El Partido Popular vuelve a llevar la crisis de Ceuta al Senado. El grupo parlamentario ha registrado nuevas solicitudes de comparecencia para los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, después de que los tres no acudieran en agosto a las comisiones de la Cámara Alta en las que habían sido citados para explicar la gestión de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este sábado la nueva iniciativa y ha acusado a los tres ministros de haber dado un “plantón” a la Cámara Alta “sin ningún tipo de justificación”. Los populares consideran que las explicaciones son ahora más necesarias por las informaciones conocidas durante las últimas semanas, especialmente por la documentación desclasificada sobre los avisos previos y por las distintas versiones ofrecidas desde Interior y Defensa sobre la información disponible antes de la crisis.
El PP mantiene además abierta la batalla institucional por aquellas ausencias. En agosto acudió al Tribunal Supremo después de que Marlaska, Robles y Albares no asistieran a las comparecencias convocadas en el Senado. El alto tribunal rechazó entonces obligar de manera urgente a los ministros a acudir antes de que terminara ese mes al considerar que no se había acreditado la especial urgencia necesaria para adoptar una medida cautelarísima, aunque el procedimiento sobre el fondo continuó su tramitación.
A esa vía se sumó posteriormente el conflicto institucional promovido por los populares, que sostienen que el Gobierno no puede decidir unilateralmente ante qué Cámara comparece para rendir cuentas. El PP invoca el artículo 110.1 de la Constitución y el Reglamento de la Cámara para defender que los ministros deben acudir cuando su presencia es reclamada formalmente.
El PP vuelve sobre los avisos previos
La nueva citación llega después de semanas de polémica por la información que manejaban distintos organismos del Estado antes de la entrada masiva desde Marruecos. Documentos desclasificados han acreditado que el CNI detectó convocatorias y movimientos en redes sociales antes del 30 de julio y que se produjeron comunicaciones con responsables en Ceuta, aunque sigue abierta la discusión sobre el alcance de esos avisos y sobre si permitían anticipar un episodio de la magnitud que finalmente se produjo.
El Gobierno ha defendido que no existió una alerta que permitiera prever una situación de esas dimensiones. La documentación conocida ha reforzado, no obstante, el debate sobre la coordinación entre los servicios de información y los responsables políticos. Un análisis del Real Instituto Elcano publicado esta semana habla de un “fallo funcional” del Sistema de Seguridad Nacional y sostiene que existían indicios que no fueron suficientemente integrados para activar a tiempo los mecanismos de coordinación, aunque también advierte de que no puede afirmarse que una reacción anterior hubiese evitado la crisis.
Es sobre estas discrepancias donde el PP pretende centrar las comparecencias de Marlaska y Robles. Alicia García reclama que ambos expliquen lo que los populares califican como “contradicciones” entre Interior y Defensa, así como el contenido de los informes de seguridad conocidos en las últimas semanas. La portavoz ha llegado a hablar de una “guerra civil” interna en el Ejecutivo, una expresión política con la que el PP describe las diferentes versiones ofrecidas desde ambos departamentos.
Albares y la relación con Marruecos
La comparecencia de José Manuel Albares tendrá un foco distinto. El PP quiere que el ministro de Exteriores detalle la coordinación mantenida con Marruecos antes, durante y después de la entrada masiva, así como los compromisos alcanzados entre ambos países para gestionar sus consecuencias.
Los informes conocidos hasta ahora han añadido nuevos elementos al debate. Algunos documentos han señalado episodios de “pasividad” entre agentes marroquíes durante las horas previas o durante el cruce fronterizo, aunque no atribuyen directamente al Gobierno de Rabat la organización de lo ocurrido. El Ejecutivo español ha defendido durante toda la crisis la colaboración con Marruecos, mientras el PP ha reclamado explicaciones sobre la actuación de las autoridades del país vecino.
La cuestión marroquí se ha convertido desde finales de julio en uno de los principales frentes políticos de la crisis. Alberto Núñez Feijóo ha endurecido en las últimas semanas sus críticas al Gobierno por la gestión de Ceuta y ha cuestionado tanto la respuesta inicial como la política posterior de acogida y retorno de los migrantes que permanecen en la ciudad. El Ejecutivo, por su parte, acusa al PP de utilizar la situación con fines partidistas y defiende que las devoluciones deben respetar los procedimientos legales aplicables.
Una disputa que ya ha pasado por las dos Cámaras
Las comparecencias frustradas de agosto no han impedido que la crisis de Ceuta ocupe una parte importante de la actividad parlamentaria desde el inicio del nuevo periodo de sesiones. El Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, aprobó a principios de septiembre una moción de reprobación al Gobierno por su gestión y señaló específicamente a Marlaska, Albares y Robles, además de las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Igualdad, Ana Redondo. La iniciativa salió adelante con el apoyo de UPN, mientras Vox, PNV y Coalición Canaria se abstuvieron y PSOE, ERC, EH Bildu y BNG votaron en contra.
Los tres ministros reclamados ahora por el PP sí han dado explicaciones posteriormente en sede parlamentaria, incluidas comparecencias en el Congreso, después de que el Ejecutivo registrara en agosto sus propias solicitudes para acudir a la Cámara Baja. Esa decisión fue precisamente uno de los motivos del choque con el Senado: los populares sostienen que comparecer ante el Congreso no sustituye la obligación de hacerlo ante la Cámara Alta cuando esta reclama formalmente la presencia de un ministro.
Alicia García insiste ahora en que Marlaska, Robles y Albares deben acudir al Senado para responder a las cuestiones planteadas por el PP. La portavoz reclama que abandonen lo que califica de “desacato parlamentario” y acusa al Gobierno de mantener un “desprecio” hacia las Cortes.
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