El Sindicato de Inquilinos llama a la rebelión de Madrid contra los fondos buitre: "O reventamos la burbuja o nos echan"

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado, para el jueves 30 de octubre a las 17 horas, una concentración para contraprogramar el Rental Housing Forum, un coloquio participado y patrocinado por diferentes empresas dedicadas al mercado inmobiliario y a la especulación con inmuebles. 

Este foro se autodefine como "el principal encuentro profesional sobre alquiler residencial en España". "Somos un espacio estratégico donde convergen todos los actores clave del ecosistema, desde promotores y fondos de inversión hasta gestoras patrimoniales, operadores build to rent, administradores de fincas, aseguradoras y entidades públicas, para compartir ideas, identificar oportunidades y afrontar los grandes desafíos del sector", se autodescribe el evento, en el que participarán conocidas empresas del sector como TestaHomes, Idealista, Fotocasa, Solvia, Asprima o FAEC, entre muchas otras. Se celebrará en el auditorio Beatriz Madrid, ubicado en el número 29 de la calle José Ortega y Gasset de la capital, justo donde el Sindicato de Inquilinas ha convocado la manifestación.

"Se convoca a los vecinos y vecinas de Madrid que quieran mostrar su rechazo a los buitres que se quedan nuestras casas y nos roban el salario. El problema de la vivienda no va a explotar solo. Estamos en un modelo ante el que si no hacemos nada, nos expulsarán. O reventamos la burbuja o nos echan", es la reivindicación principal de la organización.

Madrid, epicentro de la especulación inmobiliaria

La especulación inmobiliaria se ha convertido en un problema de primer orden en todo el país, y en concreto en Madrid, con extrema gravedad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha sacado recientemente adelante su nueva modificación del ordenamiento urbano, denominada como Plan Reside, para reestructurar la distribución de los pisos turísticos, cada vez más presentes en la capital, la mayoría de ellos de forma ilegal. Y lo ha hecho sin siquiera el apoyo de Vox, pues la iniciativa ha generado mucha polémica al dejar las puertas abiertas a los grandes propietarios y fondos buitre para expulsar a comunidades de vecinos enteras y especular con sus viviendas.

La oposición, tanto PSOE como Más Madrid, han coincidido en este análisis y han bautizado la modificación como “Plan Especula” y “Plan Expulsa”, respectivamente. El principal problema es que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Borja Carabante en materia de Urbanismo, ha establecido el impedimento de coexistencia de viviendas residenciales y viviendas de uso turístico (VUT) en el mismo edificio para aquellos que se ubican dentro de la almendra central, pero ello puede significar que un bloque que acoja a familias sea desalojado y transformado por completo en bloque destinado al uso turístico.

La modificación hace diferenciaciones entre el centro histórico, que incluye a los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, Retiro y parte de Arganzuela, Moncloa y Chamartín, y el resto de barrios de Madrid distribuidos en localizaciones como Arganzuela, Usera, Latina, Carabanchel, Tetuán, Moratalaz o Vallecas. En el caso de los primeros, no se permitirán pisos turísticos dispersos; es decir, no podrán ubicarse en los edificios en los que residan vecinos. En el segundo caso, sí se permitirán mientras tengan un acceso independiente (como hasta ahora) y se ubiquen en los sótanos o los bajos y primeras plantas.

Esta diferenciación puede provocar, por un lado, que las VUT dispersas se trasladen a barrios de Madrid cercanos al centro, como Carabanchel o Vallecas, y tensionen aún más los precios de la vivienda en las zonas de menor renta. Por otro lado, al permitir el establecimiento de estas VUT en edificios del centro histórico siempre y cuanto todas las viviendas en su totalidad sean de esta naturaleza, las grandes propiedades que abundan y avanzan en barrios como Lavapiés o Malasaña podrían desalojar a los vecinos para transformar la totalidad del bloque, práctica que ya está sucediendo.

¿VUT en edificios completos en APE? DRAMA. Mucho más flexible. Ojo a esto: el 67 % de TODOS los edificios del APE (11968 de 17839) de una forma u otra podrán convertirse enteros en pisos turísticos. Llamada a grandes fondos para comprar bloques completos. ESTOS EDIFICIOS: pic.twitter.com/CGbSqroU3L

— Antonio Giraldo (@giraldeo) May 21, 2025

De los datos generales a lo concreto: el caso de Maricarmen

Poner nombre y apellidos a los problemas suele ser una buena manera de acercarse a ellos y entenderlos con un prisma más profundo. El próximo 29 de octubre, un juzgado pretende expulsar a Maricarmen, una señora de 87 años, de la casa en la que lleva viviendo desde 1956. Tras 70 años en su casa, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones se hizo con ella y ahora quiere que asuma un incremento del 275% de alquiler o, de no hacerlo, echarla. 

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esta vivienda en la madrileña calle de Sainz de Baranda, en el barrio de Ibiza, que ahora se ha convertido en uno de los más caros de toda la ciudad. Pocos años después, el hombre murió y el contrato se subrogó a su mujer, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó ese contrato, subrogándose en las mismas condiciones: una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años.

Entre 1950 y 1985, la legislación española determinaba que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. En 1985 esta medida se revirtió, pero se mantuvo la retroactividad para los contratos firmados con anterioridad, que desde entonces se conocieron como contratos "de renta antigua". En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos de Maricarmen vendió toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen para ofrecerle la compra del piso en el que vivía desde hacía décadas, pero la pensionista no podía permitirse pagar el precio que le impusieron. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias. Urbagestión exige ahora a la pensionista un alquiler mensual de 1.650 euros, precio ya disminuido porque el resto de apartamentos del inmueble se alquilan a unos 2.650, pese a ser conscientes de que la pensión de la octogenaria es de 1.450 euros. Si no paga, le harán abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años.

Los administradores de Urbagestión, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario, llevaron a la anciana ante la justicia en su empeño de desahuciarla. En primera instancia, los tribunales le dieron la razón a la inquilina, pero los administradores no han parado hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón en marzo. El motivo que se ha alegado para tal resolución ha sido que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse liquidado en 2007 porque "una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%". La discapacidad de Maricarmen, con 87 años y varias operaciones de cadera a cuestas, es del 50%, por lo que los quince años de subrogación y los setenta años viviendo en la casa, a vista de esta sentencia, no le han otorgado ningún derecho efectivo.

Cabe destacar, por otra parte, que si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. Fueron las leyes machistas del franquismo las que hicieron que el primer contrato fuera firmado únicamente por su padre. A juicio del Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a Maricarmen en este proceso, es "una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes", según el artículo 3 del Código Civil.