Recta final de la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía. Este martes, la normativa del Gobierno central será tumbada por la mayoría del Partido Popular en el Senado gracias a una enmienda a la totalidad. Un movimiento que radicará con su devolución al Congreso de los Diputados, donde volverá a someterse a votación y se espera que se resuelva con luz verde, es decir, con su aprobación parlamentaria definitiva.
Como era previsible, los populares de Alberto Núñez Feijóo han optado por dilatar al máximo la tramitación de la Ley de Amnistía. La ponencia de la comisión que está tramitando la ley de amnistía en la Cámara Alta aprobó el pasado lunes su dictamen en base al informe de los letrados, que denuncian la inconstitucionalidad de la norma y los derechos que "entran en conflicto con la arquitectura jurídica" de la Unión Europea. A partir de ahí, este dictamen ha sido refrendado y ya vetado este jueves en una reunión de esta comisión creada 'ad hoc' para tramitar la normativa.
El tránsito de la amnistía por el Senado
La proposición de ley de amnistía, pactada por el PSOE con las formaciones independentistas, llegó a la Cámara Alta el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia después de haber recibido luz verde en el Congreso. No obstante, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.
De esta manera, el plazo máximo de tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado es de dos meses, como cualquier norma ordinaria, por lo que la Cámara Alta tiene hasta el 16 de mayo para votar esta norma en el Pleno.
Desde su entrada, la Mesa del Senado, con mayoría 'popular', ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara. Los primeros en emitir su informe fueron los propios letrados de la Cámara, quienes concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como "reforma encubierta de la Constitución".
Choque con el Congreso
Además, el PP también solicitó un informe para ver las consecuencias de no tramitar esta ley en el Senado, como insistía Vox, aunque los letrados de la Cámara sostienen que se tenía que tramitar, aunque abrían la puerta a un conflicto de competencias con el Congreso.
En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente a la presidenta Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.
Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió de vuelta con que no iba a retirar la normativa. Acto seguido, el PP ha dispuesto de la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía entre a aplicarse de manera definitiva.
Desde la Comisión de Venecia hasta presidentes autonómicos
Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no percibe conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, criticando a la par que el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso. En su informe, el organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
De la misma manera, por parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, impulsó un informe sobre el contenido autonómico integrado en la normativa y que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.
En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.
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