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España

El Gobierno consigue un pleno con los decretos sociales en la Diputación Permanente del Congreso

Solo Vox ha votado en contra de seis de los siete decretos, los cuales ha aprobado el PP

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra portavoz, Elma Saiz, en la Diputación Permanente del Congreso. EP

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra portavoz, Elma Saiz, en la Diputación Permanente del Congreso. EP

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A once días de las elecciones del 29 de noviembre y en plena primera semana de campaña, el Gobierno ha conseguido un impulso con el pleno de decretos aprobados por el Congreso de los Diputados. La Diputación Permanente, el órgano de guardia con las cámaras disueltas, ha convalidado los siete textos aprobados por el Ejecutivo, que incluyen ayudas para Ceuta y los afectados por la DANA Adam o el accidente de tren de Urda, además de otras medidas sociales. 

Los diputados han debatido en bloque los siete decretos en una sesión que el diputado del PNV Mikel Legarda ha descrito como "maratoniana". Los ojos estaban puestos sobre él, pues el voto a favor de los jeltzale era, a priori, lo que iba a decidir el destino de los textos en un organismo en el que el Gobierno no necesita a Junts, como sí ocurría en el Pleno del Congreso en esta legislatura. 

Aunque los nacionalistas vascos han garantizado su apoyo a todos los decretos, finalmente no ha sido necesario. El PP ha votado a favor en las siete ocasiones, a pesar de haber dedicado la sesión a criticar con dureza al Gobierno por toda clase de cuestiones. Los únicos votos en contra han venido de Vox, que solo ha apoyado el decreto con las ayudas a los afectados por la tragedia de Urda, y que ha rechazado el resto argumentando que el Ejecutivo aprovecha el cambio de mayorías en la Diputación para sacarlos adelante. 

La izquierda consigue un impulso en plena campaña

Tras siete horas de debate, el Gobierno consigue el pleno en esta sesión, y saca adelante ocho de los nueve decretos aprobados desde que Pedro Sánchez convocó las elecciones. A los siete aprobados hoy se suma el de las medidas de vivienda que el Congreso convalidó el pasado jueves, a pesar de los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

Entonces, quedó claro que el foco de la campaña está en la vivienda y la movilización social, pero Moncloa tiene ahora también un aval a la gestión del PSOE y Sumar –ahora Frente Amplio- en medidas sociales. 

Esto llega en un momento crítico de la campaña, en el que el espacio a la izquierda de los socialistas no hace más que decrecer, según las encuestas, y la subida del PSOE no garantiza a Sánchez poder reeditar el Gobierno de coalición. El PP sigue siendo la favorita, y planea ya la entrada de Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa de la mano de Vox, pero quedan once días de debates, actos y entrevistas en los que las medidas sociales, a las que han votado a favor, cobrarán gran importancia. Esto, junto al marco de la vivienda alentado por la huelga general, ponen a Feijóo en un escenario que no le beneficia en la recta final de la campaña. 

El PP desplaza al PNV como aval del Gobierno

Una buena muestra de esto ha sido el debate en el Congreso. El PP ha dedicado la sesión a atacar al Gobierno por todo tipo de cuestiones. La crisis de Ceuta o la gestión del sistema ferroviario han ocupado los turnos de los distintos diputados en los debates de los decretos que tocaban estas cuestiones, pero también la corrupción y el "electoralismo" del que acusan a la izquierda, por aprobar estos decretos en campaña, han sido sus bazas de ataque.

Lo que no han hecho los populares en ninguna de sus intervenciones ha sido aclarar qué iban a votar cuando terminara el debate. El ramillete de ataques al Ejecutivo se convertía, así, en una maniobra para ocultar que, finalmente, iban a dar su 'sí' a los decretos, avalando ese supuesto "electoralismo". 

Daba igual, en cualquier caso, porque a medida que avanzaba el debate Legarda iba despejando la incógnita de siempre: el voto del PNV. Los jeltzale optan por alinearse con el Gobierno en todas las votaciones, en un momento crítico para ellos en el que EH Bildu amenaza con el sorpasso en las elecciones. Las encuestas reflejan que la pelea en Euskadi está entre el PSOE y los abertzale, mientras que el PNV se asoma a conseguir la mitad de escaños en el Congreso que en 2023, cuando obtuvieron cinco asientos. 

Estas son todas las medidas a las que Vox ha votado en contra

El PP ha terminado votando a favor de todo, por lo que el foco ha pasado a la ultraderecha. Vox solo ha votado a favor del decreto con ayudas a los afectados por el accidente de Urda, y además lo ha hecho "con tristeza", como ha dicho su diputado José María Figaredo.

Este texto, que ha presentado el vicepresidente –y responsable de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente- Carlos Cuerpo, contempla 30 millones de euros en ayudas directas y anticipos de indemnizaciones para los afectados y sus familiares. Los familiares de los 69 fallecidos podrán recibir hasta 144.242,92 euros, mientras que los heridos accederán a cantidades variables según la gravedad de sus lesiones. Las ayudas estarán exentas de IRPF y serán compatibles con otras compensaciones. El decreto contiene además el tope a los precios de servicios complementarios a los afectados por este tipo de emergencias, como son el transporte alternativo o los alojamientos. 

Por lo demás, Vox ha votado en contra de las ayudas a Ceuta, a pesar de querer abanderar la condena a la gestión del Gobierno de la crisis migratoria. El decreto, defendido por Ángel Víctor Torres, contempla 45,32 millones de euros en ayudas directas para afrontar los gastos extraordinarios derivados de la entrada masiva de finales de julio. De esta cantidad, 40,67 millones se destinan a gastos corrientes y 4,65 millones a inversiones, especialmente en servicios sociales, sanidad, educación, seguridad y emergencias. Además, la norma exime a Ceuta de presentar un plan económico-financiero en 2026 y 2027 si incumple las reglas fiscales previstas. 

Tampoco quería la ultraderecha que llegaran las ayudas a los afectados por la DANA Adam, que azotó en octubre la Comunidad Valenciana y dejó siete fallecidos. Este texto, también presentado por Torres, incluía subvenciones para reparar infraestructuras dañadas, ayudas a agricultores y ganaderos y apoyo económico a pymes y autónomos de los sectores comercial, turístico y hostelero. La norma incluye 88,7 millones de euros para el sector agrario, medidas para reparar daños hidráulicos y costeros, facilidades de financiación y exenciones fiscales para las ayudas públicas recibidas por los afectados. 

En cuanto a medidas sociales, el Congreso ha aprobado también el decreto que amplía la acción de la Seguridad Social, de la ministra Elma Saiz, con nuevas bajas laborales por patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia y lesiones derivadas de la violencia de género, sin exigir un periodo mínimo de cotización. También amplía las prestaciones para familias con menores con cáncer u otras enfermedades graves, facilita el acceso a la pensión de viudedad a determinadas parejas de hecho y mejora la protección de los huérfanos por violencia machista. Además, eleva de 100 a 300 euros mensuales los anticipos por impago de pensiones alimenticias. 

El decreto de familias monoparentales establece un reconocimiento oficial para estos hogares en toda España, equipara determinados beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos o más hijos y refuerza la protección de los hogares vulnerables. Por su parte, el decreto de dependencia contempla 7.240 millones de euros de financiación estatal para 2027, reduce a tres meses el plazo máximo para reconocer prestaciones, garantiza la teleasistencia las 24 horas y amplía los servicios de ayuda a domicilio y acompañamiento. Ambos los ha presentado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. 

El Congreso también ha convalidado las medidas de seguridad ferroviaria que anunció Puente tras la tragedia de Urda, la segunda en la alta velocidad española este año, y antes de dimitir. Este decreto, defendido por Cuerpo, contempla un refuerzo de las competencias de inspección y supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como nuevas garantías para los maquinistas. La norma clarifica los tiempos de conducción y descanso, reconoce el derecho a detener la circulación ante riesgos graves e inminentes y protege a los trabajadores que denuncien situaciones de peligro. Además, amplía la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a otros profesionales del sector ferroviario.

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