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El Senado puede convertirse en una de las grandes sorpresas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Mientras todas las encuestas sitúan hoy a PP y Vox con una holgada mayoría absoluta en el Congreso, una operación electoral que hasta hace apenas unas semanas circulaba fundamentalmente entre juristas, economistas, gente de la cultura y activistas progresistas reunidos en el grupo de Senadoras y Senadores por la Democracia, presentado el pasado martes en el Ateneo de Madrid, ha llegado ya a las mesas de negociación de los partidos: que PSOE, Frente Amplio y las fuerzas territoriales afines concurran juntos a la Cámara Alta.
La razón no es meramente simbólica. Es matemática.
El particular sistema electoral del Senado convierte en una enorme ventaja ser la primera candidatura en cada provincia. En las circunscripciones peninsulares se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. En la práctica, la candidatura más votada suele obtener tres puestos y la segunda, uno. La tercera puede quedarse sin representación, aunque acumule cientos de miles de votos.
Ese mecanismo permitió al PP obtener en 2023 120 de los 208 senadores de elección directa con aproximadamente un 33% del voto al Congreso, mientras PSOE y Sumar, que juntos alcanzaron aproximadamente el 44%, concurrieron divididos y sumaron apenas 73 representantes directamente elegidos.
Ahora la izquierda estudia utilizar esa misma aritmética a su favor. Aritmética que hubiera concedido en 2023 a la izquierda la mayoría absoluta, pasando a entre 105 y 115 senadores, y hubiera lastrado a la derecha de sus 120 senadores a entre 80 y 90.
Fuentes socialistas han confirmado que Ferraz analiza una candidatura conjunta y el domingo 11 de octubre se verán con el Frente Amplio, el cual, según las fuentes consultadas por el Plural, ya cuenta con un interlocutor representativo con el que negociar. Otros partidos de izquierda de ámbito autonómico también han confirmado que van a participar en las negociaciones, aunque el primer contacto se circunscriba a los socialistas y a lo que ahora se conoce como Sumar. El plazo obliga a acelerar: las coaliciones deben comunicarse antes del 16 de octubre y las candidaturas se registrarán entre el 21 y el 26.
La cuestión estará inevitablemente sobre la mesa en los contactos de estas horas entre el PSOE y el espacio situado a su izquierda.
Hasta 120 senadores progresistas aunque PP y Vox ganaran el Congreso
La singularidad de la operación aparece cuando se trasladan las encuestas actuales al sistema de elección del Senado.
El último sondeo de 40dB. sitúa al PP en torno al 31,9%, a Vox cerca del 18,9%, al PSOE en el 28,1% y a una eventual candidatura unitaria de Frente Amplio y Podemos alrededor del 9,5%. En el Congreso, esa fotografía conduciría a una mayoría muy amplia de PP y Vox, próxima a los 200 diputados.
Pero el Senado responde a una lógica completamente distinta.
Los cálculos elaborados por la plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia estiman que, aun con ese escenario demoscópico tan desfavorable, una candidatura progresista conjunta podría obtener como mínimo 112 senadores directamente elegidos, frente a unos 84 del PP.
Si a esos 112 se añadieran los cuatro escaños proyectados para EH Bildu, tres de ERC y uno de Agrupación Socialista Gomera, el espacio progresista y sus aliados alcanzarían 120 de los 208 senadores elegidos en las urnas. Es decir, una mayoría absoluta muy clara de los puestos de elección directa.
La izquierda podría así, si los derechos cedieran ante las derechas, perder ampliamente el Congreso (si se cumplen las peores perspectivas) y, simultáneamente, ganar el Senado.
No es una especulación basada únicamente en encuestas. Una simulación realizada sobre los resultados reales de julio de 2023 ofrece un vuelco todavía más espectacular.
Según el estudio impulsado por el demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón, si PSOE y Sumar hubieran concentrado sus votos en una sola candidatura, habrían podido ser primera fuerza en entre 23 y 30 circunscripciones en las que acudieron separados.
El resultado proyectado sería:
| Escenario | PP | Candidatura progresista |
| Resultado real 23J | 120 | 73 |
| Simulación con lista unitaria | 75 | 117 |
En otras palabras, aproximadamente 45 senadores podrían haber cambiado de bloque exclusivamente por la coordinación electoral, sin necesidad de que un solo elector hubiera cambiado ideológicamente su voto.Y sin afectar a su autonomía como partidos en absoluto, como recuerda el jurista Javier Pérez Royo.
Sumando ERC, EH Bildu y PNV, aquella mayoría habría alcanzado alrededor de 128 senadores directamente elegidos.
Tres cruces que pueden valer 45 senadores
Ésta es la anomalía que intenta explotar la propuesta.
En una provincia peninsular ordinaria, cada elector dispone de tres votos para elegir cuatro senadores. Aunque formalmente las listas son abiertas, el comportamiento habitual consiste en marcar a los tres candidatos de la misma formación.
Eso produce un efecto casi mayoritario.
Un partido que gana una provincia por unas décimas puede obtener tres senadores mientras el segundo se lleva uno.
La división es especialmente destructiva para un bloque cuando dos candidaturas ideológicamente próximas compiten contra una candidatura rival concentrada.
En la presentación oficial de la plataforma de Senadoras y Senadores por la Democracia del pasado 6 de octubre en el Ateneo de Madrid, inspirada por la sociedad civil y el mundo de la cultura, ésta fue precisamente una de las ideas que atravesó todas las intervenciones: en el Senado no se trata tanto de sumar votos nuevos como de impedir que los votos existentes se neutralicen entre sí.
La plataforma propone por ello una candidatura de tres nombres en cada provincia que permita al elector progresista marcar directamente las tres cruces.
La fórmula más cercana en estos momentos, que además citó Javier Pérez Royo en la presentación de la iniciativa, permitiría además repartir los puestos: aproximadamente dos candidatos del PSOE y uno del espacio situado a su izquierda en numerosas provincias, aunque el reparto tendría que adaptarse a la realidad territorial.
Senadoras y Senadores por la democracia ha cuantificado la fórmula en aproximadamente 100 candidatos propuestos por el PSOE y 50 por las fuerzas de su izquierda, con margen para incorporar independientes y referentes de la sociedad civil.
De una iniciativa ciudadana a la mesa de negociación
La idea nació fuera de los aparatos de los partidos.
El pasado 6 de octubre, el Ateneo de Madrid acogió la presentación pública de Senadoras y Senadores por la Democracia, una iniciativa que ya reúne alrededor de 6.500 adhesiones y entre cuyos promotores figuran el economista Bruno Estrada, el sociólogo Enrique del Olmo y la escritora y exvicepresidenta del Congreso Gloria Elizo.
El acto estuvo presentado por la periodista María José Pintor y contó con intervenciones de Ana Pardo de Vera, Javier Pérez Royo, Juan Pinilla y Antonio Gutiérrez, entre otros, y la presencia en primera fila de importantes referentes del mundo de la cultura, como Carlos Bardem.
Entre los firmantes, además, figuran nombres como Joaquín Estefanía, Javier Aroca, Carlos Berzosa, Juan Antonio Gimeno, Rosa Montero, Elvira Lindo, Cristina Almeida, María Barranco, Pepe Viyuela, Ramoncín, Miguel Rellán, Marina Subirats, Santiago Alba Rico, Víctor Manuel, Rosa Villacastín, Nicolás Sartorius o Manuel de la Rocha.
La iniciativa nació expresamente con una finalidad instrumental: que las fuerzas progresistas puedan concurrir separadas al Congreso pero coordinadas al Senado.
Ese matiz es esencial.
Como destacó Javier Pérez Royo durante la presentación, concurrir conjuntamente al Senado no exige compartir un programa económico, laboral o territorial. La investidura del presidente y la moción de censura se deciden exclusivamente en el Congreso y, además, el Congreso puede levantar los vetos ordinarios del Senado.
La candidatura común sería así una alianza electoral limitada a una Cámara cuya función política es muy diferente.
Bruno Estrada defendió en el Ateneo que todavía existe tiempo suficiente para movilizar al electorado antes del 29-N. La tesis central expuesta por los promotores fue que la izquierda ha interiorizado durante demasiado tiempo la mayoría conservadora del Senado como si fuera una consecuencia inevitable de la sociología electoral, cuando en buena medida responde al mecanismo de elección y a la fragmentación del voto.
El precedente que demuestra que funciona
La idea tampoco carece de antecedentes.
En las primeras elecciones democráticas de 1977, PSOE, PSP, PCE y personalidades independientes impulsaron en Madrid la candidatura Senadores para la Democracia, que consiguió imponerse a la UCD.
En Cataluña, la Entesa dels Catalans obtuvo 12 de los 16 senadores electos en 1977. Décadas después, la fórmula volvió a utilizarse mediante la Entesa Catalana de Progrés, que reunió durante varias convocatorias a PSC, ERC e ICV.
Y existe incluso un precedente de 2023: en Ibiza y Formentera, PSOE, Sumar, Izquierda Unida y Ara Eivissa concurrieron conjuntamente y consiguieron arrebatar el escaño al PP.
No se trata, por tanto, de inventar una fórmula electoral. Se trata de extender una fórmula ya utilizada. Durante la presentación, la multitud congregada aclamó la noticia del acuerdo entre PSOE y Compromis para concurrir juntos en Valencia.
El premio mayor está en el Tribunal Constitucional
Pero la importancia de controlar el Senado va mucho más allá de ganar una votación o elegir la Presidencia de la Cámara.
El verdadero poder estratégico está en los nombramientos constitucionales.
El Senado debe proponer a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional por una mayoría de tres quintos de sus miembros.
Y esa renovación está pendiente, ya que están caducados esos puestos. Si fuera la derecha la que los nombrase, controlarían antes de fin de año la totalidad del ecosistema judicial, con las consecuencias que todos pueden imaginar.
El mandato de los cuatro magistrados propuestos en su momento por el Senado expiró el 17 de diciembre de 2025. Entre ellos se encuentran el actual presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías, este último incorporado posteriormente para cubrir la vacante de Alfredo Montoya. El propio Tribunal había comunicado al Senado que debía iniciarse el procedimiento de sustitución.
La ley establece que los magistrados continúan en funciones hasta que tomen posesión sus sucesores.
La Cámara que salga del 29-N será, por tanto, la que tenga que resolver una renovación capaz de alterar el equilibrio interno del Constitucional.
El límite: ganar el Senado no equivale automáticamente a tener los tres quintos
Aquí conviene introducir una precisión decisiva.
Una mayoría absoluta progresista no bastaría por sí sola para elegir a los cuatro magistrados.
El Senado que acaba de disolverse tenía 266 miembros: 208 elegidos directamente y el resto designados por los parlamentos autonómicos.
Con una Cámara de 266 senadores, los tres quintos equivalen a 160 votos.
Por tanto, los 120 senadores electos que podría reunir el bloque progresista y sus aliados aplicando sus estimaciones electorales actuales en las casas demoscópicas garantizarían el control político de la Cámara, pero no los tres quintos necesarios para designar unilateralmente el Tribunal Constitucional.
Incluso añadiendo los senadores autonómicos progresistas actualmente existentes, seguiría siendo necesaria una negociación con otras fuerzas.
Ese matiz no disminuye la importancia de la operación; la aumenta.
Porque pasar de una Cámara controlada por el PP a otra en la que el PSOE y sus aliados tengan la mayoría convertiría a la izquierda en el centro de cualquier negociación sobre los nuevos magistrados del Constitucional.
Y porque, como recordaron en la presentación tanto Antonio Gutiérrez como Javier Pérez Royo, el efecto tracción de acudir la izquierda junta al Senado impulsaría alianzas similares en otros ámbitos, como el propio Congreso y movilizaría el voto de izquierdas hasta el punto de poder conseguir esos trs quintos en la Cámara Alta.
Y en 2029, la izquierda puede elegir diez vocales del Poder Judicial
La segunda gran fecha estaría en el ecuador de la próxima legislatura.
El actual Consejo General del Poder Judicial inició su nuevo mandato en 2024 y los vocales tienen un periodo constitucional de cinco años. Su siguiente renovación ordinaria deberá producirse, por tanto, en 2029.
El Senado participa directamente en esa elección.
De los veinte vocales del CGPJ, diez son elegidos por el Congreso y diez por el Senado, también mediante mayoría de tres quintos.
Eso significa que el Senado que nazca del 29-N puede permanecer en funciones durante prácticamente todo el periodo que conduce a esa renovación.
Una candidatura unitaria no garantizaría tampoco esos nombramientos sin alcanzar los tres quintos, pero alteraría completamente la correlación negociadora.
Las cuentas de una hipotética mayoría reforzada
La aritmética permite diferenciar tres escalones:
105 de 208.
Es la mayoría absoluta entre los senadores de elección directa. La simulación actual otorga un mínimo de 120 al espacio progresista y sus aliados.
134 aproximadamente sobre 266.
Es la mayoría absoluta de una Cámara del tamaño de la legislatura recién terminada.
160 sobre 266.
Son los tres quintos necesarios para los cuatro magistrados del Constitucional y los diez vocales del CGPJ correspondientes al Senado.
Por tanto, la candidatura unitaria puede poner al alcance de la izquierda los dos primeros escalones. El tercero necesitaría una mayoría electoral extraordinariamente superior o, más probablemente, acuerdos parlamentarios.
Una mayoría que el PP obtuvo con solo un tercio de los votos
Los promotores de la iniciativa utilizan una cifra para explicar la distorsión.
En 2023 el PP logró aproximadamente el 33% del voto al Congreso, pero obtuvo casi el 58% de los senadores elegidos directamente: 120 de 208.
El bloque progresista reunió aproximadamente un 44% entre PSOE y Sumar, pero su división permitió al PP imponerse en decenas de circunscripciones.
La plataforma sostiene que no existe, por tanto, una correspondencia directa entre mayoría sociológica y mayoría del Senado.
La primera fuerza obtiene un premio enorme.
Y la pregunta que plantean implícitamente los participantes del Ateneo, y particularmente Pérez Royo, es muy sencilla: si las reglas producen esa prima, ¿por qué no utilizarla también desde la izquierda?
Del Ateneo a Ferraz
Hace solo tres días esa pregunta pertenecía a la sociedad civil, que lleva meses moviendo esta opción entre bambalinas, con un apoyo cada vez más abrumador de la sociedad.
Hoy ha entrado en la estrategia electoral del PSOE.
Ferraz admite oficialmente que analiza “todas las alternativas y escenarios” tanto para el Congreso como para el Senado, después del uso que considera “espurio” de la mayoría absoluta popular durante esta legislatura.
El PP ha dispuesto hasta la disolución de las Cortes de 142 senadores, frente a 88 del PSOE. Esa superioridad le ha permitido impulsar siete comisiones de investigación contra el Gobierno de coalición progresista y presentar 14 conflictos de atribuciones durante la legislatura.
Por eso el incentivo socialista es ahora sustancialmente mayor que en otras convocatorias.
Y el incentivo para Frente Amplio también lo es.
Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE prácticamente desaparecieron del Senado de elección directa en 2023. Esta candidatura conjunta podrá permitirles disponer de decenas de senadores, recursos parlamentarios y grupo propio. Los cálculos manejados en el espacio socialista hablan de al menos una treintena de representantes para esas formaciones; otras estimaciones elevan el potencial hasta 45.
La elección más extraña del 29-N
La fotografía electoral actual contiene así una posibilidad inédita.
El 29 de noviembre, un ciudadano fachapobre podría votar al PP y Vox en un Congreso que las encuestas dan claramente a la derecha y encontrarse al mismo tiempo con un Senado controlado por la izquierda.
No porque los españoles votaran de manera radicalmente diferente en ambas urnas.
Sino porque la izquierda hubiera aprendido a utilizar un sistema electoral que hasta ahora la ha penalizado.
La gran batalla de las próximas horas no será, por tanto, únicamente quién encabeza Frente Amplio ni qué puestos ocupa cada formación en las listas al Congreso.
Hay otra negociación potencialmente mucho más trascendente.
Tres nombres por provincia.
Tres cruces.
Y una Cámara que durante la próxima legislatura tendrá en sus manos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y, en 2029, diez vocales del Consejo General del Poder Judicial.
La iniciativa que se hizo mayor y pública en el Ateneo de Madrid esta semana como una apelación de la sociedad civil ha tardado apenas tres días en alcanzar la mesa de los partidos.
Ahora PSOE y Frente Amplio deben decidir si convierten la aritmética en política para la gente. Decidirán el sábado si apuestan por los derechos o toleran que los aplasten las derechas.
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