El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha comentado este miércoles, en relación al procesamiento de la diputada autonómica  Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, por una falta de lesiones después de que supuestamente lesionara a una mujer con la que discutió en un albergue de animales, que "una galleta no creo que sea motivo" para no estar en las listas electorales.

Línea roja olvidada
Fabra se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los medios por el caso de Elisa Díaz, en el marco de unas declaraciones sobre la línea roja marcada por el propio presidente para excluir de las listas electorales a personas imputadas en casos de corrupción. En este sentido, ha señalado que "una galleta no creo que sea motivo". "Saben perfectamente lo que es la línea roja en cuanto a temas de corrupción y no es ese", ha comentado el jefe del Consell, quien ha apuntado que se trata de un "desagradable incidente que tendrá que asumir como ciudadano, no como cargo público".

Estas declaraciones las pronuncia el mismo día en que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (sustituta de Alperi, por cierto), es imputada de nuevo por favorecer al empresario del caso Brugal, Enrique Ortiz, gran amigo suyo y al que habría facilitó la venta de los terrenos donde se ubicó Ikea, entre otras cosas. Ni las escandalosas conversaciones que mantuvo con el constructor, ni los regalos recibidos, ni la acción judicial y mucho menos el código ético del PP han sido motivo suficiente para dimitir de su cargo. ¿Dónde está entonces la línea roja en su partido, señor Fabra?

Más detalles de esta clarividencia de la que presume Fabra: en el grupo popular de las Cortes Valencianas ha llegado a haber 11 imputados por corrupción, entre ellos tres imputados Gürtel que siguen en su escaño.

¿Un adosado de la Brugal?
Pero hay, señor Fabra, algo más que una galleta en el caso de Elisa Díaz. Su nombre fue vinculado al caso Brugal, en el que está imputado su padre. En el sumario ella y sus dos hermanos aparecen como los posibles receptores de tres adosados a cuenta de la trama corrupta. Además, se estrenó en el Parlamento sustituyendo a Pedro Hernández Mateo, el exalcalde popular de Torrevieja, actualmente en prisión por adjudicar irregularmente la contrata de basuras del municipio durante 10 años. Ni la movilización del PP le libró de la cárcel, una movilización que Fabra trató de maquillar.