Grandes noticias para el Ejecutivo de Macron, tras numerosas disputas en el seno del parlamento francés y sonadas protestas que han incendiado las calles de las ciudades de Francia, el Consejo Constitucional del país galo ha respaldado la tarde de este viernes los principales pilares de la reforma de pensiones del Gobierno, entre ellos, el más polémico, el retraso de la edad de jubilación hasta los 64 años. El alto organismo francés también ha rechazo la iniciativa de la oposición de forzar un referéndum popular para dirimir el polémico asunto.

Así, la institución garante de la constitución del país ha revalidado uno de los proyectos estrella del actual presidente, Emmanuel Macron, quién siempre se ha mostrado contrario a modificar los aspectos más controvertidos del texto. El presidente ha alegado en numerosas ocasiones que dicha reforma es “necesaria” y que acerca a Francia al marco regulador del resto de países europeos.

Una resolución, la del Constitucional francés, que llega apenas 24 horas después de que Francia viviera su duodécima jornada de protestas, huelgas y movilizaciones en contra de la reforma, en la que miles de personas volvieron a tomar las calles de las principales ciudades galas. Unas protestas que se llevan sucediendo desde enero. No obstante, y a pesar de la resolución, los sindicatos ya han advertido de que seguirán en las calles si no hay cambios en algunos de los pilares de la ley, especialmente el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años.

El Gobierno de Macron ha convocado a los sindicatos el próximo martes que se mantiene a pesar de la decisión adoptada por el Consejo Constitucional. De hecho, ya ha habido un primer encuentro con la primera ministra, Elisabeth Borne, que concluyó sin avances.

Los puntos más polémicos de la reforma del texto

El primer punto y el más conocido fuera del país es el incremento de la edad legal de jubilación, de los 62 a los 64 años, un aspecto delicado para los trabajadores. Fue en 2010 la última vez que se aumentó la edad de jubilación de los franceses, cuando el presidente conservador, Nicolas Sarkozy, aprobó que subiera de los 60 a los 62. Este es el modelo que la reforma española, aprobada recientemente, rechaza al centrarse en incrementar los costes laborales para las empresas y no para los trabajadores, teniendo como pilar estratégico generar más ingresos y alimentar la hucha de las pensiones.

Tan solo un 28% de los franceses coinciden con la política aprobada a través del artículo 49.3 -instrumento que permite sacar adelante cualquier norma sin contar con apoyos parlamentarios ni ser necesaria su votación- que le costó dos mociones de censura al líder galo.

Además, la reforma impuesta por Macron exige más años trabajando, en concreto son necesarios al menos 43 años cotizados para llegar a cobrar la pensión plena. Como con la edad de jubilación, Macron ha decidido subir la apuesta de sus antecesores pues, mientras que la anterior reforma proponía que se necesitaran 43 años cotizados en vez de 41 pero que se fuese exigiendo de manera progresiva hasta 2035, el actual presidente ha decidido acortar la aplicación hasta solo dentro de cuatro años, siendo en 2027 cuando los franceses necesitarán ya haber cotizado durante 43 años.

El gran argumento del Ejecutivo de Macron para haber realizado esta reforma es la necesidad de equilibrar en 2030 las cuentas del sistema público de pensiones sin tener que disminuirlas o sin tener que aumentar las cotizaciones o los impuestos, la opción por la que ha apostado el Ejecutivo español. Cabe señalar que Francia se sitúa como el tercer país de la OCDE que más gasta en pensiones, un 14,5% de su PIB.

Protestas continuadas

Las movilizaciones se han ido sucediendo desde que se anunciara la medida. Un clima de tensión que se respira en las principales ciudades francesas que los cuerpos policiales galos tratan de apaciguar con escaso éxito.

Multitud de manifestantes han denunciado además los diversos abusos de poder, la extralimitación de las funciones y el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad, unas denuncias que se fundamentan en el material audiovisual grabado y que han denunciado a través de redes sociales desde que iniciaran las protestas.

Unas protestas que prosiguen y que han puesto en contra de Macron no solo a la oposición liderada por Jean-Luc Mélenchon, que apoya de forma activa las movilizaciones, si no también a miembros de su propio partido político. A pesar de la consideración del Consejo Constitucional francés la ola de protestas que incendia las calles del país está lejos de terminar.