Sumar se personará en el Tribunal Supremo para interponer una demanda contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores que aprobaron la declaración del organismo contra la Ley de Amnistía. La plataforma que lidera Yolanda Díaz entiende el pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces como una “inaceptable intromisión” en la función legislativa del Congreso de los Diputados, al autorizar y participar en el Pleno Extraordinario que dio luz verde al manifiesto. Por su parte, el ala socialista del Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se ha desmarcado de la maniobra de sus socios.

La denuncia interpuesta por el Grupo Parlamentario de Sumar acusa directamente a los miembros del órgano de gobierno de los jueces de haber incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa, lo cual conllevaría a una inhabilitación en el ejercicio de su cargo público, por la promoción de una resolución “ilegal”, “arbitraria” y que transgrede las competencias del Consejo General del Poder Judicial. El escrito se dirige a los ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.

La querella también apunta a Wenceslao Olea, que votó a favor, y al presidente del órgano de gobierno de los jueces, que votó en blanco. A Guilarte le atribuyen el papel de cooperador necesario al permitir la convocatoria del pleno de la discordia. Subrayan los magentas que el bloque conservador del Poder Judicial se arrogó atribuciones exclusivas del Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una ley cuyo texto aún no estaba siquiera registrado.

De hecho, puntualizan que la intención de los denunciados era trasladar a la ciudadanía “un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social”, especialmente cuando se revistió a la declaración de carácter institucional. Por ello, en la plataforma que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pone de relieve que la resolución “descalifica e imputa conductas gravísimas” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que podrían entenderse como “desconsideración entre instituciones”. Incluso sugieren que podría entrar en contradicciones con lo estipulado por el propio CGPJ en sus resoluciones previas.

"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", profundiza el partido magenta, quien asimismo cuestiona la base legal a la que se sujeta el presidente del órgano de gobierno de los jueces para convocar el pleno.

El PSOE se desmarca

La maniobra no corresponde a una decisión conjunta de la coalición y así lo ha querido dejar claro el Partido Socialista. La formación mayoritaria del Gobierno, a través de la voz del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha desmarcado de la querella de los magentas, abogando por una nueva etapa en la que predominará el diálogo y la construcción de nuevos puentes entre Moncloa y el Poder Judicial.

En este sentido, Bolaños ha prometido hacer el “mayor esfuerzo posible” para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva cinco años caducado. Un compromiso que el flamante titular de Justicia afrontará con el “máximo diálogo”, a pesar de la enésima negativa del Partido Popular.

Bolaños, que se reúne este mismo viernes con Guilarte, ha dejado patente que la querella no comporta una decisión política del PSOE, sino que corresponde en exclusiva a Sumar, pese a ser el socio minoritario de los socialistas en el Ejecutivo. El ministro de Justicia insiste en resolver las cuestiones pendientes a través de la palabra y de la negociación, apelando a la nueva etapa abierta tras la conformación de un renovado Ejecutivo. “Hay que tender puentes con el CGPJ”, ha asegurado.

En esta línea, Bolaños ha precisado que su objetivo es que el Poder Judicial recupere el lustre de antaño y “devolverle a la normalidad institucional que nunca debió perder”. Considera que si el bloqueo al que se ha sometido la institución persiste, el descrédito de la Justicia y del país se incrementará. “Voy a hacer el mayor esfuerzo posible con el máximo diálogo y el máximo respeto con todos los profesionales para renovar el CGPJ”, ha redundado.