La legalidad, y la solidaridad, van por barrios. O, más bien, por Comunidades Autónomas. Después de que el pasado 24 de mayo las coaliciones progresistas desalojaran del poder al Partido Popular en numerosas regiones, algunos líderes conservadores ya se han aplicado el cuento. Es el caso de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que ha hecho público su desacuerdo con el gobierno central y que ha anunciado que la sanidad pública en Madrid atenderá a los sin papeles, que habían quedado exentos de este derecho tras el Real Decreto Ley 16/2012, aprobado por el gobierno de Rajoy e impulsado por la ex ministra Ana Mato. Mientras Cifuentes se convierte en la garante autonómica popular de estos inmigrantes irregulares, en otras comunidades existen candidatos electorales que, como Xabier García-Albiol, prometen perseguir a la inmigración, siempre causante de malestar y violencia. Mensajes de esperanza contra los de odio: ¿acaso se acercan elecciones y posibles relevos en el partido?

La sensibilidad del ministro
Dimitida Mato en noviembre de 2014 —Gürtel, confeti, Jaguar y Ébola mediante—, el nuevo titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el sorayista Alfonso Alonso, renegó de la polémica norma y anunció su inmediata modificación, aunque descartando la recuperación de la tarjeta sanitaria tal y como esta había existido anteriormente. La tardanza de Alonso y la falta de sensibilidad social del ministerio sanitario a este respecto han llevado a diversos gobiernos autonómicos a la puesta en marcha de medidas que, si bien no suponen una objeción a la ley estatal, sí modifican algunas de sus implicaciones fundamentales. En este sentido, gobiernos como los de la Comunidad Valenciana y Cantabria, entre otros, ya han anunciado que los inmigrantes sin papeles podrán recibir atención médica de diversos tipos.

El verso suelto
Quizá con la intención de figurar como un verso suelto —y como una firme candidata al relevo en el partido, una vez que el equipo de Rajoy quede desautorizado por las próximas elecciones generales—, Cristina Cifuentes ha mostrado la cara más amable de la derecha al seguir a las regiones que disienten de la norma estatal. En este sentido, la Comunidad de Madrid elaborará un “documento específico” (no una tarjeta sanitaria como existiera en el pasado, en línea con el ministro Alonso) que permitirá a dichos inmigrantes ser atendidos por especialistas y por centros de atención primaria. Para la presidenta regional, lo prioritario y lo “moral” es atender a “las personas”. Algo que se puede interpretar como una crítica a las políticas públicas del gobierno central: ¿acaso no eran estas personas cuando en pleno 2012 se les negó el derecho a ser atendidas? ¿Existen diferentes líneas ideológicas dentro del gobierno popular, en función del tipo de administración pública y de las expectativas electorales?

Limpiando Badalona
La presión migratoria y sus consecuencias sobre los presupuestos y servicios públicos es vista de otra manera en comunidades en las que el PP también gobierna. Además, el partido conservador ha propuesto para las elecciones catalanas del 27 de septiembre a Xabier García-Albiol, consumado defensor de la seguridad y la limpieza de comportamientos que dañen la convivencia. Unos comportamientos que, para el ex alcalde de Badalona, son normalmente protagonizados por inmigrantes irregulares, especialmente gitanos rumanos. El propio Albiol ha hecho propaganda de este extendido prejuicio durante varias campañas electorales, lo que le ha valido diversas denuncias de las que hasta ahora ha salido absuelto, pero también una victoria electoral, la de mayo de 2011. Apartado del Ayuntamiento badalonés tras el 24 de mayo, el principal garante de la mano dura —como posible alternativa a la fracasada Plataforma Per Catalunya—, aspira a gobernar la Generalitat con el apoyo, como mínimo de Ciutadans. ¿Puede un partido de gobierno conciliar dos políticas opuestas dentro de un mismo país? ¿Empieza Rajoy a creer en una excepcionalidad cultural catalana o bien está perdiendo las riendas del partido? Sanidad y Cifuentes se han dado ya la espalda, mientras la dirección nacional no parece estar presente: el “dejar hacer” ha sido siempre uno de los mantras del presidente nacional.