Tras su compromiso de amnistiar a los independentistas catalanes a quienes necesita para ser investido de nuevo presidente, la palabra de Pedro Sánchez ha sufrido una nueva devaluación que, milagrosamente, todavía logra compensar con sus buenas obras, certificadas por una más que notable gestión política y económica al frente del Gobierno de España. Le sucede lo contrario de lo que habitualmente nos sucede a la mayoría: firmes en las palabras, pero poco fiables en las obras. Sánchez sigue vivo a pesar de sí mismo, sigue coleando a pesar de las numerosas veces en que dijo una cosa e hizo la contraria: lo salva haber acertado en las obras, pero lo condena resultar tan poco fiable en las palabras. Mas como su oficio no es el imperativo categórico kantiano sino la política, que suele fabricarse con materiales casi siempre innobles, el incumplimiento flagrante de lo prometido no ha logrado acabar con él.

Ahora se encuentra ante su encrucijada más comprometida, pues una mayoría clara del país rechaza la amnistía a Carles Puigdemont y a quienes le secundaron en su aventura contra la Constitución y el Estado de derecho. Así lo certifican las encuestas. La de Simple Lógica difundida esta semana por eldiario.es es contundente. Las derechas lo tienen claro: un 96% de los votantes del PP y un 97,1% de los de Vox rechazan de forma tajante la amnistía. En la izquierda hay más división: un 36 por ciento de los votantes socialistas la rechazan; solo convence a un 20 por ciento de ellos, aunque un 43 por ciento la aceptaría si con ello se forma de nuevo un Gobierno de progreso.

Globalmente en todo el país, un 56,5% de los encuestados la rechazan aunque suponga una repetición de las elecciones y un 22% la apoya si posibilita un Gobierno de izquierdas. Quienes la respaldan sin condiciones son un apenas 17 por ciento. Esos son los datos del conjunto de España, que en Cataluña varían sensiblemente: un 39 por ciento la respalda sin condiciones, un 23 la asume si permite formar Gobierno y un 32 la rechaza.

Si finalmente hay amnistía y, por tanto, nuevo Gobierno, a Pedro Sánchez le costará no poco recuperar a los votantes socialistas que rechazan el formato de perdón que reclama Puigdemont. A uno de esos votantes le hemos pedido que resuma las razones de su rechazo. No son nuevas, pero son sinceras y están formuladas desde la izquierda, no desde la derecha, aunque también desde el enfado, desde un monumental enfado, con el presidente. Esto es lo que él escribió y que aquí nos limitamos a transcribir:

“Puigdemont no ha podido ser juzgado por sus actos porque huyó de la justicia española, al contario de los que asumieron sus responsabilidades, sufrieron un proceso, fueron condenados e ingresaron en prisión. Más tarde, como era deseable, fueron indultados y reintegrados a la vida política. ¿Por qué hacer una excepción con quien salió huyendo? Sería un agravio para los otros. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que sea necesario una amnistía? El cambio es claramente que Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para formar gobierno, y la obsesión de Pedro es tener el gobierno”. 

“¿Hablaría de amnistía Pedro si hubiera conseguido los votos suficientes para formar un gobierno, siquiera fuera de coalición? Claro que no, como así lo vino manifestando a lo largo de los últimos años. ¿Qué hacer entonces con Puigdemont? Esto: esperar a que vuelva voluntariamente o lo extraditen, que sea juzgado y posteriormente se le conceda el indulto de prisión, no así el de inhabilitación”.

“La amnistía solo se justificaría si las acusaciones las formulara un Estado represor y totalitario, como en la Transición. No es el caso. Esa amnistía, para la que habría que violentar, aunque fuera mínimamente, la Constitución solo respondería al deseo de un hombre y un partido de seguir gobernando España, un hombre y un partido que, hasta antes de ayer, renegaban de esa misma amnistía. Ante esta situación, obviamente, la única salida sería convocar nuevas elecciones y, en caso de que los resultados fueran similares a los de las últimas, procurar una gran coalición entre el PP y el PSOE, los dos partidos más votados”.

La razón principal, pues, de que estemos hablando de amnistía desde el 23 de julio es, obviamente, que Pedro Sánchez necesita los votos de Junts. Es un pecado original que ningún relato puede borrar, aunque la gente estaría dispuesta a perdonarlo si la amnistía tuviera los efectos benéficos que esperan de ella quienes la propugnan y que ansía una amplísima mayoría de catalanes.

Quienes se oponen a ella no consideran relevante el hecho de que la amnistía pudiera contribuir -y es difícil negar que así fuera- a la normalización política de Cataluña al propiciar el regreso del independentismo a la institucionalidad que partidos catalanistas de orden como ERC y la antigua Convergencia dinamitaron en septiembre y octubre de 2017. ¿Existe el riesgo de que Junts y Esquerra vuelvan a las andadas entregándose de nuevo a una unilateralidad que deja fuera de su proyecto a la mitad de los catalanes? Sin duda, pero también es difícil negar que la amnistía ayudaría a minimizar ese riesgo, del mismo modo que los indultos y la política de distensión del Gobierno de Sánchez han favorecido el declive electoral del independentismo. La amnistía es la continuación de ese camino de distensión, pero el riesgo de que salga mal es muy alto. Tan alto como el de que no haya acuerdo y debamos ir de nuevo a unas elecciones que muy probablemente ganarían las derechas.