Desde hace años, diversas investigaciones y denuncias han señalado opacidad y posibles fraudes en las cuentas de Vox. Exdirigentes como Juan Jara e incluso la exdiputada Macarena Olona han advertido que “las donaciones han sido deliberadamente genéricas y no cumplen la ley” y que el partido “se han desviado siete millones de euros a una fundación privada” bajo control de su líder, un manejo que “apesta a corrupción”. De hecho, este miércoles, el Tribunal de Cuentas ha emitido una tercera sanción contra la formación de Abascal, elevando el acumulado de multas a cerca de 1.150.000 euros.
Uno de los casos más controvertidos es el del préstamo del banco húngaro MBH. Las cuentas anuales de Vox de 2023 revelaron que el partido ultra había ocultado por años el origen de un préstamo millonario. Según El País, en septiembre de 2024 Vox admitió haber recibido 6,5 millones en junio de 2023 y otros 7 millones en 2024 de MBH Bank, entidad financiera promovida por el Gobierno de Viktor Orbán. La dirección de Vox admitió que recurrió a ese banco “porque los bancos españoles negaron la financiación” que sí concedían al PP o al PSOE. Sin embargo, la documentación pública indica que BBVA y Santander sí ofrecieron créditos (por valor de 1,8 y 0,95 millones) para campañas municipales y autonómicas, lo que desmiente la versión oficial de Vox.
La ley prohíbe expresamente que partidos reciban dinero de gobiernos o entidades públicas extranjeras (art.7 Ley de Financiación de Partidos). MBH Bank está controlado en gran parte por fondos estatales húngaros vinculados a Orbán. El Tribunal de Cuentas advirtió que MBH nunca informó de esas operaciones, como exige la ley, por lo que “no ha sido posible acreditar” si está participada por el Estado húngaro. Pese a estas sospechas, la Fiscalía Anticorrupción archivó en junio de 2025 la investigación penal sobre este préstamo: argumentó que fue un préstamo real –que Vox ya reembolsó íntegramente en septiembre de 2024– y que no hay delito de “donación ilegal” ya que se devolvió todo el principal con interés.
En la práctica, Vox contrató dos créditos extranjeros consecutivos: 6,5 millones para las elecciones de 2023 (ya devuelto en un día en septiembre de 2024) y 7 millones para las europeas de 2024. Al cierre de 2024, aún quedaban pendientes más de 2 millones por pagar de ese segundo préstamo. Los afiliados y medios de Vox justificaron el recurso a esa banca exótica con el argumento de “demonizar” a las entidades financieras españolas, pero lo cierto es que el banco húngaro imponía intereses del 11-15%, muy superiores al 6-8% que ofrecían BBVA o Santander. Todo ello alimenta la sospecha de que Vox buscó deliberadamente financiación en un banco ligado a un aliado ideológico (Orbán) precisamente para sustentar su estrategia electoral. Mientras, la formación acusa al Gobierno de “amenazar a los bancos” para impedirles prestar a Vox, sin aportar prueba alguna.
Dinero del exilio iraní
Otro escándalo histórico es el financiamiento por parte del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI). Vox nació a finales de 2013 con una lluvia de donaciones desde el exilio iraní: entre diciembre de 2013 y abril de 2014, simpatizantes iraníes del CNRI realizaron 141 transferencias por casi 972.000 euros a la recién creada formación española. Estos fondos pagaron el alquiler de la sede, sueldos de Abascal y empleados, y equipo informático. Alejo Vidal-Quadras, entonces presidente de Vox, reconoció más tarde que Abascal sabía del origen extranjero de los pagos y que “estaba encantado” con el apoyo.
La Ley Electoral prohíbe categóricamente que partidos acepten donaciones de entidades extranjeras (Art.7 LOFPP). A pesar de ello, Vox recibió el equivalente al 80% del presupuesto de su campaña europea de 2014 del CNRI, un grupo opositor al régimen iraní. Vox insistió en que sólo se trataba de “donaciones de personas particulares” y cuestionó la veracidad de las informaciones. Pero el propio partido admitió públicamente donaciones “particulares” del exilio iraní durante la etapa de Vidal-Quadras al frente de Vox, lo cual coincide con las revelaciones periodísticas. Así, la ultraderecha denunció durante años la “corrupción” del bipartidismo mientras ocultaba al menos un millón de euros de financiación iraní. Esa hipocresía saltó en 2019 cuando, tras la publicación de estos datos por la prensa, figuras de Vox se cubrieron ante la opinión pública. Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas no ha actuado penalmente en este caso (al tratarse de donaciones realizadas antes de la constitución formal de Vox).
Huchas y micropagos: otras sospechas de financiación irregular
La denuncia del PSOE ante la Fiscalía también señalaba el sistema de “huchas” en mesas callejeras de Vox. Fotografías incluidas en la denuncia muestran casetas del partido con cajas de caudales donde se depositan aportaciones anónimas de menos de 300 euros. Según la ley, las donaciones anónimas están prohibidas, y Vox habría tratado de blanquearlas ingresándolas como ventas de merchandising por cantidades pequeñas (estrategia que internamente llamaban “pitufeo” al evitar la trazabilidad). La acusación sostiene que Vox habría contabilizado estas donaciones irregulares como ingresos de “actividades promocionales”.
Por estos hechos, el Tribunal de Cuentas ya sancionó a Vox en julio de 2024 con 233.324 euros por aceptar donaciones finalistas prohibidas. Es decir, ingresaron dinero anónimo para pagar la querella contra el exjefe catalán Quim Torra y la fianza de un simpatizante condenado, violando la ley electoral. Dicha multa administrativa impidió a la Fiscalía reabrir estos aspectos en sede penal. En paralelo, estos días Anticorrupción investiga si Vox disfrazaba financiación ilegal con sus puestos callejeros, abriendo “un frente judicial” que el propio partido calificó de “campaña orquestada” contra su formación.
Más allá de esto, Vox ha sido multado en varias ocasiones por irregularidades financieras. En abril de 2025 el Tribunal de Cuentas impuso otra sanción de 862.496 euros (infracción “muy grave”) por donaciones en efectivo no identificadas en 2018-2020, algo que desde la formación justificaron con la venta de bolígrafos y pulseras. Este julio se ha vuelto a sancionar a Vox por irregularidades en los ingresos de 2020, ligados a estas micropropinas.
Otras auditorías detectaron pagos cuestionables: facturas genéricas a proveedores, aportaciones encubiertas y contribuciones sospechosas. Por ejemplo, Vox transfirió 7 millones a la Fundación Disenso (think-tank de Abascal) sin aclarar su origen, lo que provocó la dimisión de su gerente económico.
También se han encontrado “sobresueldos” y ocultaciones en las declaraciones de bienes de diputados de Vox, así como ingresos de afiliados que escapaban a la fiscalización normal. En conjunto, según Público, Vox ha recibido desde su creación cerca de 1,8 millones en donaciones sin transparencia (2013-2017), con ex vocales como Jara denunciando que esos datos eran “genéricos, ambiguos y no cumplen la ley”.
La cara de la hipocresía
Toda esta maraña de irregularidades deja a Vox en una posición irónica. El partido ha hecho bandera de combatir la “corrupción” del PSOE y del PP: en cada escándalo bipartidista suena la letanía de Vox contra los “podridos” y “ladrones” del sistema. Sin embargo, el propio vocero nacional, José Antonio Fúster, tuvo que reconocer ante los afiliados que el dinero iraní entró “desde el primer día”, y que Abascal estaba “encantado” con él. Más recientemente, el secretario general Ignacio Garriga aseguraba que “los bancos españoles negaron la financiación a Vox cuando sí se la ofrecen al resto de partidos”, pese a haber aceptado en paralelo créditos españoles sin problema.
Las denuncias que hoy enturbian a Vox ponen en evidencia la doble moral del partido. Mientras Vox arremete contra las tramas del bipartidismo en campaña tras campaña, sobre su mesa de trabajo aparecen contratos opacos, cuentas anónimas y préstamos extranjeros. Como señala el exvicepresidente Juan Jara, el partido “incumple la ley de partidos” y oculta sus cuentas ante cualquier escrutinio. A la espera de las conclusiones judiciales y administrativas que detallen responsabilidades, lo cierto es que la formación ultra no puede escudar su gestión en victimismo: la brutalidad de sus acusaciones a los demás contrasta con la acumulación de irregularidades financieras en su propio casillero. Vox, que jura luchar contra la corrupción ajena, ahora debe responder por la suya propia.
