Emilio Cuatrecasas, expresidente Ejecutivo y actual presidente de honor del bufete de abogados Cuatrecasas, empresa que ha fichado a Soraya Sáenz de Santamaría, se libró de la cárcel por un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado bajo el mandato del Gobierno en el que la vicepresidencia era ocupada por la propia Sáenz de Santamaría. Tras su derrota en las primarias, la número dos de Mariano Rajoy vuelve al ruedo, y lo hace no exenta de polémica. No solo por la información desvelada por ElPlural.com, sino porque, además, podría estar transgrediendo la Ley de Incompatibilidades que su Gobierno aprobó y ella misma defendió en rueda de prensa (julio de 2012).
Según el comunicado del despacho Cuatrecasas, las funciones de Sáenz de Santamaría se limitarán a “asesorar a empresas” en todo lo relacionado con “el cumplimiento normativo y gestión de riesgos”. Además, aseguran que su flamante solo se ha concretado tras “cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas".
No obstante, el cargo que ostentará, así como sus funciones, podrían violar la Ley de Incompatibilidad o, al menos, juega con sus límites.
El Artículo 15, Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, reza en su punto uno: “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario”.
En otras palabras, la exvicepresidenta no podría trabajar en una empresa a la que le haya afectado alguna de las decisiones del Gobierno del que participó.
Asimismo, el punto cinco del mismo artículo hace referencia explícita a la incompatibilidad de “contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas”.
Ambas aristas podrían ser transgredidas. En primer lugar, parece evidente que el acuerdo de Cuatrecasas con las acusaciones, en este caso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ambas instituciones dependientes del Gobierno del que participaba Sáenz de Santamaría, influyeron en el devenir del bufete de Cuatrecasas.
La Fiscalía se querelló contra Emilio Cuatrecasas por defraudar el IVA y el IRPF del 2006, 2007 y 2008; el impuesto de sociedades del 2006; y el Impuesto sobre el Patrimonio del 2006 y 2007. El asunto se saldó con la devolución a Hacienda de 4,13 millones de euros y una multa cuyo montante total ascendió a 1,5 millones.
Se pedían más de ocho años de prisión por los ocho delitos fiscales, pero tras el pacto, la pena quedó en un tirón de orejas económico y 24 meses de cárcel, justo el límite para evitarla cuando el expediente está libre de antecedentes penales.
Pero además, la normativa vigente -insistimos, sancionada por el Gobierno de Rajoy con Santamaría de número dos- no permite la asesoría técnica a empresas afectadas por alguna decisión gubernamental. Los trabajos de Sáenz de Santamaría en Cuatrecasas serían de asesoría a empresas. Aún en el caso de que no se contemple que Cuatrecasas fuera afectada por el pacto anteriormente citado, se podría igualmente estar jugando con los límites de la Ley puesto que Sáenz de Santamaría podría asesorar a empresas que sí han estado relacionadas directamente con decisiones de su Ejecutivo. Se trataría, entonces, de un fichaje pantalla: es contratada por una empresa que a priori no entraría en los supuestos descriptos en la Ley de Incompatibilidades para asesorar a compañías que sí lo estarían.
En cualquier caso, corresponde al bufete "adoptar durante el plazo indicado [dos años] procedimientos de prevención y detección de situaciones de conflicto de intereses".
