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Las cuentas del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán vuelven a estar bajo escrutinio por varias cuestiones relacionadas con los ingresos registrados y la contabilización de determinados gastos. La liquidación de 2025 refleja 4.082.655,91 euros en derechos pendientes de cobro, cantidades que el Consistorio considera que tiene derecho a recibir, pero que todavía no han entrado en sus arcas.
La cifra no significa que todo ese dinero sea incobrable. Sin embargo, el estudio de la liquidación contempla una reducción mínima de 2.003.166,87 euros por derechos de difícil o imposible recaudación, una cuantía que obliga a examinar qué parte de esos ingresos puede hacerse efectiva y cómo se refleja en la situación económica municipal.
Las dudas sobre los registros contables no proceden únicamente de la revisión de estas cifras. El propio Ayuntamiento contrató una asistencia externa para revisar la contabilidad de ejercicios anteriores, un trabajo que identificó saldos cuya vigencia debía comprobarse y problemas en determinados apuntes.
Un informe encargado por el propio Ayuntamiento ya advertía de problemas
Las advertencias sobre determinados apuntes económicos no son recientes. Un informe encargado por el propio Ayuntamiento a la empresa GAM 2000 recomendaba depurar distintos saldos y señalaba que algunos derechos podían seguir apareciendo registrados pese a haber desaparecido por errores, anulaciones o prescripciones.
El estudio también recogía observaciones sobre subvenciones pendientes cuya existencia debía ser acreditada y sobre el registro de facturas, con referencias a posibles duplicidades.
La revisión posterior de algunos expedientes ha llevado además a modificar cantidades que figuraban inicialmente como ingresos pendientes. En uno de los casos, el Ayuntamiento retiró 140.892,61 euros correspondientes a una aportación de la Diputación de Toledo. Tesorería e Intervención concluyeron que no existía respaldo documental suficiente para mantener reconocido ese derecho.
A esta cifra se suman 268.039,02 euros que también fueron eliminados de los registros después de detectarse un error en su contabilización. Las dos operaciones alcanzan los 408.931,63 euros.
Son expedientes diferentes y responden a circunstancias distintas, pero ambos tienen un elemento en común, ya que cantidades que aparecían inicialmente registradas tuvieron que ser corregidas posteriormente.
Facturas con contratos vencidos o sin expediente
Las incidencias analizadas afectan también a la tramitación del gasto. Distintos informes de Intervención hacen referencia a facturas relacionadas con servicios prestados sin expediente de contratación, contrataciones verbales, contratos vencidos o falta de crédito suficiente.
En varios de estos procedimientos, las objeciones formuladas por Intervención fueron posteriormente levantadas mediante decretos de Alcaldía, lo que permitió continuar con la tramitación de los pagos.
Algunos de estos expedientes han desembocado en una solicitud de revisión de oficio. En ella no solo se cuestiona cómo fueron tramitadas determinadas obligaciones, sino también qué órgano tenía competencia para levantar algunos de los reparos formulados por la Intervención.
Los expedientes reflejan igualmente cambios en la imputación de determinados gastos. Algunas cantidades que aparecían inicialmente vinculadas a determinados servicios o edificios fueron posteriormente atribuidas a otras dependencias municipales.
Más control sobre otra aportación de la Diputación
La actuación del nuevo interventor ha introducido además controles adicionales en algunos procedimientos. Antes de incorporar al presupuesto otra aportación de 140.892,61 euros de la Diputación, reclamó que se acreditara que la financiación seguía vigente.
Tesorería informó de que no constaban ni el ingreso ni un derecho reconocido, por lo que la incorporación quedó condicionada a que la institución provincial confirmase su compromiso económico.
La cautela adoptada en este expediente se produce después de que otra cantidad exactamente igual hubiera sido retirada de los registros al no existir respaldo documental suficiente para mantenerla como derecho pendiente de cobro.
El presupuesto de 2026, recurrido ante el TSJ
En este contexto se sitúa también la controversia en torno al presupuesto municipal de 2026, aprobado por el PP con el respaldo de Vox. El PSOE presentó quince alegaciones durante el periodo de exposición pública y posteriormente recurrió las cuentas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El recurso plantea, entre otras cuestiones, posibles incoherencias internas del presupuesto, la ausencia de crédito para determinadas obligaciones y el cumplimiento de las reglas presupuestarias.
El TSJ ha requerido al Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo completo. El procedimiento judicial se suma a los distintos expedientes que han puesto bajo revisión durante este mandato la gestión de determinados ingresos, el uso del remanente y la tramitación de gastos.
Existe además un antecedente judicial en el actual mandato. En octubre de 2023, el Pleno aprobó, con los votos de PP y Vox, la creación de un órgano complementario vinculado a la Alcaldía para asuntos relacionados con la seguridad ciudadana. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo anuló posteriormente ese acuerdo al considerar que la figura creada no contaba con suficiente cobertura legal.
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