La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante la rueda de prensa en la que ha presentado la página web municipal accesible. EFE
El Tribunal de Cuentas ha echado por tierra el ejercicio de autodefensa que ha realizado la alcaldesa valenciana, Rita Barberá, quien alegó sobre los pagos de casi dos millones de euros en Valencia a Urdangarin que fueron realizados por la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que, según dijo, es una fundación privada, y no por el Ayuntamiento que dirige.
Dependencia económica de la fundación del Ayuntamiento
Según explica el Tribunal de Cuentas en un informe fechado el 23 de febrero de 2012, que recoge El País, la “dependencia económica” de la fundación respecto al Gobierno de Barberá, “debería llevar a considerarla como integrante de ese sector público local”. Y añade que la actividad de la fundación debería ajustarse a las limitaciones que afectan al sector público, incluidos los requisitos para contratar.
El órgano fiscalizador señala que la fundación cuenta “con una aportación dotacional, si bien no mayoritaria sí significativa por parte de Ayuntamientos y/o diputaciones que, además, subvencionan anualmente sus actividades en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos”. Especifica, además, que la fundación está constituida por el Ayuntamiento en un 25% y que otros socios fundadores son la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial y Feria Valencia, esta última participada a su vez por el Ayuntamiento. Y que “ más del 80% de los ingresos anuales se aportan por el Consistorio de Valencia”.
Los Valencia Summit contratados a Urdangarin
El Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin, consiguió contratos con la Comunidad Valenciana de Francisco Camps para organizar un foro de carácter deportivo, Valencia Summit, en los años 2004, 2005 y 2006 por un importe cada año de más de un millón de euros.
El vicealcalde preside la fundación
El Ayuntamiento, por su parte, también pagó a Urdangarin cerca de dos millones adicionales en relación al mismo evento. Lo hizo a través de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), que preside el vicealcalde Alfonso Grau. La investigación del caso Urdangarin, que instruye el juez de Palma José Castro ha concluido que menos de una quinta parte de los pagos está justificado con facturas.
El juez Castro ha señalado que la fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Generalitat adjudicaron los contratos a Urdangarin “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado”, lo que llevó a que Nóos “ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo”.
El argumento de Rita Barberá de que se trata de una fundación privada le ha servido para oponerse a ofrecer los detalles de cuánto dinero salió del Ayuntamiento para el entramado de Urdagarin.
Gallardón también pagó a Urdangarin
El Ayuntamiento de Valencia no es el único que está tocado en este caso, también lo está el de Madrid, durante la etapa del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como alcalde. La empresa pública creada para promocionar la candidatura olímpica de la capital, Madrid 16, adjudicó a Urdangarin 140.000 euros. Sobre ese pago, la alcaldesa madrileña, Ana Botella, ha alegado que hacer lobby, que es el servicio que supuestamente hizo el duque de Palma, es difícil de cuantificar.
