Los resultados electorales de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo acabaron de dinamitar cualquier resquicio de duda: la extrema derecha, en España, se ha convertido en pieza fundamental para la gobernabilidad de administraciones regionales, municipales y previsiblemente nacionales. Lejos queda diciembre de 2018, cuando Vox, sorprendiendo a la demoscopia y derribando la puerta de la inoperancia, entró con 12 diputados autonómicos en el parlamento de Andalucía para que la derecha se impusiese por primera vez al PSOE en una tierra fetiche, en su antiguo bastión, en el lugar en el que el socialismo tomaba las grandes decisiones y derribaba ejecutivas a golpe de señalamiento.

Aquella fue la primera experiencia de una formación que asciende a lo largo y ancho del territorio. Sus votos crecen, su estructura territorial también y, esta vez, parecen dispuestos a dejárselo claro a Alberto Núñez Feijóo: sin nosotros, gallego, vuelves a las urnas. Los pactos con la extrema derecha se suceden. El portavoz del PP, Borja Sémper, salió a decir que pactar con un condenado por violencia de género era una línea roja y Mazón se sentó a la mesa con el susodicho menos de 24 horas después. Tras dos horas de reunión, pacto y acuerdo. Carlos Flores, el condenado, al Congreso; la Comunidad Valenciana, en coalición; y Cultura, para un torero. El primer rejonazo.

El PP no tardó en tratar de disimular repartiéndose la mesa de la Asamblea Regional de Murcia con el PSOE -excluyendo a Vox-, pero los de Abascal lanzaron un órdago a los cinco minutos: vamos a elecciones. Con Extremadura pasa algo parecido, y María Guardiola, la candidata armada de valor que insiste en gobernar en solitario, cada vez se muestra más favorable a escuchar, dialogar y lo que surja. En los ayuntamientos, con la fecha límite para su constitución fijada para este sábado día 17 de junio, las cosas fueron mucho más rápido: acuerdo en Toledo, acuerdo en Valladolid, acuerdo en Ponferrada, acuerdo en Elche… la lista de pactos, infinita.

Por ello, desde ElPlural.com hemos querido hacer retrospectiva y analizar los grandes acuerdos que han alcanzado PP y Vox desde aquel diciembre de 2018 en el que los ultras asaltaron las instituciones. Para ello, hemos comparado el acuerdo programático firmado en 2019 con Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, las exigencias de 2019 con Ayuso en Madrid, el pacto de Gobierno de 2022 con Mañueco en Castilla y León y la reciente hoja de ruta compartida con Mazón en la Comunidad Valenciana.

En total, 17 folios que resumen cuatro legislaturas y dan buena fe de cuáles son las prioridades de la extrema derecha española cuando alcanza el poder. Medidas repetidas, en la misma línea y bastante clarificadoras: unidad de España, inmigración regulada, pin parental, violencia intrafamiliar, respeto a las tradiciones, apoyo al sector primario y rebajas sistemáticas de IRPF.

9 de enero de 2019

Este fue el día en el que PP y Vox rubricaron su primer entendimiento. Fue poco más de un mes después de la celebración de las elecciones, y, dejando clara su línea de acción, este fue el primer párrafo escogido para entrar, verdaderamente, en las instituciones: “El Partido Popular y Vox contribuirán decididamente a guardar y proteger el orden constitucional y la Unidad de España, manteniendo siempre la máxima lealtad hacia la Corona y la Carta Magna”.

La unidad de la nación y el respeto a los símbolos y tradiciones se ha mantenido firme en los cuatro documentos analizados. La redacción, de hecho, se mantiene inalterable en el documento enviado a Isabel Díaz Ayuso para obtener sus votos y facilitar su primer mandato junto al Ciudadanos de Ignacio Aguado. Varía, no obstante, ligeramente, en los pactos posteriores: “Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizar para dividir a los españoles”, explica en su tercer eje de gobierno el acuerdo en Castilla y León. “Defenderemos la unidad de España, la igualdad entre los españoles y la riqueza y diversidad cultural”, sostienen en la Comunidad Valenciana en su primera medida programática. Esta se acompaña de la reivindicación de “la historia de España y de la Comunidad Valenciana”, la “Ley de Señad de Identidad que proteja los valores y costumbres” del territorio y la “reconciliación de los asuntos históricos”.

Un eje fundamental que, como hemos visto, pese a permanecer inalterable, ha variado sorprendentemente cuando los acuerdo no eran exclusivamente programáticos sino de Gobierno, con un acuerdo para formar un Ejecutivo en coalición. Si bien en los primeros España era la única entidad territorial que primaba, su entrada en los gobiernos ha favorecido un tono más diversificador, respetando las culturas contrapuestas y favorecedor para la integración de las distintas sensibilidades. Fin a aquello de suprimir las comunidades autónomas.

Acuerdo programático PP-Vox en Andalucía. 2019

Tres condiciones, tres principios

Este era el título escogido por la extrema derecha para presionar a Isabel Díaz Ayuso en 2019, cuando las elecciones las había ganado Ángel Gabilondo (PSOE) y la gobernabilidad dependía de sus votos para que los tres de la derecha -Ciudadanos aún era un partido operativo- sumasen.

Resulta llamativo que en Madrid, una comunidad cimentada sobre el ideal de los bajos impuestos, este fuera precisamente el primer eje que los de Abascal pedían reforzar a Ayuso con bajadas, aún más, de impuestos. “Eliminar o bajar todos los impuestos existentes de la CM, sin elevar la deuda, desmontando partidas de gasto ineficaz”, reflejaban en su primer punto. Esto lo acompañaban del fin de los chiringuitos, especialmente de aquellos con un claro marcado “carácter ideológico”.

Estas premisas, ejemplificadas mayoritariamente con una reducción brutal de los tramos de IRPF y la aniquilación del impuesto de Sucesiones -medidas para favorecer a las clases más adineradas-, es una constante entre las exigencias de Vox: “La bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones”, decían en Andalucía. “Eliminarlo, al igual que el de patrimonio”, rematan en el de la Comunidad Valenciana -el más reciente, firmado esta misma semana-.

Peticiones de Vox a Ayuso para apoyar la coalición PP-Cs en 2019

Pin Parental, control de la inmigración y violencia intrafamiliar

Estas son las tres grandes premisas de Vox. Inalterables, decididas y rotundas. Sin aceptar estos postulados -edulcorados en su redacción en algún caso- no hay acuerdos. La intención de Vox desde su nacimiento no ha sido otra que revertir la cultura española, adueñarse del relato e implantar un nacionalismo claro y decidido a través de la educación, el control de los medios -han sido varias las veces que las radiotelevisiones públicas han sido puestas en jaque en estos programas-, la natalidad, el fin del mestizaje y los valores fundamentales.

El pin parental fue prácticamente una de las medidas fundacionales del partido de Abascal. Denunciando un presunto adoctrinamiento en las aulas, la extrema derecha insiste en que sean los padres quienes decidan si quieren que sus hijos acudan a ciertas charlas -feminismo, ecologismo o respeto a la diversidad forman parte del marco educativo español-: “Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”. Desde bien temprano, desde Andalucía, esta fue su medida número 13. Siempre ha aparecido como una línea roja en sus pactos tanto de gobierno como programáticos.

Respecto a la violencia de género, una lacra que desde Vox insisten en negar al considerar que va en detrimento de los hombres y su presunción de inocencia, la extrema derecha se ha esforzado en negar las cifras y hablar constantemente de violencia intrafamiliar -tratando de alejar el relato de la culpabilidad de los hombres-: “Aprobaremos un ley contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas”, suscriben en el acuerdo de Castilla y León.

Acuerdo de gobierno en coalición en Castilla y León. 2022

La reglamentación de los inmigrantes -azucarada, siempre, con la culpabilización a los extranjeros del aumento de la criminalidad- es otra de las piedras angulares del argumentario de Vox. Nacidos como espejos de liderazgos como el de Orban en Hungría o Kaczyński en Polonia -poco a poco han ido reconduciéndose a una extrema derecha populista más parecida a la de Le Pen en Francia o Salvini/Meloni en Italia-, el control de las fronteras es una condición sine qua non en los cenáculos programáticos de PP y Vox.

“Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que pueden favorecer un ‘efecto llamada’ y combatir a las mafias que trafican con personas”, escribían en Andalucía en enero de 2019. “Requerir al país de origen el pago de las facturas sanitarias de los inmigrantes ilegales (…) Promover jurídicamente la ilegalización de las organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas o favorezcan la inmigración ilegal (…) Suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales”, enumeraban en Madrid meses después. “Promoveremos una inmigración ordenada”, refrendaban en Castilla y León. “La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”.

Acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana. 2023