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El Ministerio de Trabajo y Economía Social inicia este jueves los trámites para fijar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha convocado a la comisión asesora del SMI con el objetivo de avanzar en una propuesta que permita cerrar el incremento antes de la cita con las urnas y que podría llegar a aprobarse todavía durante la presente legislatura.
La reunión supone el comienzo formal de los trabajos para determinar el nuevo suelo salarial. La comisión deberá elaborar un informe en el que planteará una horquilla de incremento, que posteriormente será trasladada a la negociación con los agentes sociales. El Gobierno ha defendido en los últimos meses la necesidad de que el SMI evolucione en línea con el repunte de los precios para evitar que los trabajadores que perciben esta remuneración pierdan poder adquisitivo.
La actualización del salario mínimo es también una de las reivindicaciones que los sindicatos han mantenido sobre la mesa. La negociación, sin embargo, parte de un escenario de desacuerdo con la patronal. La CEOE no respaldó ninguna de las seis últimas subidas del SMI, por lo que el Ejecutivo afrontará de nuevo el reto de intentar alcanzar un consenso entre las organizaciones empresariales y sindicales.
El Gobierno no necesita un acuerdo
La negociación con los agentes sociales no implica que el Ejecutivo esté obligado a alcanzar un pacto. La normativa establece que el Gobierno debe realizar consultas con sindicatos y empresarios, pero puede aprobar finalmente el incremento incluso sin acuerdo o con el respaldo de una sola de las partes. Una vez determinada la cuantía, la subida deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto. Esta fórmula tiene además una particularidad relevante ante el calendario electoral, pues al no tratarse de una ley, el incremento no requiere posteriormente la convalidación de la Diputación Permanente.
El SMI parte de los 1.221 euros
La próxima negociación tendrá como punto de partida la última actualización aprobada por el Consejo de Ministros. El 17 de febrero de 2026, el Gobierno acordó elevar el SMI un 3,1%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Con aquella subida, el salario mínimo quedó fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Ahora, Trabajo deberá determinar el nuevo incremento aplicable durante 2027 y decidir hasta dónde llega la subida antes de que termine la legislatura.
El calendario elegido por el Ministerio introduce así un componente político adicional en la negociación, ya que el Gobierno pretende dejar fijado el nuevo suelo salarial antes de las elecciones, mientras los agentes sociales deberán pronunciarse sobre una propuesta que afectará directamente a los trabajadores con menores salarios. El próximo Ejecutivo, independientemente de su composición, heredaría de este modo una subida ya aprobada si Trabajo logra completar todos los trámites antes del 29 de noviembre.
Garamendi, contra las subidas del SMI: el pulso con los sindicatos y Trabajo que llega a 2027
La próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional llega con una reivindicación clara por parte de los sindicatos, centrados en que el nuevo incremento debe permitir que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante el repunte de los precios. CCOO ya ha planteado que el SMI de 2027 debería crecer más de un 5%, por encima del 4,3% de inflación registrado en agosto, mientras que UGT considera igualmente esencial una nueva subida para proteger los salarios.
La posición sindical da continuidad a la estrategia mantenida durante las últimas negociaciones. Para 2026, CCOO y UGT llegaron a reclamar conjuntamente un aumento del 7,5%, hasta los 1.273 euros mensuales en 14 pagas, con el objetivo de avanzar hacia el compromiso de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea. Finalmente, el Gobierno aprobó un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros, pactado con los sindicatos pero sin el respaldo de las organizaciones empresariales.
La ausencia de la patronal en este tipo de acuerdos se ha convertido precisamente en uno de los elementos recurrentes de la negociación. CEOE y Cepyme no respaldaron las últimas seis subidas del SMI, mientras que Trabajo ha defendido que su obligación legal es consultar a los agentes sociales, no necesariamente alcanzar un acuerdo con ellos.
El choque se intensificó con la negociación de 2026. CEOE y Cepyme llegaron a proponer inicialmente una subida de solo el 1,5%, hasta 1.202 euros, aunque finalmente rechazaron la propuesta del Gobierno. La patronal sostuvo que el incremento planteado era “una trampa” y advirtió de que el cambio en las reglas de compensación y absorción de complementos salariales podía provocar un aumento de costes que “asfixiaría” a numerosas empresas.
El Gobierno terminó aprobando en febrero una subida del 3,1%, hasta los 1.221 euros, con el respaldo de los sindicatos y sin el de las organizaciones empresariales. El desencuentro derivó entonces en un cruce público entre Garamendi, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. El presidente de CEOE acusó al jefe del Ejecutivo de utilizar el SMI para atacar a los empresarios y afirmó que parecía necesario “buscar enemigos para tapar alguna miseria”.
El desencuentro alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión en febrero, cuando Yolanda Díaz reprochó públicamente a Antonio Garamendi su oposición al incremento de 2026 y recordó que el presidente de la CEOE percibía un salario equivalente a 23 veces el SMI. Garamendi respondió defendiendo su remuneración y acusando a la ministra de recurrir a ataques personales cuando la patronal no comparte sus posiciones. “La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo”, afirmó.
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