Pablo Ruz acelera la 'limpieza' de sus papeles ante lo que parece cada vez más clara que será su decisión, no solicitar la plaza de juez asistente en la Audiencia Nacional y, en consecuencia, su marcha de regreso a su juzgado en Móstoles. En ese sentido, en esta semana el juez se dispone a dar un paso fundamental: ha citado a los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y a los de Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "al objeto de recibirles declaracion . Con ellos busca contrastar y 'certificar' la autenticidad de toda la información de la que dispone sobre el asunto clave entre los claves en lo que le queda de trabajo: 'la caja B' del PP.

Ruz comienza la criba de piezas dentro del sumario
Este mismo lunes se ve con los miembros de Auxilio Judicial de la IGAE. El miércoles con los otros. Y con todos ellos lo que quiere es someter al 'examen final' los informes que le han venido entregando. Informes que recordamos, han servido no sólo para establecer esa 'caja B', sino también cómo entraba en dinero en ella, y hacia donde salía.

Quienes conocen bien el sumario, aseguran a ELPLURAL.COM que en estos momentos, ya finales de su trabajo, el juez se dispone a realizar una criba entre los diferentes temas recogidos en él, conforme a la solidez que ve en los informes de ONIF e IGAE, además de los de la UDEF.

Ruz enfila el final de su estancia en la Audiencia Nacional, pero no parece que lo vaya a hacer en silencio. Foto EFE



En estos momentos, en un listado que no pretende ser exclusivo, se puede decir que los organismos de control estatales asocian con la caja B, principalmente estos asuntos: Sobresueldos de la dirección 'popular'; deuda del PP en Pontevedra; obras de sedes en La Rioja y Vizcaya; Libertad Digital; obras en la sede central de Génova; donación de 200.000 euros a la campaña de María Dolores de Cospedal...

De todos estos temas, según las fuentes que conocen la investigación , todo indica que el juez va a centrar básicamente su trabajo en los dos últimos asuntos, que son los que más claramente aparecen sustanciados en el sumario.

Donantes y sobresueldos, difíciles de relacionar con delitos
Vamos primero con los asuntos ante los que el juez parece que no podrá poner el lazo final. Para empezar con la propia 'alimentación' de la caja B. Aparece claro en este sentido que los técnicos, que reconocen la existencia de esas entregas monetarias de los empresarios imputados a Génova, ven imposible demostrar que esas entregas estuvieran relacionadas con concesiones de las administraciones del PP. Es decir, consideran que de esas entregas no puede deducirse delito. Por tanto, que lo previsible es que la 'cara empresarial del asunto se diluya'. Los empresarios imputados, por tanto, se librarían del asunto.

Las mismas dificultades se suceden con un hecho que tanto juez como técnicos del Estado dan por demostrado: el uso de dinero de la caja B para pagar sobresueldos ¿Cuál es el problema en este caso? Los técnicos del Estado dicen que la responsabilidad fiscal sobre muchos de estos sobresueldos está prescrita, porque ya han pasado cinco años. Y en los años en los que aún no es así, es decir, los recibidos entre 2010 y 2011, en ningún caso se ha demostrado que los sobresueldos superaran los 120.000 euros.

Por diferentes razones, básicamente la falta de información concluyente, y ante el poco tiempo que tiene ante sí, estas fuentes comentan a ELPLURAL.COM que muy posiblemente el juez sobresea o congele las investigaciones sobre varios de los casos relacionados con esta 'caja B': por ejemplo, la compra de acciones de Libertad Digital; los casos de las sedes de La Rioja y Vizcaya; el pago de las deudas del PP en Pontevedra...

El caso UNIFICA y los 200.000 euros de Castilla-La Mancha
Y en este sentido lo que nos confirman es que el juez va a centrar sus esfuerzos en cerrar dos partes del sumario: en concreto la de las obras de Génova, 13, donde tiene 'todos los cabos muy atados'; y así en el asunto de los 200.000 euros que habría entregado SUFI, la empresa de Sacyr, a la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

El convencimiento en este sentido es que pasadas estas reuniones del juez con los técnicos del estado, podría producirse una aceleración de la toma de decisiones por parte del magistrado con el envío en los próximos días del asunto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ya que Ruz imputaría a una o varias personalidades aforadas.