Este lunes ElPlural.com ha hecho saltar las alarmas con una exclusiva de primera línea informativa. El bufete de abogados Cuatrecasas ha anunciado que contará en su plantilla con la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora bien, si la legalidad de la contratación se está estudiando y todavía no se puede afirmar con rotundidad que haya incumplimiento alguno de las leyes provistas por el BOE que especifican las incompatibilidades tras el cese de sus actividades como representante pública, la ética del cambio de aires sí que se pone en cuarentena.
Como ha adelantado este medio, Emilio Cuatrecasas se libró de la cárcel por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando Sáenz de Santamaría era vicepresidenta. Indulgencia por parte de la dirigente popular que hoy se le recuerda al entrar a formar parte de la plantilla del bufete.
La reacción política no se ha hecho esperar. Tanto Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, como José Luis Ábalos, ministro de Fomento, han puesto en duda la ética de Sáenz de Santamaría achacándole que haya utilizado las puertas giratorias para recalar en la Fundación Cuatrecasas.
Aun así, Ábalos ha querido dejar claro que la postura del Gobierno es aclarar toda la situación, estudiar si existe algún tipo de incompatibilidad respecto a la ley. Por ahora, ha afirmado que según el primer informe no se aprecia nada reprochable legalmente: “Es verdad que función pública ha hecho un informe en el que en principio no observa incompatibilidad para el ejercicio de sus funciones. Pero también recuerda que a tenor de la ley no puede trabajar en aquellos aspectos en lo que haya participado ejerciendo como vicepresidenta en su mandato”.
La incapacidad de trabajar en asuntos relacionados con su desempeño profesional como representante pública ha dicho que le compete a ella explicarla, animándola a que explique cuál será su puesto dentro de la empresa: “Políticamente creo que es muy difícil estar por encima de las incompatibilidades. Desde el punto de vista legal, lo que le corresponde al Gobierno es limitarse estrictamente a lo que dice la ley: no puede dedicarse a aspectos en los que haya podido participar como vicepresidenta. Habrá que ver en qué cosas participa el bufete de abogados al que se ha unido Soraya”.
