El Ministerio de Justicia pondrá a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), del Gobierno de Ucrania y de la Unión Europea un grupo formado por 29 expertos españoles en labores forenses y en investigación criminal, así como a diez especialistas en autopsias para valorar los crímenes de guerra perpetrados presuntamente por Rusia.

La ministra Pilar Llop, mediante una nota informativa del Ministerio de Justicia, mostró su “orgullo” de que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania “hayan depositado su confianza en estos profesionales españoles".

Desde la cartera Justicia han detallado que se formará un equipo multidisciplinar de forenses y otros profesionales que colaboran con la Fiscalía de la CPI en el trabajo de campo de Ucrania. También se pondrán a disposición de los medios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para la recepción y el análisis de las muestras recogidas, así como otros recursos de ámbito nacional.

Con estas medidas lo que se pretende es que el Gobierno de España atienda a las peticiones de colaboración que se realizaron el pasado mes de marzo por parte de la Fiscalía de la CPI, para llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de crímenes internacionales que se han producido en territorio ucraniano.

Lo que se solicitaba era el envío de Expertos Nacionales Destacados que pudieran realizar tareas de recogida, análisis y tratamiento de pruebas, así como entrevistas a las víctimas, testigos y labores de investigación criminal sobre la comisión de delitos de violencia de género, sexuales y contra los menores.

De la misma manera, el comisario de Justicia de la Unión Europea se ha puesto en contacto hace unos días con los ministros de Justicia de los Estados miembros para comunicarles la intención de la Comisión Europea de colaborar con la CPI y el Gobierno ucraniano cuando se produzca la investigación de estos posibles crímenes y de la solicitud concreta de las autoridades ucranianas de personal forense y los expertos en investigación criminal.

La primera fase       

Desde el Ministerio se ha informado que habrá una primera fase y se pondrá a disposición de la CPI un total de 39 expertos forenses, organizados en diferentes equipos. De ellos, 29 estarán formados por médicos forenses, mientras que los 10 restantes serán oficiales de actividades forenses.  Del mismo modo que, se dispondrán diferentes forenses y facultativos en el seno del INTCF, que se encargarán de la recepción y análisis de muestras y vestigios que les vayan llegando.

La ministra aseguró que todos ellos son profesionales de gran cualificación y ha resaltado "su reconocimiento y valoración de su prestigio internacional", al igual que "la rápida respuesta de los profesionales del INTCF en el apoyo a estas investigaciones".

En relación con la información facilitada por Justicia, estos profesionales pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Cáceres, de Cantabria, de La Rioja, de Madrid, de Valencia, de Baleares, de Huelva, de Valladolid, de Salamanca, de Badajoz, de Granada, de Alicante, de Galicia, de Murcia y de Cataluña. Se prevé que en los próximos días se sumen más facultativos de los IMLCF de otras provincias.

El Ministerio ha explicado que tanto el número de expertos como los institutos que se han visto implicados podrían ampliarse, ya que se tendrán en cuenta las diferentes necesidades que se vayan identificando durante los trabajos.

La participación de Justicia se concretará a través de una Autoridad Única de Coordinación Jurídico Forense, dirigida por la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y por la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, con participación del director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.