Al filo del último fin de semana, Stuart Robert, ex ministro de la coalición conservadora, admitió falsos testimonios del anterior gobierno de Scott Morrison sobre uno de los casos más polémicos de la reciente historia australiana. Una saga y un escándalo que afectó a cientos de miles de australianos adscritos a las prestaciones sociales y que sufrieron un auténtico calvario después de recibir cartas según las cuales tenían que pagar cuantiosas deudas al gobierno de turno. Además, según las fuentes de información, la conmoción y depresiones que afectaron a muchos ciudadanos dio origen a serias enfermedades y suicidios de personas necesitadas sin medios económicos para subsistir.
Stuart Robert explicando su cometido en la Royal Commision, institución gubernamental encargada de la investigación, declaró que tuvo muchos recelos sobre el plan establecido por el anterior Ejecutivo liderado por Scott Morrison, imponiendo deudas a miles de personas.
Sin embargo, el exministro admitió cometer errores y sobre todo falsos testimonios para no estar en desacuerdo con el resto de los ministros del gabinete ministerial. En otra de sus intervenciones, respondiendo a las preguntas de Catherine Holmes, presidenta de la Comisión investigadora, explicó que se sintió responsable de la trama. Finalmente, en el curso del interrogatorio dijo que tuvo el valor suficiente para ir al despacho de Morrison y decirle, cara a cara, que "había que dar por terminado el plan urdido por el gobierno"
Cuál es el significado de "Robo-debt"
Esencialmente, es un término utilizado al azar sobre un plan establecido por los gobiernos para imponer deudas a miembros de la comunidad mayormente necesitadas que recibían pagos de asistencia social a través del organismo nacional de Centrelink.
El Plan gubernamental comenzó en 2015 bajo el mandato del ex primer ministro de la coalición conservadora, Tonny Abbot, y en sus comienzos se enviaron cartas a miles de personas que recibían pagos por concepto de asistencia social. Las cartas proponían que estaban endeudados con el gobierno y por lo tanto estaban obligados a pagar las deudas a la Administración gubernamental.Así las cosas, durante casi cuatro años, hasta el 2019, siguieron recibiendo misivas obligándoles a pagar deudas de miles de dólares.
Fue por aquel entonces cuando la empresa Gordon Legal services, un organismo jurídico que se dedica a pleitear en base a una demanda colectiva de cientos o miles de personas, echó un pulso al gobierno de turno en los tribunales de justicia y ganó el pleito a favor de miles de personas endeudadas. Según las fuentes de información del grupo periodístico 9NEWS, la decisión de la judicatura obligó al ex gobierno de Scott Morrison a pagar indemnizaciones por valor de 1800 millones de dólares a los miles de personas implicadas en el pleito.
Cuántos australianos sufrieron el Robo-debt
Según las fuentes de información alrededor de 400.000 australianos sufrieron el plan gubernamental que les obligó a pagar las deudas. Por otro lado, los fuentes de información aluden que la ignorancia de los distintos gobiernos junto a los estamentos burocráticos de administraciones públicas causó enormes problemas a muchos ciudadanos implicados que sufrieron destreza, traumas, depresiones e incluso víctimas mortales.
Las fuentes subrayan que alrededor de 2.000 personas murieron entre julio del 2016 y octubre del 2018. Además, 663 sufrieron depresiones, enfermedades mentales, consumo de drogas o violencia doméstica.
Sin embargo, de acuerdo al organismo Sydney Criminal lawyers la mayoría que recibieron las cartas no fueron personas que recibían concesiones asistenciales a través de Centrelink, sino ciudadanos australianos que, erróneamente, estuvieron en el punto de mira de la burocracia administrativa.
Ex primeros ministros responden a la Comisión
El ex primer ministro Scott Morrison, líder de la Coalición conservadora, fue el primero en responder a los miembros de la Comisión. Poco después de comenzar la sesión, la presidenta Catherine Holmes interrumpió a Morrison, diciéndole que no estaba respondiendo a las preguntas que le hacían. Y por segunda vez le reprendieron diciendo que no estaba contestando al interrogatorio. Finalmente, subrayó que los empleados públicos tenían el deber y la obligación de entregarle la información para estar al corriente de la situación, dando a entender que no cumplieron con su labor.
Por su parte, Malcolm Turnbull, ex primer ministro de la Coalición conservadora entre los años 2015 al 2018, dijo hoy a la Comisión investigadora que "estaba preocupado sobre el asunto del "rob-debt" Pero, sin embargo, ha puesto de relieve que estaba conforme con las decisiones del sistema adoptado, dado que desde el punto legal estaba totalmente en regla.
Las redes sociales y la prensa critican al ministro
Peter Phillip, del distrito de Toorak de Melbourne, subraya en el periódico The Age que Stuart Robert, ex ministro del ex gobierno de Morrison, tendría que haber dimitido tras conocerse las tramas del ex gobierno Scott Morrison para penalizar a los ciudadanos más vulnerables de la sociedad.
Por otro lado, David Conolly, que viven en el distrito de Brighton de Melbourne, sostiene en su carta al editor del periódico que el ex ministro Stuart Robert dio el visto bueno al sistema del robo-debt en su capacidad de ministro del gabinete y, por lo tanto, según dijo, él mismo, tenía que solidarizarse con el resto de los ministros. Lo cual, agrega el escritor de la misiva, implica que si quieren preservar la cartera ministerial estás obligado a condescender con los demás.
