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En las horas finales hasta el arranque oficial de la campaña electoral para el 29 de noviembre, el Gobierno se ha apuntado dos tantos significativos, que vuelven a situar la vivienda en el centro del debate político. La huelga general de este miércoles dejó claras las exigencias de la mayoría social, y descubrió a un Partido Popular echado al monte contra los sindicatos de clase. Esto ha permitido a Moncloa darle más valor del que podía tener a la convalidación del decreto de vivienda que, precisamente, fue el detonante de la convocatoria electoral.
Ni siquiera la caída, con el voto en contra de PP, Vox, Junts y el PNV, del decreto más social -el de la prórroga automática de los alquileres-; ha frenado el impulso que supone para la izquierda que la vivienda vuelva a ser el marco principal de debate de cara al 29N. Tampoco la violencia de la Policía Nacional, que volvió a reprimir con brutalidad las manifestaciones de la huelga. Los socios del PSOE piden la cabeza de Fernando Grande-Marlaska, pero la proximidad de las elecciones neutraliza la necesidad de abrir ese melón por parte de una izquierda que, de todos modos, lleva pidiendo su cese desde que comenzó la legislatura.
Los socialistas descartan un relevo en el Ministerio del Interior antes de que se abran las urnas, y ponen el foco en el éxito de la huelga y la victoria parlamentaria del decreto más grueso de los dos que reavivaron tras la convocatoria electoral.
La Diputación Permanente otorga una victoria al Gobierno
El Gobierno sobrepasó en octubre el debate sobre la legitimidad de volver a llevar los decretos después de que los tumbara el Congreso de los Diputados; y hacerlo ante la Diputación Permanente en lugar del Pleno. En este órgano de guardia, las mayorías cambiaban, y el voto de Junts ya no era necesario. De hecho, los nacionalistas catalanes han vuelto a votar en contra de los dos textos, pero el ‘sí’ del PNV al que fue el primero de ellos en octubre-en esta ocasión, el segundo-, han permitido sacarlo adelante por un solo voto.
De esta manera, el PSOE y el Frente Amplio -piel que estrenan los partidos de Sumar- llegan al arranque oficial de la campaña, este jueves a medianoche, pudiendo decir que el ahorro mediano de 4.300 euros por hogar al que, según los cálculos de Consumo, se pueden acoger unos cinco millones de personas; sigue vivo. También la prohibición de desahuciar a vulnerables hasta 2030, así como el coto a las compras especulativas de los fondos buitre; y otras medidas que, si bien consideran insuficientes, reclamaban los movimientos sociales que pusieron la vivienda en el foco tras el desahucio de Maricarmen, el germen de todo.
Esos datos sobre el primer texto provienen del Ministerio de Pablo Bustinduy quien, en cambio, ha sido el encargado de defender el decreto que ha decaído. Como hiciera a principios de octubre, su discurso ha pivotado en torno al “interés de las clases trabajadoras” y al choque con la patronal y la derecha política, elementos que han cobrado más fuerza al calor de la huelga de unas horas antes.
La defensa del otro decreto, el que sí ha sido convalidado, ha corrido a cargo de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien tampoco ha obviado el momento de impulso que supone la huelga y que la vivienda vuelva al centro del debate: "El derecho de la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas", ha deseado. “Derechos, esto es lo que nos jugamos el 29 de noviembre”, ha añadido. La socialista ha criticado el voto en contra de PP, Vox y Junts, nuevamente, a los dos decretos, y les ha recordado que sus medidas "benefician a votantes de la derecha y la ultraderecha".
El PP reacciona con Ayuso a la cabeza
Este también será el argumento del PSOE contra el nuevo hilo del que tira el PP en el arranque de la campaña: el de criminalizar a los sindicatos. Los populares siguen en la espiral del ventilador y el estilo canalla en las redes sociales, y asumen como activo electoral llamar “basura sindical” y decir “tomamos nota” sobre la acción de las centrales que, sumando solo a Comisiones Obreras y UGT, representan los intereses de dos millones de personas y sus familias.
Quien pidió por mensaje a Alberto Núñez Feijóo acabar con la “basura”, ha sido también la primera en reaccionar a la convalidación del decreto: “Desde luego, en nuestro margen de competencias, mientras sea legal, no lo vamos a cumplir”, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña calificaba las medidas como “bodrio” cuando comparecía a la vez en la Asamblea regional.
El “partido de los currantes” pierde la iniciativa
Feijóo deberá reflexionar si, ahora que la vivienda vuelve a ser el principal asunto de la campaña, le beneficia su posición. En el debate, sus diputados se han centrado en la cuestión de llevar los decretos a la Diputación Permanente, que Sergio Sayas ha calificado como “fraude democrático sin precedentes”; y en reiterar que su fórmula para acabar con la especulación y el problema del acceso es aumentar la oferta.
En Génova ven ahora como el debate sobre los casos de corrupción, Ceuta o los accidentes ferroviarios; pierden fuerza ante la piedra angular de la legislatura presente y la que arrancará tras el 29N: la vivienda. Quizás el PP había infravalorado la importancia de la votación de este jueves, y ha llegado a su resaca con la etiqueta del “partido de los currantes” que estrenó durante la huelga Miguel Tellado, pero votando en contra, una vez más, de los intereses de la clase trabajadora.
La diferencia está en que, en esta ocasión, su voto en contra no sirve para señalar una derrota del Gobierno. También en que la votación llega tras una jornada de huelga general que en Génova tampoco han sabido enfocar. Teniendo a su favor la imagen de una mayoría social progresista echándose a las calles contra la inacción de un Gobierno del PSOE y la izquierda alternativa, el PP eligió llamar “basura” a los convocantes de la huelga, darse por aludidos por las reivindicaciones, y criminalizar a los trabajadores poniendo en el foco el absentismo laboral.
El PSOE desvía el foco de la continuidad de Marlaska
En esa posición, los populares afrontan el arranque de una campaña en la que la sensación es que tienen todo por perder, y en la que tampoco podrán anotarse un tanto con la dimisión de Marlaska que piden a coro los socios del PSOE. El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, abría este jueves una veda a la que saltaron seguidamente sus compañeros de coalición, Gabriel Rufián o Ione Belarra.
La secretaria general de Podemos era la más dura, señalando al ministro como responsable directo de la violencia de la Policía Nacional. El PSOE, consciente de que no podían sumar otra caída tras la dimisión de Óscar Puente por la tragedia de Urda; salía rápido a despejar las dudas: la investigación anunciada por Interior es suficiente, y descartan el cese de ministro antes del 29N, como anunciaba en el Congreso Patxi López.
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