Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes: los señores del 3% que desahuciaron a Maricarmen

Hay imágenes que definen el fracaso moral de una sociedad entera. La mañana del 23 de septiembre de 2026, las calles aledañas al parque de El Retiro en Madrid fueron el escenario de una de ellas.

Maricarmen, una mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad reconocida y el cuerpo encogido por el terror, abandonaba en camilla la casa en la que había respirado, llorado y vivido desde 1956, 70 años de arraigo. Su destino inmediato fue una cama de urgencias en el hospital Gregorio Marañón; su destino final, el desarraigo absoluto.

Mientras la comitiva judicial y policial ejecutaba este desgarro televisado, a escasos kilómetros de allí, en un aséptico despacho de la calle Zurbano, dos hombres observaban cómo su inversión por fin maduraba. Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, de 57 y 49 años respectivamente. Dos empresarios que llevaban ocho años esperando que ese piso del número 46 de la calle alcalde Sainz de Baranda quedara vacío.

Para ellos, Maricarmen no era una vecina, ni una abuela, ni una historia; era un pasivo financiero. Un "bicho", en la fría e inhumana jerga de los especuladores. Y sin embargo, si les preguntas, Ricardo y Fernando se sienten profundamente ofendidos. Les indigna que los miles de personas que acamparon en la Puerta del Sol en protesta por este drama les llamen "fondo buitre".

De hecho, han demandado al Sindicato de Inquilinas de Madrid por coacciones, exigiéndoles 10.000 euros y una disculpa pública. En su defensa, esgrimen un argumento que produce un tierno y escalofriante cinismo: aseguran que no son un macro fondo extranjero, sino una simple "pyme". Una modesta pequeña empresa.

Veamos de qué se alimenta el entramado de los hermanos Alonso.

Los señores del 3%, el falso bufete y las sociedades fantasma

Para entender la maquinaria que ha dejado a Maricarmen en la calle, hay que diseccionar la huella profesional de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Ambos figuran como abogados inscritos en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), operando a través de la matriz Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. (comercialmente Urbagesa), con sede a escasos metros del Paseo de la Castellana.

Sin embargo, un análisis detallado de su perfil revela lagunas, fachadas huecas y despachos fantasma. Según su trayectoria pública, Ricardo aseguraba trabajar desde 2010 en un bufete llamado Neutra Abogados, que supuestamente compartía domicilio con Urbagestión. A día de hoy, la página web de dicho despacho está borrada del mapa digital. El misterio se vuelve casi cómico al consultar el directorio oficial de colegiados del ICAM: el número de teléfono fijo que proporciona como contacto profesional pertenece, en realidad, a las oficinas del prestigioso bufete Garrigues. Al llamar allí, nadie le conoce. Ningún Ricardo Alonso forma parte de la plantilla, como ya comprobó el diario Público.

Donde sí existe una huella activa y tremendamente rentable es en el negocio de las boticas. Desde 2015, Urbagestión amplió su objeto social para dedicarse a la intermediación y compraventa de oficinas de farmacia, ópticas y laboratorios. Bajo la premisa de que transmitir una farmacia es "la decisión patrimonial más importante", Ricardo y Fernando se dedican a cazar a boticarios que quieren jubilarse y a jóvenes inversores. Por hacer de puente, cobran una suculenta comisión del 3% sobre operaciones que rozarían el millón y medio de euros.

Pero no es un negocio pacífico. El rastro de los hermanos está plagado de demandas instadas por ellos mismos entre 2010 y 2019 en las audiencias provinciales de Madrid, Salamanca y Toledo para exigir a sus propios clientes, por la vía judicial, el pago de esas comisiones. Con delegaciones abiertas en Madrid, Valladolid y Vigo, la empresa alcanzó su pico rozando el millón de euros de ingresos (con beneficios netos de más de 165.000 euros), aunque en su último ejercicio cayeron en torno al medio millón.

Al margen de este boyante mercado, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes administran un entramado societario paralelo que languidece en el papel. Son dueños de Valnor Activos S.L. y Tracyma 21 S.L., ambas domiciliadas en la Avenida de Manoteras. Esta última, dedicada teóricamente al alquiler de maquinaria de construcción, tiene a Ricardo como administrador único desde diciembre de 2024. Las cuentas oficiales no engañan: ambas sociedades no tienen un solo empleado en nómina y reportan cero euros de ingresos desde hace años. Sociedades fantasmas orbitando alrededor de una matriz centrada en exprimir el mercado.

La trampa machista de 1956 y la paciencia del especulador

Con este músculo financiero operaron en 2018 cuando compraron el piso del Retiro por una cifra irrisoria: 240.000 euros. Fue una inversión con un riesgo calculado. Sabían perfectamente que la vivienda estaba ocupada por una anciana sujeta a un contrato de renta antigua.

Para echarla, Ricardo y Fernando utilizaron una argucia legal cimentada en una injusticia histórica. El contrato original lo tuvo que firmar en 1956 el padre de Maricarmen, ya que la dictadura franquista prohibía a las mujeres formalizar este tipo de documentos. Este detalle histórico, profundamente machista, fue el arma que los hermanos Alonso utilizaron seis décadas después. Apoyándose en las limitaciones sobre las subrogaciones permitidas por fallecimiento, exigieron a Maricarmen que pasara de pagar 500 euros mensuales a unos inasumibles 2.650 euros. Un incremento del 275%.

Durante ocho largos años, sometieron a la anciana a un desgaste físico y emocional extremo. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, batalló en los tribunales hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de la inmobiliaria, validando el fin de la subrogación y dictando la sentencia de muerte habitacional. El pelotazo estaba servido: el piso comprado a precio de saldo vale hoy casi cuatro veces más.

Las cinco puertas a la salvación que decidieron cerrar

El relato de que son víctimas de la inseguridad jurídica se desmorona estrepitosamente al comprobar las salidas que tuvieron sobre la mesa. Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes rechazaron, una tras otra, hasta cinco alternativas que garantizaban rentabilidad sin sangre:

1. La compra pública: El Ministerio de Vivienda asegura que ofreció adquirir el inmueble a precio de mercado para que Maricarmen se quedara. Urbagestión niega haber recibido la oferta "formal".

2. El alquiler mixto a 900 euros: Casa 47 planteó que la Administración y la inquilina sumaran fuerzas para pagarles unos 900 euros. La propiedad dijo que "no estaban suficientemente concretadas las condiciones".

3. El cheque de la escritora: El 22 de septiembre, una escritora se ofreció a pagar la diferencia íntegra de su bolsillo hasta los 2.650 euros, asumiendo la deuda y de por vida. Dijeron no.

4. La irrupción de James Rhodes: El pianista ofreció pagar el alquiler o comprar la casa. Ricardo y Fernando (11) se excusan diciendo que los correos llegaron el día 23 a las 14:29, con el desahucio ya ejecutado.

5. El chantaje inasumible: Cuando la defensa intentó pactar una nueva renta, los hermanos (12) plantearon unos 1.650 euros mensuales. Sabían que la pensión de Maricarmen no llegaba a esa cifra.

La jueza y el epílogo del ladrillo

Finalmente, la magistrada Elena Cortina Blanco consumó el desastre. Tenía en su mano aplicar el Artículo 704 de la LEC para dar un plazo de gracia, valorar la extrema vulnerabilidad o acatar el mandato urgente del Comité DESC de Naciones Unidas. Prefirió priorizar el interés financiero.

Hoy, el piso de Maricarmen está vacío, purgado de recuerdos y listo para el mercado libre. Mientras la anciana asimila que morirá lejos del hogar que habitó casi siete décadas, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, los intermediarios de farmacias, preparan sus demandas por "daños al honor" contra quienes les llaman buitres. Todo, por supuesto, con el enternecedor e inocente rostro de una pequeña y humilde pyme madrileña.

Si hay algo que rescatar de toda esta crueldad, está en la acampada que hoy resiste en la Puerta del Sol. La imagen de Maricarmen abandonando su casa en camilla ha logrado lo que años de política no pudieron: ponerle un rostro humano a la crisis de la vivienda y sacar a una ciudad exhausta a la calle para decir basta frente a los que especulan con sus vidas.

Si todo este dolor y esta presión ciudadana consiguen que este mismo martes el Consejo de Ministros apruebe por fin el decreto antidesahucios, su tragedia no habrá sido en vano. Será un consuelo amargo y demasiado tardío para ella, pero servirá de escudo para miles de familias que hoy viven aterrorizadas con perder su casa. El desalojo de Maricarmen no pasará a la historia como el triunfo de dos especuladores, sino como el golpe en la mesa que obligó a este país a blindar el derecho a un hogar.

Para cerrar, voy a recordar, y no conviene olvidar, una frase de Hannah Arendt. La filósofa política decía: “La muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie.” Sugiere que la pérdida de empatía no es un simple defecto personal, sino un síntoma estructural de una sociedad en crisis. Cuando una cultura deja de valorar la conexión humana y la compasión, se vuelve vulnerable a la deshumanización, la violencia y el autoritarismo. ¡Cuidado!