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Después de esa peligrosa travesía, la Guardia Civil les hace soltarse y les obliga a nadar de vuelta hasta la costa de Marruecos. Prodein asegura que esa actuación "viola la normativa española, europea e internacional", y que la deportación es absolutamente ilegal, pero el Gobierno lo practica con la excusa de que es un “salvamento marítimo”.
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