El PP convierte el voto de los nietos del exilio en otra batalla contra Sánchez bajo la sombra del fraude

El derecho a voto de miles de españoles descendientes de exiliados franquistas es el nuevo campo de batalla entre el PSOE y el Partido Popular a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de determinadas inscripciones en el censo electoral exterior ha desatado una confrontación que trasciende la mera interpretación de la Ley de Memoria Democrática. Mientras los socialistas denuncian un atropello democrático, los conservadores han convertido la resolución en un argumento para acusar a Pedro Sánchez de manipular el censo electoral, pese a que el Alto Tribunal – cuyo dictamen ha contado con el voto particular de una magistrada – no ha declarado probado ningún fraude.

La resolución del Supremo coincidía prácticamente con los festejos del Día de la Hispanidad. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado, respaldados por la Fiscalía, contra las medidas cautelares acordadas en septiembre. Cinco de los seis magistrados han ratificado su mantenimiento, con el voto discrepante de Alicia Millán, quien advertía de que el adelanto electoral introduce la decisiva circunstancia de que una suspensión provisional puede ocasionar un perjuicio irreversible. Si los afectados no votan el 29N, una eventual sentencia favorable posterior no les permitiría participar en los comicios.

Génova celebra el fallo y apunta a Sánchez

La reacción no se hizo esperar y llegó paralelamente desde Moncloa, Ferraz y la calle de Génova. El Partido Popular situaba la decisión judicial en el terreno de la confrontación electoral. Su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, celebraba que “ni Sánchez ni nadie está por encima de la Ley y de los Tribunales”. La dirigente conservadora persistió en su ofensiva al asegurar que “la democracia española resiste gracias a la Justicia”. “Por mucho que el PSOE contrate sicarios contra ella”, remató, en una nueva muestra de la dureza del discurso popular contra el Ejecutivo.

Cayetana Álvarez de Toledo quiso sumarse a la fiesta y, pese a que se trata simplemente del rechazo de un recurso y no la resolución final del caso, acusó directamente al presidente del Gobierno de haber intentado “manosear el censo electoral”. La parlamentaria defendía que España cuenta con instituciones capacitadas para limitar el poder y ha reclamado unas elecciones “limpias” el próximo 29N. Acusación que transforma una controversia jurídica sobre los requisitos de inscripción electoral en una sospecha de fraude electoral por parte del Gobierno, subiéndose al carro de una Isabel Díaz Ayuso que, en los prolegómenos del desfile, agitaba dicho fantasma.

Y es que, pese a la oleada de reacciones conservadoras, el Supremo no ha acreditado fraude electoral ni una operación del Ejecutivo para alterar el resultado de los comicios. Sus autos mantienen medidas provisionales mientras se examina la legalidad de determinados criterios administrativos. El Alto Tribunal considera oportuno preservar las garantías del censo, pero todavía no ha emitido una sentencia sobre el fondo del litigio. Lo cual no ha impedido que, antes incluso de conocer la decisión, Alberto Núñez Feijóo manifestara su confianza en que el Supremo fuera “consecuente” con sus anteriores cautelares.

El PSOE carga contra PP y Vox

La respuesta socialista ha sido igualmente contundente. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, acusaba a PP y Vox de promover una exclusión electoral que perjudica directamente a los descendientes del exilio. “Los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían PP y Vox”, denunciaba la dirigente en sus redes sociales, al tiempo que vinculaba la situación con el “anhelo fascista” de ambas formaciones y advertía de que no pararían de denunciar “este atropello”.

El propio Pedro Sánchez había defendido durante la recepción del 12 de Octubre, en una conversación con periodistas, que “una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda”. El jefe del Ejecutivo alertó de que hasta 400.000 españoles podrían quedarse sin votar, una cifra que no debe confundirse con los 163.020 posibles afectados identificados específicamente en el procedimiento. El Gobierno estudia ahora, a través de la Abogacía del Estado, si hay margen para recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el Alto Tribunal ha ordenado publicar sus resoluciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y comunicarlas a los consulados. Los interesados dispondrán de cinco días hábiles desde el día siguiente a su publicación para personarse en el procedimiento con un abogado y procurador. Entre tanto, el Partido Popular arroja gasolina al fuego en su ofensiva contra el PSOE en pleno arranque de la precampaña electoral.