La vivienda 'asequible' de Ayuso y Almeida excluye a los vulnerables y permite acceder a rentas de hasta 79.000 euros

La crisis habitacional que asola toda España y que impide a millones de ciudadanos acceder o mantener una vivienda es una de las piedras angulares de la campaña electoral. Todas las fuerzas políticas se lanzan ahora a proponer recetas mágicas que han decidido no aplicar allí donde han tenido posibilidad de hacerlo. El libre mercado ha sido la receta impulsada desde la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se vanagloria de no intervenir. “Nada” es la receta que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ofrece a la ciudadanía.

Ahora, a las puertas de las elecciones, ambos mandatarios del Partido Popular (PP) sacan a pasear pisos públicos como si de boletos de una tómbola se trataran. Nada que no hayan hecho ostras formaciones y administraciones. El problema no son las falsas promesas con las que los partidos políticos pretenden tapar su inacción pasada, sino las recetas que sí se han aplicado y que marcan la línea de las medidas que llegarán en un futuro. En Madrid, tanto en la ciudad como en el conjunto de la región, la apuesta es clara.

Presidenta y alcalde presumen públicamente de sus planes de vivienda asequible, el Plan Vive, de la Comunidad, y el Plan Suma, del Ayuntamiento. Del primero, las múltiples quejas por los desperfectos y las malas calidades, los problemas por la elección del suelo de construcción, las negativas a devolver las fianzas, las renuncias en masa por las nefastas condiciones contractuales y demás derivadas son de sobra conocidas. Sin embargo, no son estos los problemas, o por lo menos no solo, que retratan la vía elegida por los miembros del PP.

La cuestión clave son los requisitos de acceso a las viviendas públicas para presunto alquiler asequible, que El Plural lleva denunciando desde que se licitase el primer piso del Plan Vive y el Plan Suma, cuyas primeras viviendas aún no han visto la luz, replica al dedillo. El resumen es sencillo: si cobras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o si tu unidad de convivencia no consigue juntar unos ingresos que responden a sueldos alejados de quien encuentra problemas para pagar la vivienda, no puedes acceder a los programas. Sin embargo, si eres una persona que cuenta con un salario de hasta 78.750 euros anuales, más de 6.500 euros al mes, tienes las puertas abiertas. Esto responde a dos preceptos incluidos en la lista de requisitos para acceder.

Tope por arriba

Por un lado, el tope por arriba está situado en 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), en el caso del Plan Vive, y en 5,5 veces, en el caso de algunos inmuebles del plan autonómico y del Plan Suma. Al cálculo, además, se suma un coeficiente reductor en función del número de integrantes de la unidad familiar.

El IPREM se ubica en estos momentos en los 7.200 euros anuales (en 12 pagas) o 8.400 euros anuales (en 14 pagas), cuantía que, multiplicada por 7,5, asciende a los 63.000 euros en el segundo de los casos. Si, además, se le aplica el índice multiplicativo previo a los ingresos para una sola persona o para dos (0,8), esto significa que una renta de 78.750 euros, que se reduciría hasta las siete veces y media el IPREM, podría acceder, independientemente de ser una o dos personas.

Este resultado responde a límite máximo para acceder a las Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), las públicas de mayor calidad y con un mayor coste, pues en la Comunidad de Madrid, pionera en esta figura, impera el clasismo hasta para los alquileres supuestamente asequibles. En lo que se refiere a la otra figura, la contemplada para los más pobres, las Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB), la limitación tampoco mejora. En estos casos en los que el máximo se fije en 5,5 veces el IPREM, el límite se sitúa en los 57.750 euros, aunque el Ayuntamiento ha llegado a hablar de 68.000 euros.

Limitación por abajo

Una vez permitida la entrada de los más ricos, toca excluir a los más pobres. Además del límite por debajo, fijado en 1,5 veces el IPREM (15.750 euros al año), existen otras maniobras. Esto lo disponen tanto Comunidad como Ayuntamiento a través de la renta que consideran mínima como para poder hacer frente a los alquileres. Una persona no puede acceder al plan si el peso del alquiler de los pisos públicos supera el 30% de su renta neta, en el caso del Ayuntamiento, o del 35%, en el caso de la Comunidad.

Es decir, si cobras el SMI (17.094 euros anuales), fijado actualmente en 1.221 euros brutos en 14 pagas (en torno a 1.142 euros netos), la renta debería ser de entre los 380 y los 400 euros al mes. El principal problema es que los alquileres distan mucho de estar dentro de este baremo. Los precios del Plan Suma se desconoce, pero los del Plan Vive dan una idea.

En el caso de las VPPB del Plan Vive, ninguna de ellas tiene un precio inferior a los 500 euros y la mayoría superan los 600 euros. En el caso de las VPPL, la oferta más barata (una habitación y 44 m2) estimada por la Comunidad de Madrid, como es el ejemplo de San Sebastián de los reyes, es de 821,72 euros al mes y, por lo tanto, el requisito del 35% es ingresar, como mínimo, 2.350 euros limpios al mes.