El activista Sergio Toribio, uno de los integrantes de la Flotilla de la Libertad, ha dado un paso más en su denuncia de lo ocurrido el pasado 9 de junio. Este jueves, Toribio ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y contra el titular de Exteriores, Israel Katz, así como contra otros responsables israelíes. El motivo: la interceptación en aguas internacionales del velero Madleen, la incautación de la embarcación y la detención y posterior deportación de sus tripulantes, entre quienes se encontraba él mismo y la conocida activista sueca Greta Thunberg.
El escrito, en el que se ha personado como acusación popular el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, sostiene que la operación fue contraria al Derecho Internacional y violó derechos fundamentales de los activistas. Según la denuncia, que ha podido adelantar el diario digital 20minutos, la acción de las autoridades israelíes debe ser investigada por los tribunales españoles al amparo del principio de jurisdicción universal.
A las puertas del Tribunal Supremo, Toribio ha relatado ante los medios el episodio vivido a bordo del Madleen. Según ha explicado, la Marina israelí interceptó el velero con un despliegue desproporcionado. “Nos secuestraron literalmente con una unidad de combate especial, la Shayetet 13 ―la unidad de élite de la Marina de Israel― había varios barcos de guerra”, detalló el activista. Toribio insistió en que el itinerario de la embarcación estaba claro desde el inicio: no tenían previsto atracar en ningún puerto israelí. Sin embargo, fueron retenidos durante “unas 25 horas”, tiempo en el que, afirmó, “nos pusieron en manos de las autoridades sin que hubiéramos cometido ningún delito”.
En su intervención ante la prensa, Toribio subrayó que, aunque el abordaje no fue violento en el sentido físico, sí resultó claramente intimidatorio. “Más de doce soldados armados, con armas automáticas, pistolas, cuchillos... No creo que les hiciera falta intimidar mucho más de lo que ya intimida el hecho en sí”, explicó el activista, que recordó que a bordo del velero viajaban apenas una docena de personas. La querella describe que los soldados israelíes emplearon drones, gases lacrimógenos y medios coactivos físicos para llevar a cabo la detención.
Para Toribio, lo sucedido no puede calificarse de otra forma que de “asalto”. En su opinión, “lo mínimo era ponerlo en manos de las autoridades como ciudadano español y europeo, como la mayoría que íbamos a bordo”.
La denuncia se basa en el principio de jurisdicción universal recogido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a los tribunales españoles intervenir en delitos internacionales cuando, como en este caso, la víctima tiene nacionalidad española.
En la querella figuran otros nombres señalados además de Netanyahu y Katz. Entre ellos, David Saar, comandante de la Armada israelí; altos mandos de la unidad Shayetet 13; y Daniel Hagari, actual portavoz y excomandante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según el relato incluido en el documento, el Madleen, que navegaba bajo bandera británica y realizaba una travesía entre Catania y Gaza, fue interceptado “de forma violenta, sin previo aviso y en ausencia de hostilidad por parte de la tripulación”.
Toribio denuncia que todos los activistas fueron trasladados por la fuerza a Tel Aviv, permanecieron incomunicados durante horas y fueron deportados “sin asistencia ni procedimiento judicial”. El texto recoge, además, que durante la detención fueron privados de libertad y se les intentó someter a un “adoctrinamiento forzoso”. Según la querella, se les llegó a amenazar con obligarles a visionar imágenes de los atentados del 7 de octubre cometidos por Hamas.
El abogado y eurodiputado Jaume Asens, que representa a Toribio, considera que lo ocurrido debe ser competencia de la Audiencia Nacional. A su juicio, los hechos constituyen delitos como detención ilegal, trato degradante e incomunicación forzosa sin garantías judiciales. “Durante la intervención se produjeron varios delitos... y en nuestra opinión estos delitos son competencia de la Audiencia Nacional, porque no hay garantías de que se haga una investigación efectiva en Israel”, indicó Asens, que añadió: “Por eso actuamos desde España”.
Asens subrayó que la Corte Penal Internacional sería otro foro válido para investigar lo sucedido. Sin embargo, matizó que este tribunal “ha pedido ayuda a los estados para activar este principio de jurisdicción universal, ya que ha comunicado en diversas ocasiones que tienen dificultades operativas para llevar a cabo tantas investigaciones”. En este sentido, el abogado anunció que solicitarán una batería de diligencias para avanzar en el proceso. “Pedimos una serie de diligencias, entre ellas escuchar a las víctimas de los hechos, como testigos”, precisó.
Por parte del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que se ha sumado como acusación popular, su portavoz Sergio González lamentó que la Fiscalía no haya dado ya un paso adelante: “La Fiscalía debería haber intervenido, ya que hay un español que ha sido víctima de estas acciones, y de nuevo es la sociedad civil la que tiene que reclamar justicia”. González añadió que la situación de Palestina seguirá generando violencia mientras no se atienda el derecho a la autodeterminación de su pueblo: “Hasta que no haya una autodeterminación del pueblo palestino, habrá continuas violencias, y la sociedad civil lo que reclamamos es coherencia a los gobiernos”.
