El Gobierno ha pedido al Senado que dé luz verde “con carácter prioritario” al Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado por unanimidad su compatibilidad con la Carta Magna. El Ejecutivo quiere que el acuerdo sea ratificado durante el pleno de la próxima semana, previsto para el martes y el miércoles. La solicitud coincide con la visita de Estado que el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene programada para los días 29 y 30 de septiembre en Madrid, donde los Reyes ofrecerán una cena de gala en su honor, mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez y participará en reuniones con representantes empresariales.
“Ruego que tenga en cuenta la pertinencia de que el Tratado sea ratificado lo antes posible, dada la visita que el Presidente de la República Francesa llevará a cabo en nuestro país”, señala Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en una carta dirigida al presidente del Senado, Pedro Rollán, de la que ha informado en primera instancia El País. Cabe recordar que el acuerdo quedó paralizado en julio por decisión del PP, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta. Los populares promovieron entonces que el Tribunal Constitucional examinara si el contenido del tratado se ajustaba a la Constitución. El pacto había sido firmado por España y Francia en Barcelona en 2023 y aprobado posteriormente por el Congreso en junio, con los votos en contra de PP y Vox. La petición de control constitucional provocó la suspensión de su tramitación en el Senado, pero el procedimiento puede reanudarse desde el pasado miércoles, una vez conocido el pronunciamiento del tribunal.
Simancas reclama que el tratado se incorpore al orden del día del próximo pleno apoyándose en el artículo 71.1 del Reglamento del Senado. Este precepto establece que el orden del día debe ser fijado por el presidente de la Cámara de acuerdo con la Mesa y después de escuchar a la Junta de Portavoces, aunque permite al representante del Gobierno introducir “un solo asunto con carácter prioritario”. El Ejecutivo contempla además una segunda vía si el PP decide no atender la petición: en tal caso, se reclamará la convocatoria de un pleno extraordinario para que las Cortes puedan proceder a la ratificación. El artículo 70.1 del Reglamento del Senado establece que tanto el Pleno como las comisiones y sus órganos pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los senadores.
Las objeciones del PP para echar atrás el acuerdo
La queja planteada por el PP para frenar el tratado se centraba en una de sus disposiciones, que contempla que un ministro español y otro francés participen, de forma rotatoria, en las reuniones del Consejo de Ministros del otro país al menos una vez cada tres meses. El mecanismo no constituía una fórmula inédita, ya que Francia mantiene acuerdos similares con Alemania, Italia y Polonia. No obstante, el partido de Alberto Núñez Feijóo consideró que esa previsión podía entrar en conflicto con la Constitución española y decidió vetar la iniciativa.
En concreto, los populares hicieron referencia al artículo 98 de la Constitución, que establece que el Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes, cuando los haya, los ministros y los demás miembros que determine la ley, sin contemplar en esa ecuación la participación de representantes gubernamentales de otros países. Para despejar las dudas sobre la interpretación de esta cláusula, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, intercambiaron en abril sendas cartas en las que precisaron el alcance de la disposición. Según esa interpretación, la presencia del ministro del otro país se produciría siempre “en los márgenes” de la reunión del Consejo de Ministros y tendría lugar en un encuentro “por separado”. De esta forma, no participaría en la reunión ejecutiva del Gobierno del país anfitrión. La explicación, no obstante, no modificó la posición del PP.
Durante el pleno del Senado del 8 de julio, el senador popular Miguel Ángel Jerez defendió que su partido buscaba garantizar la “seguridad jurídica” y el “respeto a la Constitución”. “Pedimos que el máximo intérprete de nuestra norma fundamental haga su trabajo. Es una petición sencilla, razonable y coherente con nuestro Estado de Derecho”, sostuvo entonces. Días antes, Albares había anticipado la posición que finalmente adoptarían los populares y les había acusado de “sabotear los intereses de los españoles” y de “obstruir y boicotear” la entrada en vigor del primer tratado de amistad y cooperación firmado con Francia, país al que definió como el principal vecino de España y su primer socio comercial en el mundo. El Tribunal Constitucional ha resuelto ahora la cuestión dando la razón al Gobierno y concluyendo en su fallo que “no existe contradicción” entre el tratado y la Constitución.
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