobada por la Knesset en una "recomendación" que el Parlamento podría saltarse en caso de que la corte dicte que la ley es "inconstitucional".

Cabe tener en cuenta que Israel no cuenta con una Constitución formal y tiene una batería de Leyes Básicas que regulan la separación de poderes y que el Tribunal Supremo utiliza como punto de partida a la hora de determinar si las leyes aprobadas por el Parlamento se ajustan o no a este marco legal.

En la actualidad, el Supremo puede declarar que una ley es "inconstitucional" e impedir su entrada en vigor, aunque la propuesta de reforma quita esta autoridad al tribunal y permite a la Knesset --y por lo tanto al partido o coalición que cuente con la mayoría de escaños—pueda evadir este obstáculo.

Este punto ha sufrido diversos cambios desde el inicio de la propuesta y ha llegado a contemplar que esta cláusula permita mantener la ley en su redacción original, obviando por completo el pronunciamiento del Supremo, en caso de que una mayoría simple de 61 de los 120 parlamentarios voten a favor de mantenerla en pie.

Las críticas en torno a la 'cláusula de invalidación' giran en torno a que supondría eliminar el control del Poder Judicial sobre el Ejecutivo --salido de las urnas-- y el Legislativo --donde se refleja el resultado electoral--, lo que implicaría el fin de los sistemas de control y la separación de poderes en Israel.