La imagen de una mujer de 87 años resistiendo un cuarto intento de desalojo, rodeada de activistas, vecinos y organizaciones por el derecho a la vivienda, ha terminado por convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la crisis residencial española.
Sin embargo, detrás de la dimensión humana y mediática del caso de Maricarmen se encuentra una larga disputa jurídica, un complejo entramado de cambios de propiedad y una empresa inmobiliaria que mantiene intacta su voluntad de recuperar la posesión del inmueble.
La evolución relatada por el Sindicato de Inquilinas han permitido reconstruir la evolución de un conflicto que comenzó hace años y que hoy trasciende la situación particular de una pensionista para proyectarse sobre uno de los grandes debates urbanos de nuestro tiempo: el futuro de los contratos de renta antigua y el equilibrio entre los derechos de propiedad y la protección de los inquilinos vulnerables.
La llegada de nuevos inversores
El punto de inflexión se produjo en 2018, cuando la finca fue adquirida por Renta Corporación, una de las compañías más relevantes del sector inmobiliario español. Poco después, la empresa ofreció a Maricarmen la posibilidad de adquirir la vivienda por 247.000 euros.
La propuesta resultó inviable para la pensionista, tanto por la cuantía exigida como por las dificultades objetivas para acceder a financiación bancaria a una edad avanzada.
Posteriormente, la propiedad acabaría en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, firma que también opera comercialmente bajo la denominación Urbagesa. De acuerdo con las informaciones difundidas por el Sindicato de Inquilinas y recogidas por El HuffPost, detrás de la sociedad se encuentran los empresarios Ricardo y Fernando Alonso.
La compañía rechaza definirse como un fondo de inversión y se presenta como una entidad especializada en el análisis y asesoramiento de operaciones inmobiliarias. Sin embargo, han desalojado a Maricarmen para especular con su vivienda, después de subirle el alquiler un 275%, de los 500 euros a los 2.650. Asimismo, ha rechazado que una donante anónima asuma la parte que la anciana no puede pagar.
Setenta años en la misma vivienda
La relación de Maricarmen con el inmueble situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, se remonta a mediados del siglo pasado. Su familia llegó a la vivienda en 1956, cuando su padre formalizó un contrato de alquiler sometido al régimen de renta antigua, una figura jurídica que durante décadas permitió la estabilidad residencial de miles de familias españolas.
Tras el fallecimiento del titular inicial, el contrato pasó a manos de su madre mediante subrogación. Años después, en 2005, Maricarmen asumió la titularidad del arrendamiento con la aceptación de la propiedad. Durante décadas, la vivienda constituyó su residencia habitual y el centro de su vida familiar.
El núcleo de la disputa judicial
La polémica jurídica gira en torno a la vigencia del contrato de alquiler subrogado que amparaba la permanencia de Maricarmen en la vivienda. La empresa sostuvo ante los tribunales que la segunda subrogación debía haberse extinguido años atrás, concretamente en 2007. Esa interpretación fue inicialmente rechazada por un juzgado de primera instancia, que dio la razón a la arrendataria.
Sin embargo, el recorrido procesal modificó posteriormente el desenlace. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo concluyeron que la segunda subrogación únicamente podía prolongarse durante un periodo limitado debido a las condiciones establecidas en la normativa aplicable.
El elemento determinante fue el grado de discapacidad reconocido a Maricarmen. Aunque la mujer presenta movilidad reducida derivada de diversas intervenciones de cadera y cuenta con un reconocimiento oficial del 50%, los tribunales consideraron que no alcanzaba el umbral legal del 65% exigido para acceder a determinadas protecciones adicionales contempladas en la legislación.
Una renta imposible para una pensionista
La resolución judicial abrió la puerta a una nueva situación económica para la inquilina.
Según los datos difundidos por el Sindicato de Inquilina, la nueva propiedad pasó a exigir una renta mensual de 2.650 euros, que luego se ofreció a reducir a 1.650 euros, una cantidad superior a la pensión que percibe Maricarmen, situada en torno a los 1.300 euros mensuales.
Hasta entonces, la mujer venía abonando aproximadamente 500 euros al mes conforme a las condiciones históricas de su contrato. La diferencia entre ambas cantidades se ha convertido en uno de los argumentos centrales de quienes defienden la permanencia de la octogenaria en el inmueble, al considerar que la actualización económica exigida resulta materialmente inasumible para una persona en su situación.
De conflicto vecinal a causa pública
Lo que durante años fue un litigio arrendaticio relativamente desconocido terminó transformándose en una movilización de alcance nacional.
Los sucesivos intentos de ejecución del desahucio han provocado concentraciones vecinales, campañas de solidaridad y una amplia cobertura mediática. El caso adquirió una nueva dimensión cuando una conocida escritora ofreció asumir el coste del alquiler reclamado por la propiedad para evitar la expulsión de la pensionista. La presencia continuada de organizaciones sociales, junto con el seguimiento informativo de numerosos medios, ha convertido la situación de Maricarmen en un emblema de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda en España.
Un caso que trasciende a Maricarmen
Tras más de una hora de conversaciones a contrarreloj, los representantes legales de Maricarmen intentaron sin éxito frenar la ejecución del desalojo de la pensionista. En el encuentro participaron tanto la comisión judicial encargada de ejecutar la orden de lanzamiento como representantes de la propiedad del inmueble, la mercantil Urbagestión.
Según explicó la letrada Beatriz Duro, la empresa rechazó todas las fórmulas planteadas por la defensa para evitar que la octogenaria abandonara su vivienda. Entre las propuestas figuraban la suspensión cautelar del procedimiento por motivos humanitarios, la espera a que el juzgado resolviera un escrito presentado recientemente, la aceptación de que un tercero asumiera el pago del alquiler reclamado o la concesión de unos días adicionales para que las administraciones pudieran ofrecer una solución residencial alternativa. "Ninguna de las opciones ha sido aceptada", lamentó la abogada.
La representación de Maricarmen sostiene además que la propiedad tampoco accedió a conceder unas horas de margen para que la afectada pudiera recoger sus efectos personales. "Hemos intentado acordar una salida digna y no ha sido posible", afirmó Duro a las puertas del edificio situado en el madrileño distrito de Retiro.
De acuerdo con la versión trasladada por la defensa, la única alternativa planteada por Urbagestión consistió en solicitar una dirección posterior a la que remitir el mobiliario y las pertenencias de la inquilina.
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