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El salario mínimo interprofesional (SMI) debería aumentar al menos un 7% en 2027 para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Así lo consideran los sindicatos de UGT y CCOO que, tal y como han trasladado hoy, reclaman al Gobierno una subida que lo sitúe en torno a los 18.284 euros brutos anuales, lo cual vendría a suponer 1.524 euros mensuales en 12 pagas o a unos 1.306 euros si se distribuye en 14 mensualidades. Este nuevo suelo que, según entienden, debería tener la remuneración mínima que perciben los trabajadores por su trabajo lo han dado a conocer durante la presentación de sus reivindicaciones de cara a la huelga general que han convocado para el próximo 11 de noviembre.
La petición llega pocos días después de que el Ministerio de Trabajo pusiera en marcha la comisión de expertos encargada de estudiar el próximo incremento del SMI. Este grupo deberá presentar en aproximadamente tres semanas una propuesta con una horquilla de subida, tomando como referencia distintos indicadores macroeconómicos.
El incremento del 7% planteado por las organizaciones sindicales supondría la mayor subida anual desde 2023, cuando el Gobierno tuvo que responder al encarecimiento de los precios, después de que la inflación media alcanzara el 8,4% durante 2022. La economía española vuelve a afrontar un repunte inflacionario vinculado a la crisis energética, aunque las previsiones actuales apuntan a una evolución más moderada. El Banco de España estima que el IPC medio se situará en el 3,9% en 2026 y bajará al 3,7% el próximo año.
Este escenario se produce después de que el Ejecutivo aprobara en febrero de 2026 un aumento del salario mínimo del 3,1%, un porcentaje inferior a la inflación que finalmente se está registrando durante el ejercicio. Los sindicatos buscan ahora que la próxima actualización permita recuperar el poder de compra perdido por los trabajadores con menores ingresos.
En términos prácticos, la subida solicitada supondría 85 euros brutos más al mes para quienes perciben el SMI y cobran en 14 pagas. Por su parte, el Ministerio de Trabajo pretende aprobar el nuevo importe con efectos desde el 1 de enero de 2027, antes de las elecciones generales anticipadas previstas para el 29 de noviembre. El departamento también trabaja en otras iniciativas laborales, entre ellas un endurecimiento de las obligaciones relativas al registro de jornada.
La crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, detrás de la huelga general del 11-N
La crisi de la vivienda y las dificultades de los trabajadores para afrontar el coste de la vida constituyen el eje de la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre por UGT, CCOO y que ha permitido consolidar la movilización masiva que el Sindicato de Inquilinas estaba buscando organizar. El paro, de 24 horas, pretende trasladar al ámbito laboral las reivindicaciones del movimiento por el derecho a la vivienda y reclamar medidas que permitan a los ciudadanos mantener unas condiciones de vida dignas. Según los sindicatos, el encarecimiento de los alquileres y de los bienes básicos está absorbiendo las mejoras salariales, hasta el punto de dificultar que una parte de la población pueda acceder a una vivienda pese a tener empleo.
La convocatoria, impulsada inicialmente por los sindicatos de inquilinas, ha sumado el respaldo de las principales centrales sindicales del país, además de otras organizaciones como CGT, CNT, Solidaridad Obrera y Co.Bas. La movilización se produce después de las protestas por el precio de la vivienda y del rechazo parlamentario a dos decretos del Gobierno relacionados con esta materia. El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que oblligaron a abandonar su hogar en Madrid y que fallecía recientemente tras el desahucio, fue el germen de la movilización social que está dejando clara la indignación social existente en torno a la especulación inmobiliaria.
Entre las principales demandas figuran la reducción de los precios de los alquileres, la ampliación del parque público de vivienda, el freno a las compras especulativas y medidas para evitar los desahucios. A estas reivindicaciones se suman las exigencias laborales de UGT y CCOO, que piden mejorar los salarios, reducir la jornada, desbloquear la negociación colectiva, combatir la precariedad y contener los precios de los productos básicos.
La convocatoria tendrá lugar, además, a escasas semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. La patronal CEOE ha cuestionado su legalidad al considerar que no responde a un conflicto estrictamente laboral y ha planteado la posibilidad de impugnarla. Los sindicatos, por su parte, defienden que el acceso a la vivienda está directamente relacionado con las condiciones de trabajo y los ingresos de la población.
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