El Parlamento Europeo inicia los trámites para retirar la inmunidad a Alvise Pérez

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que se han iniciado los trámites para retirar la inmunidad al fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para retirarle el también eurodiputado la inmunidad.

El Alto Tribunal solicitó a la Cámara Europea la suspensión inmediata de Pérez por dos casos; uno de ellos por financiación ilegal por su candidatura a las últimas elecciones europeas, y otro por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público de Valencia, a la que hostigó mediante mensajes de Telegram.

Respecto del primero de los casos, la Policía concluyó que los 100.000 euros entregados por un empresario a Alvise se habían destinado “a todas luces” a financiar su campaña electoral de cara al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde consiguió representación con 800.000 votos y tres escaños.

Ese informe policial evidenciaba que “resulta a todas luces evidente que el ánimo subyacente que reside en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que además deben ser opacos en el sentido de no declarados y de origen difuso, pretendiendo que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”.

Pérez declaró por esta causa en el Supremo en julio del año pasado. En él admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de los comicios europeos, más concretamente, indicó que siempre había dejado claro que el montante iba destinado a gastos de partido.

Con todo, el documento de los agentes daba la razón al empresario en tanto en cuanto “no hay dato alguno” que vincule la entrega de ese dinero con “la prestación de servicios por su parte a Álvaro Romillo o sus estructuras adscritas, como había manifestado Alvise Pérez”.

Acoso en redes sociales

En lo que respecta a su acoso a Gisbert, el responsable de SALF defendió que su única intención pasaba por “hacer crítica política” a la vez que lamentaba que este tipo de comentarios antes se enmarcaban dentro de la libertad de expresión, mientras que ahora -así aprovechaba para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez- es motivo para declarar en el Supremo. “Son personas que quieren meter en prisión a ciudadanos que critiquen la inmigración masiva”, dictaba.

Pérez había publicado una imagen de la abogada en Telegram, a la que señalaba como responsable de “haber exigido tres años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”. Además, Pérez permitió la difusión de los perfiles que la denunciante tenía X (antiguo Twitter), Facebook e Instagram, lo que provocó que recibiera “insultos y amenazas” por parte de sectores de ultraderecha y seguidores de Pérez.

Entre los problemas que han acompañado al líder de SALF se acumulan también la investigación por un delito de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa de Covid del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.