El 23 de julio dibujó un complejo panorama político en España. De nuevo, pese a perder buena parte del músculo de antaño, el independentismo catalán es crucial para articular mayorías en un Congreso de los Diputados partido en dos bloques bien delimitados. En medio de esas dos aguas se encuentra Junts. La formación soberanista es crucial para decantar la balanza hacia uno u otro lado del arco parlamentario, aunque lo más factible es que su apoyo vuele hacia los progresistas. Sin embargo, la maniobra orquestada por la derecha judicial en la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de amparo de un Carles Puigdemont que aún está al mando de las operaciones de los neoconvergentes, ha alimentado el temor en Moncloa. La facción socialista del Ejecutivo focaliza todos sus esfuerzos en las negociaciones por el control de la Mesa de la Cámara Baja y, en segundo término, de una futura investidura.
La decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (TC), con el voto particular de la togada progresista Laura Díez, encendió las alarmas en la residencia presidencial y en el Partido Socialista. El Gobierno trabaja sotto voce en las derivadas de la sesión constitutiva de este próximo jueves. El 17 de agosto se constituyen los dos órganos camerales del país, con todos los ojos puestos sobre el Congreso de los Diputados. La composición de la Mesa del Parlamento arrojará alguna que otra pista de los derroteros que tomarán las negociaciones para la confección de un nuevo Gobierno. Los nacionalistas se erigen como pilares fundamentales en la lucha encarnizada que libran PP y PSOE, aunque con diferente nivel de urgencia y estrategias varias. En Génova mantienen a duras penas la esperanza de atraer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) pese a sus constantes portazos, mientras que en Ferraz agotan, desde la prudencia, todas las vías para que cuadrar la compleja aritmética parlamentaria.
Los dos togados conservadores -César Tolosa y Concha Espejel, muy vinculada al Partido Popular- desestimaron el recurso de amparo presentado por las defensas de Carles Puigdemont y Toni Comin contra la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo. En el auto emitido por el órgano de garantías se recoge el voto particular de la magistrada progresista, quien se quejó abiertamente del modo de proceder de sus colegas al no esperar al pleno del tribunal para tomar una determinación y aprovechar la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones.
Pendientes de Junts
En estas aguas navegan en el Palacio de la Moncloa, con el temor a enturbiarse y perder aliados por el camino ante la jugada de la derecha judicial. A pesar de que en los planes del Ejecutivo no entra -por el momento- airear la polémica y extenderla en el tiempo, entre los miembros del gabinete de Sánchez ya barruntan que el sector conservador de los togados hará todo cuanto esté en su mano para entorpecer los intentos de los socialistas por revalidar la coalición progresista, sostenida por el independentismo y concretamente, por el partido que dirige desde su cuartel general de Waterloo Carles Puigdemont. Junts es clave para desbloquear las cuentas parlamentarias de cara a la investidura.
A pesar de la oposición del Gobierno al fallo del Constitucional, hay quien aprovechó la coyuntura para mandar un mensaje al independentismo catalán para advertirles de las consecuencias que podrían derivar de un posible gobierno del PP con sus aliados de la ultraderecha. En cambio, desde el prisma nacionalista, el auto emitido por la Sala apenas causó sorpresa, según explica El País. El entorno del expresident de la Generalitat no suelta el hueso argumental de una Justicia rendida a los intereses de la derecha en su cruzada contra la soberanía del pueblo de Cataluña. De hecho, el secretario general de los neoconvergentes, Jordi Turull, aseguró que “hace años que el trabajo del Constitucional es decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo”.
Junts: "En España no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que exista sincronización de poderes"
Mientras tanto, desde la órbita de Junts esquivan todo tipo de preguntas sobre la investidura para reforzar la indignación del nacionalismo catalán ante una nueva cacicada judicial por parte del Estado. No obstante, enfocan sus críticas hacia Génova, a quienes consideran instigadores de una sentencia que busca torpedear las negociaciones para la Mesa del Congreso y la investidura. Puigdemont no va a caer en las provocaciones de la derecha judicial. Al menos así lo trasladan desde su entorno más cercano, pero sí presionan al Partido Popular, al que señalan como único responsable de orquestar una maniobra para forzar una repetición electoral e impedir la reedición de un Gobierno progresista.
De hecho, algunos pesos pesados del aparato neoconvergente, como su presidenta, Laura Borràs, se pronunciaron después de que se publicitara el fallo de la Sala. “El aparato judicial actuó en la campaña electoral y lo hace ahora pensando en la investidura. No fallan. Resuelven en tiempo récord, en agosto… En España no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que exista sincronización de poderes”, escribió en Twitter la líder de Junts, vinculando al Partido Popular con el argumento de Deep state que tanto ha agitado el secesionismo catalán. Incluso hay quien en el seno de la organización entiende el ardid conservador como una porción de una maquinaria para acorralar al independentismo ante un posible portazo a Sánchez y que, a su vez, desde Ferraz señalen al propio Puigdemont como el responsable de una nueva cita con las urnas. Al margen de encender las iras del propio expresident para que suba el precio de un presumible apoyo y se proyecte la imagen de un PSOE debilitado por sus socios, aunque ya avanzan que no caerá en la provocación.
