El Congreso debate sobre la fiscalización de la Fundación Disenso mientras el Tribunal de Cuentas advierte a Vox

El debate político en torno al control del dinero público en partidos y fundaciones alcanza este martes un nuevo capítulo en la Comisión Mixta Congreso-Senado. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará los informes de fiscalización sobre los gastos de campaña de las elecciones generales de julio de 2023 y de las europeas de 2024. Sin embargo, el foco del debate estará puesto especialmente en la propuesta del PSOE para que el Tribunal realice una fiscalización especial sobre la Fundación Disenso, vinculada a Vox, correspondiente al periodo 2020-2025.

El PSOE sostiene que, a pesar de que las fundaciones vinculadas a partidos políticos son privadas, están sujetas a fiscalización por recibir fondos públicos o procedentes de agrupaciones electorales. En el caso de la Fundación Disenso, su primer ejercicio, correspondiente a 2020 - el año de su creación -, registró 370.000 euros de aportaciones procedentes de Vox, sin subvenciones públicas. Según los datos oficiales del Tribunal, cerró el ejercicio con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros. Esta fiscalización especial que reclama el PSOE busca analizar la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, la corrección de su contabilización y la justificación de cada gasto.

La iniciativa también se apoya en denuncias de exdirigentes de Vox en Baleares, que apuntan a un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios hacia la fundación de Abascal. Según sus testimonios, las aportaciones de los grupos se habrían utilizado con fines personales o comerciales de la dirección del partido. Desde Vox, sin embargo, se insiste en que estas transferencias son prácticas habituales dentro de todas las formaciones y se niega cualquier irregularidad.

Informe del Tribunal de Cuentas

El contexto en el que se debate la propuesta se encuentra marcado por informes recientes del Tribunal de Cuentas sobre elecciones generales y europeas, que han puesto en evidencia irregularidades en varios partidos. En las elecciones generales de 2023, el Tribunal propuso recortar 208.299,26 euros en subvenciones por gastos de campaña mal justificados, afectando a seis formaciones: PSOE, PSC, Sumar, UPN, Vox y Junts.

Junts, el partido independentista liderado por Carles Puigdemont, concentró la mayor parte del ajuste: 178.508,41 euros. La justificación es clara: Junts pagó fuera de plazo a sus proveedores un total de 1.785.084,06 euros, incumpliendo el límite de 90 días que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este retraso no solo supuso un incumplimiento legal, sino que también refleja la dificultad de algunas formaciones para gestionar grandes volúmenes de gastos de campaña dentro de los plazos establecidos. El Tribunal aplica una reducción equivalente al 10% de lo abonado fuera de plazo y repitió la misma observación en las elecciones europeas de 2024, cuando Junts volvió a superar los límites, lo que implicó otro recorte de 82.000 euros en subvenciones.

En cuanto a Vox, los informes ponen el foco en la financiación a través de un crédito de siete millones de euros concedido por el banco húngaro MBH Bank Nyrt, vinculado al primer ministro Viktor Orbán, socio parlamentario de Vox en Estrasburgo. Tras la retención de depósitos, la cantidad efectiva utilizada fue de 6.594.956 euros, tanto para las elecciones europeas de 2024 como para las generales de 2023. Sin embargo, el banco incumplió el artículo 133.3 de la LOREG, que obliga a enviar al Tribunal información detallada de la operación entre los 100 y 125 días posteriores a los comicios. Como resultado, no se pudo certificar si la financiación provenía directa o indirectamente de un gobierno extranjero, algo expresamente prohibido por la Ley de Financiación de Partidos.

Por su parte, la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Alvise Pérez, no presentó ninguna contabilidad ante el Tribunal. Esta falta de información impidió determinar si su financiación cumplía los límites legales y las prohibiciones de donaciones. Según el cálculo de subvenciones, SALF podría haber recibido más de un millón de euros, incluyendo 97.526,22 euros por sus tres escaños y alrededor de 864.000 euros por los votos obtenidos. El Tribunal recomendó no abonarle ninguna subvención hasta que se presente la contabilidad requerida.

La decisión final dependerá del PP

El debate en la Comisión Mixta llega en un momento de especial relevancia política, justo en plena campaña electoral en Extremadura. La propuesta del PSOE sobre la Fundación Disenso necesita el respaldo del PP, que es el grupo mayoritario en la Comisión y cuyo voto será decisivo para que se apruebe la fiscalización especial. La iniciativa socialdemócrata defiende la necesidad de transparencia y control sobre los fondos privados vinculados a partidos, mientras que el bloque de Vox insiste en que las transferencias a la fundación son habituales y legales.

Con todo, la Comisión Mixta se convierte en un escenario clave para analizar la financiación de partidos y fundaciones políticas, la aplicación estricta de la LOREG y la Ley de Financiación de Partidos, y el cumplimiento de los criterios de transparencia que marca el Tribunal de Cuentas. La discusión pone de relieve la tensión entre control público y autonomía interna de los partidos, así como la necesidad de asegurar que los recursos públicos se gestionen de manera correcta y responsable.