El PSOE ha solicitado hoy por escrito que la Comisión del Estatuto de los Diputados investigue las relaciones de Vicente Martínez-Pujalte (PP) con la constructora Collosa, investigada a su vez por la Agencia Tributaria en una supuesta trama de comisiones ilegales en la Junta de Castilla y León.

Los socialistas basan su petición -que se suma a una similar presentada ayer por la Izquierda Plural- en un acuerdo adoptado por el pleno del Congreso en 1990 que atribuye a dicha comisión facultades para "investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias", lo que supone que ambas formaciones consideran que Trillo y Pujalte habrían incurrido en ese delito.

Cobros sin pruebas
Según admitió él mismo, Martínez-Pujalte cobró 75.000 euros en poco más de un año (2008-2009), a través de su despacho de asesoría, de la constructora Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. El actual embajador en Londres, Federico Trillo, también cobró cuando era diputado 354.560 euros en casi tres años (2006-2008) de la misma empresa, si bien la oposición le ha dejado fuera de sus iniciativas al no ser ya miembro de la Cámara. La Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe, dictamen, estudio o trabajo escrito que acredite la realización de los servicios descritos en las facturas de los cobros.

Empresas con vínculos públicos
El PSOE subraya que Pujalte comunicó al Congreso el "ejercicio profesional como economista, pero especificando no incurrir en ninguna actividad que pudiera implicar incompatibilidad", lo cual cuestiona. Para ello, señala que entre las actividades excluidas de la autorización de compatibilidad figura la del "desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de prestación de servicios en compañías o empresas que se dediquen a actividades de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local".

No válida para la autorización
Dado que la empresa Collosa se dedica fundamentalmente a obra pública y concesiones administrativas de diferente ámbito y que en sus ingresos se encuentran fondos públicos, los socialistas sostienen que "no estaría por tanto incluida en el ámbito de la autorización concedida".

“Diputado informado”
Tras apuntar que por entonces Pujalte era portavoz del PP en la Comisión de Hacienda y vocal de la Comisión de Economía y Competitividad -de la que hoy es portavoz- el PSOE sostiene que su fichaje como asesor por 5.000 euros al mes fue "en consideración a su condición de diputado y específicamente de 'diputado informado'", como le calificó el exconsejero delegado de Collosa para justificar su contratación.

Invocar su condición de diputado
A este respecto, argumenta que la autorización que recibió de la Cámara le recordaba que no podría "invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad profesional" referida -como establece el Reglamento- y que tampoco podría menoscabar la "dedicación absoluta a las tareas parlamentarias" a la que obliga la ley electoral.
“Uso interesado”
Por todo ello, el grupo socialista considera que hay "hechos, actuaciones y comportamientos" de Pujalte, portavoz del PP en la Comisión de Economía y Competitividad, que "pueden representar uso interesado o indebido de su condición" de diputado, ya que Collosa le contrató no por ser economista, sino por ser un "diputado informado".