En su escrito de defensa, el abogado Francisco Baena Bocanegra explica que Garzón "jamás" utilizó el contenido de estas grabaciones, y que, incluso, "fueron advertidas desde el primer momento por información facilitada por un funcionario a uno de los abogados", según EFE.

La querella fue presentada en 2009
La querella contra Garzón por las grabaciones fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri. Posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que aun se encuentran en prisión.

Las razones del Supremo
En abril, el magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro ordenó la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón, que llevó a su suspensión cautelar en la Audiencia Nacional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Barreiro apuntó un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

La suspensión por investigar los crímenes franquistas
Garzón, actualmente asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que trabajará como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia, fue suspendido el año pasado de sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional tras la apertura de juicio dictada por el TS por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

La complicidad de los abogados de la Gürtel
La defensa de Garzón argumenta que la solidez de los indicios, de que algunos abogados aparecían interviniendo en operaciones de blanqueo de dinero "hacía de todo punto evidente que los imputados en prisión preventiva continuaran su actividad delictiva para la consecución de nuevos blanqueos".

Las grabaciones no fueron impugnadas por el fiscal
El abogado de Garzón recuerda que las grabaciones no fueron impugnadas por el fiscal, que la entendió "ajustada a Derecho". También recuerda que cuando el "caso Gürtel" pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la Brigada de Blanqueo de Capitales solicitó al instructor, Antonio Pedreira, la prórroga de la intervención de las conversaciones y éste accedió.

Pide las declaraciones de Pedreita y Peláez, como pruebas
El letrado pide como pruebas para el juicio la declaración del abogado Ignacio Peláez, defensor de José Luis Ulibarri, y del magistrado Antonio Pedreira, además de la de varios policías.