La comparecencia de Carlos Mazón ante el Congreso ha dejado un protagonista inesperado: Fernando de Rosa Torner, que ha sido apercibido en varias ocasiones por la Presidencia de la Cámara ante el creciente desorden, las interrupciones y los reproches cruzados entre los grupos. Los avisos llegaron en distintos momentos de la sesión, cuando el diputado del Partido Popular intervenía desde su escaño o reaccionaba -en especial tras la intervención de Gabriel Rufián- a comentarios procedentes de la bancada contraria, lo que motivó que la Presidencia reclamara silencio y orden.
📺 TV EN DIRECTO | La presidenta de la comisión de la dana para la intervención de Rufián para llamar al orden a PP. “No me hablen de respeto a las víctimas, que ustedes pusieron una corrida de toros en el funeral”, ha advertido el portavoz de ERC https://t.co/pA2tvaTXQo pic.twitter.com/KAzd7Qai1U
— EL PAÍS (@el_pais) November 17, 2025
Fernando de Rosa Torner (València, 1959) es una figura conocida tanto en el ámbito jurídico como en el político. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ingresó en la carrera judicial en 1984 y ocupó distintos destinos en la Comunidad Valenciana, incluidos el Juzgado de Instrucción número 14 y el cargo de juez decano de Valencia entre 1998 y 2003. Posteriormente, integró la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, un puesto desde el que comenzó a ganar visibilidad pública.
Su salto a la política autonómica llegó en 2003, cuando fue nombrado secretario autonómico de Justicia e Interior en el Gobierno valenciano. Cuatro años más tarde, asumió la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas bajo el mandato de Francisco Camps. Aquella etapa marcó un punto de inflexión: De Rosa dejó de ser una figura estrictamente judicial para convertirse en un perfil híbrido, vinculado tanto a la administración autonómica como al Partido Popular.
En septiembre de 2008 dio el salto al ámbito estatal al ser designado vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ejerció hasta 2014. Durante ese periodo también llegó a asumir, de forma interina, la presidencia del órgano tras la dimisión de Carlos Dívar en 2012. Sus años en el CGPJ estuvieron acompañados de debates sobre la politización del órgano y la influencia de los partidos en los nombramientos, un escenario en el que su figura fue observada bajo especial escrutinio debido a su filiación política previa.
Tras su salida del CGPJ, De Rosa volvió a la judicatura, siendo nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Valencia en 2015. Desde este cargo impulsó la modernización de las secciones y subrayó la importancia de reforzar la atención a las víctimas. Su discurso entonces se centró en la necesidad de evitar lo que denominó “doble victimización”, insistiendo en la protección integral dentro de los procesos judiciales.
Una trayectoria que cruza, otra vez, la frontera entre toga y escaño
En los últimos años, ha regresado a la política activa como senador y posteriormente como diputado en el Congreso de los Diputados. Su experiencia en el ámbito judicial le ha permitido ocupar un papel relevante en comisiones relacionadas con Justicia e Interior, desde donde ha intervenido en debates clave y ha mantenido un perfil mediático constante.
Sin embargo, su trayectoria también ha estado acompañada de polémicas. Una de las más comentadas fue su visita a Francisco Camps en 2009 cuando el expresidente valenciano estaba siendo investigado en el marco del caso Gürtel. Aquella reunión, conocida tras hacerse pública, generó críticas sobre posibles conflictos de intereses, ya que De Rosa formaba entonces parte del CGPJ. Él defendió que mantenía una relación personal previa con Camps, mientras que sus detractores consideraron que un gesto así podía comprometer la imagen de imparcialidad del órgano.
Otro episodio controvertido ocurrió en 2006, cuando desde la Secretaría Autonómica de Justicia impulsó la creación de una comisión destinada a revisar la actuación del fiscal jefe del TSJCV, al que acusaba de parcialidad por investigar a alcaldes del PP. Este movimiento provocó reacciones en el ámbito judicial y político, con quienes interpretaron la medida como un intento de condicionar la autonomía de la Fiscalía. De Rosa rechazó esas acusaciones y defendió la transparencia de la administración judicial.
También fue objeto de atención en el contexto del caso Emarsa, cuando su nombre apareció en un listado de obsequios que presuntamente se enviaban a distintos cargos públicos. El magistrado afirmó no tener constancia de haber recibido ninguno de esos regalos y aclaró públicamente que, por motivos de salud, ni siquiera consume alcohol, lo que contribuyó a restarle importancia al episodio.
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