Corría el mes de febrero de 1997. Federico Trillo era la tercera autoridad del Estado en su calidad de Presidente del Congreso. Además de ello era todo un factótum dentro del PP. Estamos hablando por tanto de un Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde con muchísimo poder y, como suele ocurrir a los todopoderosos, confundió Estado con cortijo propio.

Al hilo de lo acontecido sobre privilegiados en la inyección de la vacuna y quienes se han saltado el protocolo en las fechas de su administración, conviene recordar este hecho que protagonizó Trillo hace ya casi  un cuarto de siglo y que muestra que, como dijo Marx parafraseando a Hegel, “La historia se repite dos veces”, en este caso más precisamente “las historias” de los privilegios de la vacuna.

En España surgió meses antes un brote epidémico de meningitis que afectó a niños y jóvenes. Ante ello se puso en marcha una campaña de vacunación desde finales de 1996 a enero de 1997. La alarma causada por el evidente aumento de meningitis C, especialmente en Madrid, llevó a 15 de las 17 comunidades autónomas españolas a iniciar dichas campañas de vacunación desde la sanidad pública. Obviamente solicitando la cita médica y aguardando a la fecha correspondiente.

Una enfermera del Congreso a casa de Trillo

Se ve que Federico Trillo no se consideraba un ciudadano como otro y pensó que su familia podría tener un trato privilegiado con respecto al resto de los niños y adolescentes españoles. El presidente del Congreso, para adelantarse a las fechas de vacunación y también para mayor comodidad, utilizó los Servicios Médicos del Congreso de los Diputados para vacunar a sus cinco hijos de la meningitis C. Una enfermera de la Cámara Baja fue requerida por Trillo, a la sazón presidente del Congreso y jefe máximo del personal, para que se desplazara a su domicilio particular y les administrara las vacunas a sus cinco hijos. Además de ello se utilizó uno de los coches del servicio médico del Congreso.

Aquello llegó a conocerse y provocó una fuerte polémica por el hecho de que se utilizara la cobertura de un servicio público para conseguir la vacuna y su administración. Los populares tras rastrear en el reglamento del Congreso, consiguieron evitar una declaración institucional en la comisión de Sanidad y Consumo sobre este hecho que contaba con el apoyo de todos los grupos de la oposición. Lo que no pudieron evitar fue la condena social de las familias que, preocupadas por la gravedad de una posible afección de sus hijos, vieron como un altísimo representante del Estado usaba estos poco éticos métodos para no esperar como el resto de ciudadanos.

Un simple comunicado de Trillo

El Presidente del Congreso se defendió sin dar la cara, solo con un comunicado en el que asumía que el pediatra de la familia se lo había recomendado y que, tras localizar él mismo a la ATS del Congreso con quien mantiene una antigua amistad, le pidió que vacunara a sus cinco hijos “fuera de su horario laboral”.