Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, otrora máximo responsable policial, son los protagonistas de innumerables mensajes a través de WhatsApp entre 2015 y 2019 que el juez del caso Kitchen ha incorporado a la causa, según informa El País. Estas conversaciones revelan la estrategia que siguió el Ministerio de Interior para investigar, en el mayor de los casos sin contar con el ‘ok’ de la Justicia, a Podemos y al independentismo catalán para, posteriormente, incriminar a los líderes políticos con informaciones filtradas a los medios y en muchas ocasiones falsas.
Estos mensajes recién incorporados a la causa airean las maniobras de la cúpula policial en connivencia con el Ministerio de Interior para colmar de trabas las investigaciones judiciales sobre el caso Gürtel del Partido Popular. Según el citado medio, algunos de estos chats y órdenes eran presuntamente conocidos por el que fuera responsable del departamento Jorge Fernández Díaz. Anticorrupción reclama hasta 15 años de prisión y 31 de inhabilitación por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad a los tres máximos gerifaltes del Ministerio.
En octubre de 2012, Interior sentó las bases de una estrategia contra dirigentes independentistas catalanes para contrarrestar el relato iniciado con Artur Mas al frente del Govern, con la convocatoria de elecciones autonómicas en ese mismo año. La estratagema contemplaba la difusión de informaciones contra los líderes del secesionismo, que se vio reflejada en una de sus primeras acciones: un informe policial en el que se detallaban casos de corrupción de los principales jefes del independentismo, pero que no contaba con sello ni firma e incluso fue desmentido por el Ministerio.
La estrategia perduró durante años, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. El 27 de octubre de 2015, la Audiencia Nacional ordena el registro de 15 domicilios y empresas de la familia Pujol. A primera hora de la mañana, Martínez, número dos del Ministerio, escribe al director adjunto de la Policía. “Eugenio, hay que estar encima de lo de hoy para hacer mucho ruido… Mucha ‘puesta en escena de UIP, etc. Que Fiti te vaya avisando”, escribió. “Casi hemos acabado todos los registros. Queda por concluir uno cuyo auto ha tenido que ser rectificado. El resultado, considerando las limitaciones que implicaban los autos judiciales, es razonablemente satisfactorio. Creo que tendremos nuevos datos que nos permitirán avanzar en la investigación”, respondió Pino. El número dos de Interior desea que así sea, pero augura un “cabreo” del magistrado y espera que no les pille “por sorpresa”.
Unos meses después, en marzo de 2016, Pino se dirige al número dos de Interior para abordar asuntos ligados a la Fundación CatDem, de Convergència Democràtica de Catalunya, a la que registraron por orden judicial medio año antes. “Nos aparecen cuentas de Convergència en Suiza. A nombre de Fòrum Barcelona y Catdem”, relata el jefe de la policía, quien ratifica su respuesta en base a testimonios “de los suizos”. “¿Hay papeles?”, pregunta Martínez a su interlocutor, quien promete al secretario de Estado de Interior que dispondrán de ellos. “Los tendremos”, promete Pino.
La mencionada documentación llegó dos semanas después, pero no como esperaban. “Tengo la información de Catdem Fundación, pero ya no tienen cuenta en Suiza, la cancelaron en 2013, en plena investigación del 3%. El día de la cancelación tenían 625.612 euros. Me dicen que la información es absolutamente fiable, pero como me han visto reticente a aceptar estos datos sin más, me proponen alguna comprobación que tendríamos que hacer en Suiza, como la otra vez”, escribió Pino, al que la información le suena “totalmente” fiable, en respuesta a la interpelación de su interlocutor.
Hay que retrotraerse al 28 de octubre de 2014, tal y como reconocería el ex ministro Jorge Fernández Díaz en una conversación con el responsable antifraude de Cataluña, para conocer que Interior filtró una presunta cuenta millonaria de Xavier Trias en Suiza. No obstante, esa pista era falsa, a juzgar por un comunicado emitido por el banco. Aquí murieron las informaciones sobre el dinero helvético de CatDem.
Okupaciones en Barcelona
El 26 de mayo de 2016, Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, vio la oportunidad de aprovechar un desalojo en Barcelona para salpicar a Xavier Trias, alcalde de la Ciudad Condal en aquel momento. El número dos de Interior se lo comunica así al jefe policial: “Interesa mucho mover lo de los okupas… especialmente el alquiler que les pagaba a Trias cuando era alcalde. ¿Quién nos puede enviar una copia rápida sobre esto? Y sobre okupas y Colau. Le he pedido a Enrique también”. Por su parte, Pino le prometió que se encargaba de ello sin problema: “No te preocupes, ahora mismo me pongo. Ya he estado con el notario. Irá a denunciar a las 19 y le hemos ofrecido un barrido y un contacto”.
La conversación entre ambos no acaba ahí y Martínez sugiere que todo lo que puedan tener de “anarquismo es interesante”, así como de okupaciones. “Corre, que había orden de no detener. Dicen los Mossos”, avisó Pino, mientras que Martínez abogó por que “hay que decirlo”. La Fiscalía de Barcelona abrió diligencias de oficio por presunta malversación contra el entonces regidor, pero la causa fue archivada.
De nuevo, los Pujol
Un par de meses después, en julio de 2016, Eugenio Pino alerta a Martínez sobre el caso de Victoria Álvarez (Vicky), quien fuera amante de Jordi Pujol Ferrusola y confidente policial sobre el presunto blanqueo de capitales del clan del expresidente de la Generalitat. Según publica el diario El País, ésta habría cobrado supuestamente de los fondos reservados de Interior para colaborar con la policía, pero aparecieron algunos contratiempos.
“Me dice Gago que Vicky está siendo tocada por Público, Ekaizer y alguno más para que diga que fue coaccionada. De momento, solo de momento, control por su enlace. El fondo no va a ser entregado si tú no lo ordenas y alguno no puede saberlo. Ekaizer es puro CNI. Habla si quieres con él”, sugiere Pino a un Martínez que responde que “la orden de que todo sea como siempre está dada y aceptada”.
Ahí queda todo hasta pasados cinco días, cuando Pino vuelve sobre el asunto: “Boni me dice esto sobre pago a confidentes. ‘He hablado con A. Rodríguez sobre el Melly. Dice que hablará con el SES (Secretario de Estado de Seguridad) que ha debido de dar instrucciones al director en sentido de que se restrinja el gasto”. Por su parte, Martínez niega la mayor: “Es absolutamente falso. La instrucción es igual que siempre. Y la ha dado el ministro también. Y en particular la chica. Bayo debería tener esa instrucción”. Sin embargo, según el último mensaje del máximo responsable policial, “no la tiene”. La colaboración de Álvarez con la policía allanó el camino a la causa penal que procesó al clan Pujol por corrupción.
Informe PISA
En el ámbito nacional, en diciembre de 2015, Podemos obtuvo 69 escaños en las elecciones generales, situándose como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. El 12 de enero de 2016, unos días después de los comicios, diversos medios de comunicación se hicieron eco de un presunto informe denominado PISA (Pablo Iglesias S.A.) que no se le atribuye a la policía, aunque se distribuyó desde el Ministerio del Interior según los mensajes que figuran en el caso Kitchen.
El citado informe vinculaba al Gobierno de Irán con la carrera de Iglesias en términos de financiación. Manos Limpias presentó una denuncia, pero esta se archivó y la policía asumió el documento, incorporándolo en una querella ante el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, este organismo tampoco halló indicios de delito. Tan solo unas semanas después, el número dos de Fernández Díaz y Pino dialogaron sobre las nuevas informaciones procedentes de fuentes venezolanas.
“Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o El País por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando”, explica Pino en el chat con Martínez, quien asegura que “no habría ningún problema”. “Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro…”, apostilló el secretario de Estado de Seguridad.
Por su parte, Pino aseguraba que le estaban ofreciendo “la cuenta del Errejón -número dos de Podemos en aquel entonces-“, pero con la condición “hablada” de que aparezca en uno de los medios citados previamente. “Eso no será problema”, resolvió Martínez. Sin embargo, dos días después, el jefe de la policía trasladaba al número dos de Fernández Díaz que “las pruebas realizadas en el lugar -Prisa-, han dado resultado negativo (sic)”.
En aquel momento, El País publicó que la Asamblea de Venezuela inició la investigación de la presunta financiación ilegal de Hugo Chávez a Podemos con 7.168.000 euros mediante la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. Por su parte, ABC abundó en que el entonces número dos de Iglesias “firmó el cobro de 401.800 euros de Venezuela para asesorías de CEPS en 2014”. Estas informaciones motivaron a Iglesias para denunciar una persecución, lo que forzó a Martínez y Pino a acordar una estrategia.
“Esto me manda Gago: ‘Nosotros estamos investigando la denuncia de que estas personas percibieron unos ingresos que constituyen incrementos patrimoniales por presuntos rendimientos del trabajo (porque el exministro de Economía Isea dijo que no sabía si existían los informes por los que se pagaba, que más bien era por discriminación de propaganda política) que no han sido declarados. Eso es delictivo y lo investigado. Y lo que ningún juez puede negarse a investigar para no cometer prevaricación. Eso es lo que alguien debería decir que se investiga a unas personas por no formar parte de un partido político sino por tributar por lo que no han percibido”, escribió Pino a Martínez.
El número dos de Interior replicó que estaba conforme con el mensaje rebotado y apuntaba a Eduardo Inda, director de OKdiario, medio que publicó más informaciones en este sentido: “Estoy de acuerdo en todo pero debemos dejar que hablen y hablen… Porque acabarán metiendo la pata. Y el argumento de la tributación es bueno para Inda, etc”. La mayoría de estas noticias sobre financiación ilegal de Podemos vía Venezuela fueron desmentidas y los cobros de CEPS se dieron bajo el paraguas de la ley.
