España ha reducido su incidencia respecto a los peores meses de la pandemia, la virulencia del virus es menor pese al ligero repunte actual de las cifras y la vacunación se vende como antídoto definitivo para dejar atrás las restricciones menos populares. Sin embargo, este martes la portavoz del Gobierno anunció tras la celebración del Consejo de Ministros que entraba en vigor una ley que hacía del uso de la mascarilla una condición irrenunciable para los españoles, independientemente de su ubicación y de la distancia interpersonal que mantengan con el resto de ciudadanos.

Lo taxativo de la norma llamó la atención del más común y cuidadoso de los mortales. Hasta el momento el BOE recogía que la mascarilla era obligatoria en aquellos espacios públicos en los que no se pudiera mantener una distancia de, al menos, metro y medio con la persona más cercana. Las CCAA, por su parte, ya habían aplicado medidas aún más tajantes para contener los contagios. ¿Por qué ahora? Ese es el gran interrogante que ya han lanzado algunas comunidades autónomas que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud celebrado este miércoles, han pedido una revisión profunda al Ejecutivo para limar la ley y contrarrestar la obligatoriedad de la prenda sanitaria en situaciones tan inverosímiles como un monte poco concurrido o una playa vacía.

El Ministerio de Sanidad también ha mostrado su predisposición a encontrar el entendimiento con el resto de las administraciones y hacer un plan más flexible que reúna el beneplácito de la mayoría de la interterritorial: “Espero que podamos encontrar espacio para poder aplicar esta ley, hacerlo de la más armonizada posible y de la manera más contextualizada posible”, ha señalado Darias tras la celebración de la reunión. “La mascarilla es de uso obligatorio, pero tenemos que estudiar si la ley nos deja margen de actuación”, ha sentenciado.

Declaraciones que se han producido después de que varios de sus homólogos como titulares de la cartera de Salud en las administraciones regionales hicieran una crítica velada y homogénea a la norma de aplicación obligatoria recogida en el BOE este martes. Baleares ha sido la comunidad más dura con la medida, llegando a aprovecharse de un resquicio legal para dejar sin efecto la medida en sus playas siempre que exista distancia interpersonal, se esté con el grupo de convivencia o para tomar el sol.

Para saltarse la imposición, la consejera Patricia Gómez ha explicado que según la frase de la norma "con arreglo a las autoridades sanitarias", el Govern entiende que la Ley no afecta a las medidas aprobadas en el Consell de Govern sobre el uso de la mascarilla en playas, piscinas, espacios abiertos y deportes al aire libre fuera de los núcleos de convivencia.

La Comunidad Valenciana también se ha mostrado muy crítica, pidiendo a Sanidad que la mascarilla no sea obligatoria ni para tomar el sol ni para el baño. Pese a ello, la consellera ha recordado a sus ciudadanos que “sea cual sea la normativa los ciudadanos deben cumplir siempre las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias”, ya que “los buenos datos no pueden llevar nunca a la relajación del cumplimiento de las medidas”. Por último, Cataluña, de la mano de la titular de Salud Alba Vergès ha pedido al Gobierno que no confunda a la sociedad con una “incoherencia que nadie entiende”.