La renovación de cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional acumula ya más de nueve meses de retraso. Sus mandatos concluyeron el pasado 17 de diciembre, pero ninguno de ellos ha sido aún sustituido, extendiéndose este proceso nuevamente en el tiempo debido a que el Senado acaba de volver a ampliar el plazo para que las comunidades autónomas presenten a sus candidatos. La nueva fecha límite se ha fijado en el 30 de noviembre, lo que supondrá prolongar hasta un año esta situación, pudiendo llegar a estar estos jueces todavía en el cargo cuando arranque el 2027. Entre los magistrados afectados se encuentra el propio presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, quien ya ha advertido en distintas ocasiones al Senado de que su mandato y el de sus otros tres compañeros se encuentra caducado y de la necesidad proceder a la renovación de los cargos.
La situación adquiere especial relevancia por la posición que ocupa Conde-Pumpido dentro del Constitucional. El PP ha convertido al presidente del tribunal en uno de sus principales objetivos políticos y cuestiona abiertamente su actuación al frente de la institución. Al mismo tiempo, los populares disponen de mayoría absoluta en el Senado, precisamente la Cámara que debe proponer a los cuatro magistrados llamados a sustituir a los que tienen el mandato vencido. El retraso propiciado ha derivado, por tanto, a que se mantengan en el cargo a los actuales miembros, mientras que el PP parece estar jugando sus cartas de tal manera que aparenta estar aguardando a un escenario electoral que le otorgue una cantidad de escaños con la cual disponer de las mayorías necesarias para decidir quiénes serán sus sustitutos.
Así, el escenario que estaría contemplando el PP pasaría por esperar a unas futuros comicios generales en los que tratar de alcanzar, junto a Vox, una mayoría suficiente en las Cortes que le permita afrontar los nombramientos sin depender del PSOE.
El procedimiento explica por qué el retraso puede prolongarse. La Constitución establece que el Tribunal Constitucional está formado por 12 magistrados, nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos propuestos por las cámaras deben contar con una mayoría de tres quintos. En el caso de los cuatro miembros que corresponden al Senado, además, son los parlamentos autonómicos los encargados de remitir previamente sus propuestas.
Es precisamente en ese paso previo donde se han ido acumulando las demoras. La Cámara Alta ha ido ampliando los plazos concedidos a las asambleas autonómicas para que presenten sus candidatos. Primero se produjeron retrasos vinculados al calendario electoral autonómico y, posteriormente, Cantabria solicitó una prórroga por la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida que llevó el límite hasta el 30 de septiembre. La Mesa del Senado, controlada por el PP, aceptó aquella petición pese a la oposición socialista.
Cuando se acercaba nuevamente la fecha límite, Andalucía pidió otra ampliación. El Parlamento andaluz, constituido el pasado 11 de junio, alegó que los grupos no habían tenido tiempo suficiente para negociar los nombres que debían elevar al Senado. Su presidenta, la popular Ana Mestre, justificó que la actividad ordinaria de la nueva legislatura no había comenzado hasta septiembre y que todavía no existía un acuerdo sobre las candidaturas.
La petición volvió a salir adelante en el Senado y el nuevo plazo quedó establecido el 30 de noviembre. La decisión ha provocado además una controversia sobre su tramitación en Andalucía. Fernando López Gil, parlamentario por el PSOE y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento andaluz, explicó a elDiario.es que la ampliación fue presentada por la presidenta como una decisión ya adoptada y aseguró que los representantes socialistas no habían dado su conformidad. El diputado socialista calificó lo ocurrido de "decisión unilateral" en declaraciones ofrecidas a ese medio y posteriormente presentó un escrito para dejar constancia de su protesta.
El resultado de esta cadena de aplazamientos es que Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías continúan en sus puestos pese a haber agotado el periodo para el que fueron designados. La propia normativa contempla que los magistrados permanezcan en el cargo hasta que tomen posesión sus sustitutos.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
