El Partido Popular ha decidido enfrentarse a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después del contundente informe que el organismo internacional ha publicado oponiéndose a la decisión de los 'populares' y de Vox de derogar las leyes de memoria histórica en varias de las autonomías en las que cogobiernan, como Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana. El presidente aragonés, Jorge Azcón, directamente ha asegurado que el informe contiene "errores de bulto" porque en Aragón no se está tramitando una ley, sino un "plan de concordia". "Lo que dice ese informe es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con Aragón para hacer este informe", ha argumentado.
Sin embargo, el documento de la organización hace referencia a una ley que sí ha sido aprobada en el Parlamento autonómico con los votos favorables de 'populares' y ultraderechistas, y cuya aprobación deroga de inmediato la ley anterior. La nueva normativa suprime "el centro de Memoria Democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática, el inventario de lugares y el centro de investigación de la memoria democrática". "El departamento competente en materia de patrimonio cultural suprimirá los elementos de identificación, interpretación, señalización, difusión previstos en la citada ley”, dicta el escrito.
A su vez, con la nueva norma también queda suprimido el registro de entidades de memoria democrática de Aragón, y deroga "las actuaciones en el ámbito educativo", es decir, la enseñanza de las consecuencias de la represión franquista. "Aquellas actuaciones en marcha en el momento de entrada en vigor de esta ley serán canceladas o sustituidas por actuaciones sobre la historia de Aragón", sostiene el texto aprobado por PP y Vox, que tira por tierra todos los avances educativos para explicar el franquismo a los estudiantes.
El informe de la ONU explica que "las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos". "Ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia", expone.
Por su parte, Azcón ha negado a la mayor que su intención sea hacer una ley de memoria alternativa, e insiste en que el objetivo es hacer un plan de concordia "inspirado en el espíritu de la Transición". Sin embargo, lo cierto es que los 'populares' han ido arrastrándose poco a poco hasta los terrenos de Vox en muchas cuestiones, un partido que llega a puntos de no condenar el franqusimo y de pretender que no se enseñen sus consecuencias en las escuelas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también se ha pronunciado al respecto, atacando de igual forma al organismo internacional: "Entiendo que los responsables de la ONU ni se habrán leído la ley valenciana ni conocerán la realidad valenciana".
Anima al Gobierno a intervenir
El texto de la ONU, muy contundente, anima al Gobierno central a actuar para evitar la aplicación de estas leyes. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que la próxima semana comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del 33.2, el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula la invocación de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo central y uno autonómico. El objetivo, tal y como ha expuesto el ministro, es que el texto "vuelva al cauce de la defensa de los derechos humanos y de lo que son las condenas del totalitarismo y de la dictadura, de la política y también de la libertad y de la democracia".
Ante este anuncio, si el Ejecutivo regional del Partido Popular y Vox no acepta sentarse a dialogar o si las reuniones no dan lugar a ningún acuerdo, el ministro ha expuesto su determinación de acudir al Tribunal Constitucional, del mismo modo que lo hará si se dan casos similares en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. "El informe de la ONU es demoledor. Estamos ante una sumisión del PP a la ultraderecha. Debería reflexionar el PP. Esto va mucho más allá de las leyes de memoria. Va de la amenaza de que crezcan en Europa y en países como el nuestro visiones de que la política les pertenece y de que el totalitarismo debe vencer a la democracia", argumentó, contundentemente, Ángel Víctor Torres, en una línea similar a la que se pronunció en redes sociales el titular de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños: "Qué vergüenza lo del PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España".
Pero Azcón y Mazón no han sido los únicos dirigentes del PP en pronunciarse sobre este asunto. El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha recomendado a Naciones Unidas y que "lea los textos" detalladamente antes de dar un verdedicto, poniendo en duda la profesionalidad del organismo y, además, llevando la cuestión al terreno de ETA. "Decir muy claramente que para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu, no se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí", aseguró Feijóo.
Vox, también contra la ONU
Desde Vox, como era de esperar, también se han mostrado críticos con la ONU y su informe. "Es un informe que evidencia para qué sirven estos organismos globalistas y es para auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo. Vox no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre", argumentaron los ultraderechistas.
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