El Gobierno se prepara para jornadas maratonianas, de vital importancia para canalizar el descontento social por la inflación desmedida en favor propio y ser capaces de ofrecer una alternativa sólida y creíble al auge del precio de la energía y los combustibles. Este jueves, el propio Pedro Sánchez encabezará las negociaciones en un Consejo Europeo de una importancia que ya es comparada con las reuniones mantenidas para llegar a un entendimiento aceptable sobre cómo abordar la salida de la pandemia. Aquellas conversaciones derivaron en la consecución de los fondos europeos, primer paso para encarar el plan de recuperación económica del que el Ejecutivo hacía gala hasta la llegada de la guerra de Ucrania, que, de nuevo, vuelve a dejar al Viejo Continente ante una situación en la que será necesario actuar con urgencia, diligencia y eficacia para que la invasión rusa y las sanciones impuestas al Kremlin no repercutan negativamente en los mercados europeos.
En paralelo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, volverá a reunirse con la patronal del transporte para ofrecer soluciones aceptadas por los camioneros desplegados a lo largo y ancho de España en protesta por el desorbitado precio de la gasolina y las paupérrimas condiciones de trabajo que les conducen a faenar sin ser capaces de cubrir costes. Este mismo lunes, en una reunión similar, el Gobierno anunció ayudas directas a través de rebajas en el gasoil profesional que ascendían hasta los 500 millones de euros; sin embargo, y pese a contar con el visto bueno de la patronal principal, los empresarios convocantes del paro rechazaron la propuesta y anunciaron que seguirían adelante en sus reivindicaciones.
El Ejecutivo es consciente de que la situación es crítica. Al paro patronal de los transportistas se han unido, en los últimos días, agricultores, ganaderos, sindicatos y conductores de viajeros. Además, las asociaciones principales de la cadena de suministro, así como la patronal alimentaria, han reclamado medidas urgentes ante el riesgo de una falta de abastecimiento que, por el momento, aunque no se ha notado en los mercados principales, sí que empieza a dejar secuelas palpables en industrias como la pesquera, la cervecera o la relacionada con los productos lácteos.
Frente a este contexto, donde la ciudadanía empieza a revelarse y la paciencia se agota, como bien saben en Moncloa, el Gobierno ha decidido redoblar sus esfuerzos y adelantar las negociaciones con los transportistas a este jueves -aunque inicialmente la reunión estaba agendada para el viernes-. El propio Sánchez, en las diferentes intervenciones que ha tenido este miércoles -primero en el Congreso, posteriormente en Ceuta y finalmente en Melilla-, ha reconocido que la situación es complicada pero que el Ejecutivo conseguirá alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos los interesados. “No nos levantaremos de la mesa hasta que hayamos alcanzado un acuerdo”, ha repetido en el Congreso. “Máxima empatía, máxima actitud de diálogo. El Gobierno va a estar ahí y va a dar todas las respuestas con la mayor contundencia para que el sector del transporte y otros sectores se vean dañados los menos posible", ha prometido posteriormente desde las ciudades autónomas.
Además, y firmes en su voluntad de aportar soluciones multilaterales y consensuadas con la UE, el propio Pedro Sánchez espera que la unión del flanco sur, al que se suman Francia y Bélgica, sea suficiente para que su proyecto energético se sobreponga a los intereses de los países frugales, además de Alemania.
Tres medidas y un plan B: las bases de Sánchez en Europa
El proyecto que ha defendido el presidente a lo largo de la gira europea protagonizada esta última semana, en la que se ha reunido con sus homólogos en países como Rumanía, Croacia, Italia, Grecia, Portugal o Alemania, entre otros, consiste en tres ejes principales: topar el precio del gas, desacoplarlo del resto de las energías en el cálculo del precio total de la factura eléctrico y abrir una nueva cadena de suministro con la que el conjunto de la UE sea más independiente y no dependa tanto de Rusia. Para esta última, el propio Pedro Sánchez ha ofrecido que España se convierta en un agente principal de las nuevas importaciones y exportaciones de gas -gracias a sus seis plantas de regasificación y a los gasoductos que unen a la Península con mercados tan provechosos como Argelia y Marruecos-.
Sin embargo, y sabedor de que su plan no cuenta con el aval de buena parte de los países del norte de Europa, este mismo miércoles se ha conocido que el presidente reclamará un plan B en el que cada uno de los países tenga más autonomía y pueda adoptar medidas de forma unilateral sin la negativa de la legislación comunitaria. Las previsiones apuntan a jornadas maratonianas y con nocturnidad en las que se intentará que Alemania ceda para desligar el precio del gas o, por el contrario, que Olaf Scholz se rasque “el bolsillo”. Por el momento, la única certeza, según fuentes del Gobierno, es que se descarta una reedición del estado de alarma -y mucho menos, acudir a los estados de sitio o de excepción- para resolver la situación y se juegan todas las cartas a una resolución negociada que nazca del Consejo Europeo.
