Cuando la Unión Europea creó Frontex en 2004, la agencia encargada de coordinar el control de las fronteras exteriores contaba con un presupuesto de apenas seis millones de euros. Dos décadas después, la realidad es radicalmente distinta. La agencia europea gestiona cada año cerca de 1.000 millones de euros, dispone de un cuerpo permanente de miles de agentes y participa en operaciones que abarcan desde el Mediterráneo hasta los Balcanes occidentales y las fronteras orientales con Rusia y Bielorrusia.
El crecimiento de Frontex es solo una parte de un fenómeno mucho más amplio. Desde la crisis migratoria de 2015, la política europea de control de fronteras ha movilizado miles de millones de euros en contratos públicos destinados a tecnología, infraestructuras, vigilancia aérea, sistemas biométricos y cooperación con terceros países. Ese incremento del gasto ha favorecido la consolidación de un mercado en el que participan algunas de las mayores empresas de defensa y tecnología del continente.
Los datos reflejan una tendencia sostenida. El Marco Financiero Plurianual 2021-2027 reservó cerca de 6.200 millones de euros para el Fondo de Gestión Integrada de las Fronteras (IBMF), mientras Frontex dispone para ese mismo periodo de una dotación acumulada superior a los 5.000 millones. A estas partidas se añaden los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), dotado con casi 10.000 millones de euros, además de programas específicos de vigilancia marítima, digitalización y cooperación exterior.
No todo ese dinero termina en empresas privadas, pero una parte creciente sí lo hace mediante licitaciones para suministrar equipos, desarrollar plataformas digitales o prestar servicios especializados.
Los grandes beneficiados
La gestión de las fronteras europeas ya no depende únicamente de policías y guardias fronterizos. Detrás existe una compleja red empresarial formada por fabricantes de armamento, compañías aeroespaciales, desarrolladores de software, consultoras tecnológicas y empresas especializadas en inteligencia artificial.
Entre los actores más relevantes aparecen grupos como Airbus, Leonardo, Thales, Safran o Indra, presentes en numerosos proyectos europeos relacionados con vigilancia terrestre, radares, comunicaciones seguras, sensores, integración de datos y control marítimo.
La española Indra se ha convertido en uno de los principales proveedores tecnológicos de administraciones europeas en materia de vigilancia fronteriza. La compañía participa en proyectos de vigilancia costera, sistemas de mando y control, plataformas de intercambio de información y tecnologías de detección utilizadas tanto por administraciones nacionales como por organismos europeos.
Airbus, por su parte, suministra aviones de vigilancia y participa en programas de observación mediante satélites, mientras Leonardo y Thales desarrollan sensores, radares y sistemas electrónicos empleados en operaciones de control marítimo.
El mercado también incorpora empresas menos conocidas para el gran público pero con una presencia creciente en contratos europeos, especialmente en ámbitos como la biometría, el reconocimiento facial, el análisis automatizado de imágenes o la inteligencia artificial aplicada a la seguridad.
La tecnología cambia el modelo de vigilancia
El refuerzo de las fronteras ya no consiste únicamente en levantar vallas o desplegar más efectivos sobre el terreno. La inversión pública se dirige cada vez más hacia herramientas digitales capaces de anticipar movimientos migratorios y centralizar enormes volúmenes de información.
Uno de los proyectos más ambiciosos es el Sistema de Entradas y Salidas (EES), que sustituirá el sellado manual de pasaportes por un registro automatizado con datos biométricos de millones de viajeros extracomunitarios. Junto a él se implantará el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), concebido para controlar previamente la entrada de ciudadanos de países exentos de visado.
Ambos sistemas dependen de eu-LISA, la agencia europea encargada de gestionar las grandes bases de datos comunitarias. Su desarrollo ha requerido importantes contratos tecnológicos para integrar información procedente de policías, servicios de inmigración, consulados y autoridades fronterizas.
Paralelamente, Frontex utiliza cada vez con mayor frecuencia imágenes por satélite, aeronaves no tripuladas y sensores de largo alcance para monitorizar el Mediterráneo y otras rutas migratorias.
La Comisión Europea sostiene que estas herramientas permiten mejorar la capacidad operativa y combatir las redes de tráfico de personas. Sin embargo, organizaciones especializadas en derechos digitales y protección de datos reclaman mayores garantías sobre el uso de algoritmos y sistemas automatizados para tomar decisiones que afectan a personas migrantes.
La frontera empieza mucho antes de llegar a Europa
Otra parte sustancial del presupuesto europeo se destina a impedir que los movimientos migratorios alcancen territorio comunitario.
Durante los últimos años, Bruselas ha firmado acuerdos con Turquía, Túnez, Egipto, Mauritania o Libia para financiar el refuerzo de sus capacidades de vigilancia, formar a cuerpos policiales, proporcionar equipamiento y mejorar el control marítimo.
La estrategia persigue desplazar el control migratorio fuera de las fronteras europeas, un modelo conocido como externalización que ha ganado peso desde 2016.
Solo el acuerdo con Turquía movilizó inicialmente 6.000 millones de euros para atender a la población refugiada y reforzar la gestión migratoria. Más recientemente, la UE ha comprometido nuevos paquetes financieros con países del norte de África y del Sahel en un intento por contener las salidas hacia el Mediterráneo.
Estos acuerdos generan igualmente actividad económica para empresas encargadas de suministrar vehículos, sistemas de vigilancia, equipos de comunicaciones y servicios logísticos.
Un negocio también al otro lado del Atlántico
Estados Unidos representa el mayor mercado mundial vinculado al control migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional adjudica cada año contratos multimillonarios relacionados con la vigilancia de la frontera con México, la construcción y mantenimiento de infraestructuras y la gestión de centros de detención.
Empresas como Palantir desarrollan plataformas para analizar grandes volúmenes de datos migratorios; Anduril suministra torres de vigilancia equipadas con inteligencia artificial capaces de detectar movimientos de forma autónoma; y compañías como GEO Group o CoreCivic gestionan centros de detención para inmigrantes en virtud de contratos con la Administración federal.
El modelo estadounidense incorpora un nivel de externalización superior al europeo, especialmente en la gestión de instalaciones y determinados servicios de seguridad.
Por últtimo, este crecimiento del negocio de las fronteras también ha incrementado la vigilancia sobre las instituciones encargadas de adjudicar estos contratos.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha reclamado en distintas ocasiones mejoras en la planificación y evaluación de algunas actuaciones financiadas con fondos comunitarios, mientras la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investigó la actuación de Frontex por cuestiones relacionadas con gobernanza y respeto de los derechos fundamentales.
A ello se suma la labor de organizaciones como Statewatch, el Transnational Institute o Corporate Europe Observatory, que desde hace años analizan la relación entre las instituciones europeas y la industria de la seguridad, así como la influencia que determinados grupos empresariales ejercen en el diseño de políticas públicas.
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