El servicio de restauración del Congreso de los Diputados tiene a sus espaldas un largo historial de críticas debido a sus bajos precios y generosas subvenciones públicas. Cafestore Organismos, la filial de Sacyr que tiene adjudicada la subcontrata del servicio de restauración de la cámara baja, percibe subvenciones por valor de 1,2 millones de euros de dinero del contribuyente. 

Esta cuantiosa suma de dinero choca directamente con los salarios de los diputados, que oscilan entre 5.000 y 12.000 euros mensuales, y que han de gastar cifras mínimas para disfrutar de los menús de primera calidad de las cafeterías de la cámara baja. Por ejemplo, los desayunos completos no exceden en ningún caso los dos euros (el café en cualquiera de sus variedades no supera el euro), las raciones grandes se sitúan entre los tres y los nueve euros, el menú del día con dos platos, pan, postre y bebida, en 9,28 euros, mientras que los platos por separado de dicho menú oscilan entre los tres y los cinco euros. Por otra parte, las cañas de cerveza tienen un valor de 0,96 euros y los botellines de tercio, 1,44 euros. Además, debido a la copiosidad de los menús, es posible llevarse un tupper y, por un poco más de dinero, asegurarse una cena en buenas condiciones. 

La utilización de la cafetería está reservada a un grupo muy concreto de personas: diputados, administrativos que trabajan en la institución, personal en general y personas que tengan autorización de acceso. Teniendo en cuenta que el sueldo medio de sus señorías multiplica por seis el salario mínimo interprofesional, esto entra en contraposición con los elevados precios de los alimentos básicos a los que tiene que hacer frente el grueso de la población, o de los precios más altos, en comparación, de las cafeterías de las universidades públicas, donde la calidad de los alimentos es, además, significativamente menor. 

Toda esta cuestión pone en el punto de mira dos cuestiones: en primer lugar, si el tamaño de las subvenciones percibidas por el establecimiento debería reducirse y, por consiguiente, llevar a cabo un aumento de los precios y, por otro lado, la injusticia que supone que representantes públicoa tengan acceso a un servicio de alimentación tan barato, pagado con el dinero del contribuyente, mientras que el precio de algunos bienes alimenticios de primera necesidad como la leche o el aceite no para de subir.