El Tribunal de Cuentas ha aprobado recientemente un informe en el que recomienda a los ayuntamientos de grandes ciudades "reforzar" la información pública de la contratación, mediante la publicación de planes globales por cada órgano de contratación.
Así consta en el informe de fiscalización sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad y transparencia en la contratación pública municipal, que analiza la información publicada en 2023 por 17 ayuntamientos con población de entre 200.000 y 300.000 habitantes y sus entidades dependientes en relación con la contratación pública.
Esa es la principal conclusión que se desprende de una fiscalización oficial sobre la transparencia en la contratación municipal. El alcance del análisis del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EPlural.com, es relevante: los expedientes examinados representan el 83,45% del importe total adjudicado, con contratos por valor de 1.050 millones de euros, lo que convierte el problema en estructural.
Según los resultados, el Tribunal de Cuentas destaca que el grado de cumplimiento en la publicación de información general sobre la actividad contractual es igual o superior al 50% en 12 de los 17 ayuntamientos fiscalizados.
Asimismo, el informe constata que la publicidad de los distintos trámites de los procedimientos de contratación es superior al 70% en 16 de los 17 ayuntamientos analizados lo que refleja un nivel elevado de difusión de la información esencial asociada a los procedimientos contractuales.
📌El Pleno aprueba:
— Tribunal de Cuentas de España (@tcu_es) December 22, 2025
✅Programa de Fiscalizaciones 2026.
✅Dieciséis informes de fiscalización
👉 El objetivo de los #InformesTCu es contribuir a la mejora de la gestión del Sector Público. pic.twitter.com/xnwbjnyj76
El informe detecta además inclumpimientos relevantes en la rendición de cuentas al órgano ficalizador. Decenas de expedientes que superaban los umbrales legales no fueron remitidos en plazo o directamente no se remitieron, y varios ayuntamientos acumulan retrasos sistemáticos en la entrega de la documentación contractual. En algunos casos, más de la mitad de los expedientes fiscalizados llegaron fuera de plazo o no llegaron nunca, lo que refuerza la pérdida de trazabilidad y limita el control efectivo del gasto público incluso antes de que la información desaparezca de los portales oficiales.
En cualquier caso, el Tribunal señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia contractual a través de los portales de transparencia resulta "satisfactorio", si bien observa diferencias entre las entidades principales y algunas de sus entidades dependientes, "lo que evidencia margen de mejora en la supervisión y coordinación interna".
Los ayuntamientos medianos y grandes ocultan la huella de contratos públicos valorados en más de 1.000 millones de euros al hacer desaparecer antes de tiempo la información contractual de sus portales oficiales. No se trata de adjudicaciones secretas ni de contratos inexistentes, sino de la eliminación anticipada del rastro documental que permite seguir, analizar y fiscalizar el gasto público una vez ejecutado.
En varios ayuntamientos, el incumplimiento del plazo de conservación no se limita a áreas concretas, sino que afecta tanto a servicios municipales como a entidades dependientes, entre ellas empresas públicas, fundaciones y consorcios. Estas entidades, pese a gestionar cientos de millones de euros en contratación, presentan niveles de transparencia inferiores a los de los propios ayuntamientos matrices, lo que agrava la pérdida de control sobre el gasto control sobre el gasto público.
La fiscalización vuelve a señalar a los contratos menores como uno de los principales focos de opcaidad. Solo el 50,42% de los órganos de contratación publica correctamente la información exigida por la ley —objeto, duración, importe e identidad del adjudicatario—, pese a la obligación de hacerlo de forma periódica.
La falta de publicación completa y la desaparición anticipada de los datos refuerzan un patrón de pérdida de trazabilidad, especialmente relevante en un tipo de contrato que concentra un elevado número de adjudicaciones y un mayor riesgo de fragmentación del gasto.
El sistema, en su conjunto, cumple los mínimos formales, pero falla en la transparencia efectiva. Los perfiles de contratante existen y los contratos se publican, pero la información no siempre se conserva, no se ordena o no se centraliza de forma que permita un seguimiento real del dinero público. En algunos municipios, además, la existencia de múltiples perfiles de contratante, incluso asociados a órganos sin competencias reales, fragmenta aún más la información y dificulta su localización, incluso cuando no ha sido eliminada.
