Severo correctivo a Vox en los tribunales. El Supremo ha tumbado la denuncia que la ultraderecha presentó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y líderes independentistas por las negociaciones que desembocaron en la investidura del líder socialista, entre las que incluyen alusiones a la ley de amnistía. El Alto Tribunal ha emitido una resolución, según publica eldiario.es, en la que recuerdan a los dirigentes del partido encabezado por Santiago Abascal que no pueden “interferir” en la elección del jefe del Ejecutivo. “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”, precisan los magistrados.
Este dictamen corresponde a una de las múltiples denuncias que los ultraderechistas presentaron contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, otros miembros del gabinete y los aliados parlamentarios, con el objetivo de frenar la investidura del entonces candidato socialista como presidente del Gobierno. La querella de Vox pretendía imputar delitos de conspiración para la rebelión, cohecho y malversación, y prevaricación tanto a Pedro Sánchez como a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; además de a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegi y otros miembros de la mesa de diálogo con Cataluña. A todos ellos les imputaba “la subversión del orden constitucional” y “asegurar la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España”.
Varapalo a Vox
La Sala, encabezada por Manuel Marchena, inadmitió la denuncia, según eldiario.es, al no advertir indicios de delito en las negociaciones con las formaciones independentistas. Vox, pese al portazo inicial, rearmó sus argumentos con un recurso que, ahora, ha sido rechazado de nuevo. Los ultras reclamaban al Alto Tribunal que los hechos le daban la razón, amparándose en que, en este momento, la investidura se llevó a cabo y lo que ante eran “meras conjeturas”, ahora constituye hasta cuatro delitos distintos.
Al menos esa es la visión que tienen en el seno de la formación de extrema derecha, que no comparten en el Tribunal Supremo. Los magistrados afean a Vox en el escrito que incluyan hechos políticos a sus denuncias para que robustecerlas y que acaben prosperando; independientemente de que la denuncia que aseguran haber ampliado fue inadmitida en firme meses atrás. Sin embargo, la jueza Carmen Lamela, una de las ponentes del auto, profundiza aún más en sus razones y justifica que las negociaciones entre partidos, enmarcadas en un contexto de investidura, no pueden ser objeto de estudio y ni mucho menos de carácter punitivo. “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta sala no puede interferir”, sostiene en el escrito.
En lo relativo a las cuestiones vinculadas a la ley de amnistía, los magistrados sugieren que el estudio del caso competerá, en tal supuesto, al Tribunal Constitucional y no al Supremo. “Correspondiendo al Tribunal Constitucional y no a este determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con ordenamiento constitucional”, destacan en el auto, donde redundan que el archivo de las actuaciones “era más que procedente”.
Fracaso estratégico
En la formación ultraderechista tenían sus esperanzas volcadas a la carta de la judicatura, pero con un escaso éxito. Vox engrasó la maquinaria contra la investidura de Pedro Sánchez abriendo diversos frentes: el Congreso de los Diputados, con su voto en contra; en la calle, con las manifestaciones en Ferraz en connivencia con colectivos de extrema derecha y neonazis; y en los tribunales. Tres ases en la manga para detener la coronación del presidente del Gobierno. Sin embargo, todas ellas cayeron en saco roto, con un primer golpe a su línea de flotación por parte del Alto Tribunal, que no cedió a las presiones de los de Santiago Abascal para paralizar de manera cautelarísima los debates de investidura.
En el ámbito jurídico, donde en Vox observaban una necesidad imperiosa de detener la investidura, el Supremo entendió que no había elementos suficientes y sustanciales que justificaran la procedencia “de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”. Incluso en el supuesto de esta querella, la fuerza de extrema derecha ha presentado tantas alegaciones como rechazos de los magistrados ha cosechado con el fin de superar el primero de los filtros para que sus querellas prosperasen. Sin embargo, no han tenido éxito alguno; tampoco en otras denuncias por motivos diametralmente opuestos pero dirigidos también a la Administración Sánchez.
Es, en resumen, el modus operandi de la fuerza de extrema derecha, que hunde su estrategia en la propaganda y en la difusión de las querellas y denuncias contra sus adversarios políticos. Sin embargo, mantiene un perfil bajo cuando la respuesta de la judicatura es contraria a sus intereses. De hecho, sobre esta última resolución, el Supremo decretó que no hay espacio para la presentación de “recurso alguno”.
