Las exigencias de los partidos independentistas para permitir la investidura de Pedro Sánchez van formulándose al ritmo habitual de la contradicción entre ellos, entre los socios del gobierno Torra y entre estos y los dirigentes presos. Y todo esto a falta, todavía, de una declaración de Carles Puigdemont sobre el tema. Después de obtener el aval absoluto de sus militantes, ERC está lista para dejarse fotografiar con sus interlocutores del PSOE y PSC, aun sabiendo que salvo la voluntad de encontrar un punto de acuerdo, la distancia entre ambas partes es manifiesta.
La propuesta más elaborada de los republicanos ha sido formulada hasta ahora por Pere Aragonés, el coordinador nacional de ERC, vicepresidente de la Generalitat y futuro candidato a la presidencia. Las cuatro patas de la mesa de negociación deberían ser el reconocimiento (diálogo entre Govern y Gobierno), la sinceridad (que cada cual exponga sus legitimas aspiraciones), el calendario (no jugar con el tiempo y la paciencia) y las garantías de cumplimiento (someter a validación del pueblo catalán aquello que seamos capaces de pactar en esta mesa).
La novedad del texto de Aragonés radica en la diferenciación entre lo que se va a plantear en aras de la sinceridad (autodeterminación, referéndum, libertad presos) y lo que se puede llegar a pactar, “los acuerdos que se puedan cerrar en la Mesa de negociación” y éstos son los que se deberían validar en las urnas. El salto cualitativo respecto a la tradicional posición independentista que siempre finalizaba con un referéndum de independencia es evidente. Esta formulación coincide con la posición que el PSC aprobará en su próximo congreso como vía para culminar el diálogo: llegar a un acuerdo y después votarlo. Al primer secretario del PSC no le asusta demasiado el capítulo de la sinceridad, en el que todos proponen sus maximalismos. Ellos, dijo en una entrevista radiofónica, propondrán la autodeterminación y “nosotros diremos que no, y pasamos a los postres”.
El gobierno de Torra también ha hecho saber su posición: retomar Pedralbes, esperar a que haya un gobierno, poder hablar de todo en presencia de los respectivos presidentes de gobierno y designación de un relator-mediador, advirtiendo, de paso, que las “condiciones del diálogo han cambiado” tras la sentencia y la permanencia en prisión de los condenados. La portavoz, Meritxell Budó, no concretó las consecuencias de esta modificación de las circunstancias, pero su posición se asemeja a la expresada por Laura Borrás, cabeza de cartel de JxCat en el Congreso, quien señaló que antes de fijar posiciones habría que oír a los de la cárcel y el exilio y que el gobierno central debería reconocer la legitimidad de Puigdemont. La ex consellera Dolors Bassa ha declarado desde la cárcel que las negociaciones son cosa de los que están fuera.
El PSOE no ha entrado de momento en el pantano de las diversas condiciones presentadas por los diferentes portavoces independentistas, dejando claro que por el momento lo único que se puede activar es la mesa de los partidos y grupos parlamentarios, que dan por activada con el inicio de las negociaciones con ERC para la investidura. La recuperación del diálogo entre los gobiernos debe quedar para después de Navidad, según José Luis Ábalos, alejando la engorrosa discusión sobre si los encuentros entre los ejecutivos serán de igual a igual, como exigen ERC y JxCat, o una simple adecuación de los órdenes del día de la comisión bilateral entre Gobierno central y gobierno de la Generalitat establecida por el estatuto.
La incapacidad de los partidos independentistas para consensuar una posición compartida ante el diálogo ofrecido por PSOE y Unidas Podemos en su documento inicial de coalición, de momento en abstracto y con la habitual limitación constitucional, dificultará mucho la vida de la mesa de negociación, si esta llega a crearse. Desde hace mucho tiempo, ERC, JxCat y la CUP coinciden en la música pero no en la letra.
El último episodio de su escasa sintonía ha tenido por escenario el Parlament. Tras el debate de la resolución contra la sentencia del TS, aprobada pero no publicada en el diario oficial de la cámara tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, los tres grupos se plantearon la presentación de una enmienda a dicha resolución para dejar constancia del rechazo al veto del Alto Tribunal. Sin embargo, fueron incapaces de transaccionar las respectivas enmiendas en una sola. Con sus votos aprobaron las tres enmiendas presentadas, dejando claro que acatan el veto pero censuran al TC. Para no pisar terreno prohibido incorporaron en las enmiendas el texto suspendido, referido al ejercicio del derecho de autodeterminación y la reprobación de la monarquía, evitando comprometer al presidente y a la Mesa de la cámara con una nueva votación sobre estos dos extremos.
